PRESIDENTE DEL FESIT CHRISTIAN GARCÍA CASTILLO ADVIERTE QUE MAGALLANES NECESITA MAYOR AUTONOMÍA PARA IMPULSAR EL HIDRÓGENO VERDE

La necesidad de fortalecer las decisiones regionales, desarrollar infraestructura estratégica y establecer condiciones que permitan aprovechar las oportunidades de la industria del hidrógeno verde fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el contador auditor y presidente del FESIT, Christian García Castillo, durante una entrevista en el programa Aquí Hidrógeno Verde de Polar Comunicaciones.

En conversación con el conductor Christopher Césped Cortés, el dirigente gremial analizó el escenario actual de la transición energética en Magallanes, considerando tanto los avances de los proyectos que buscan instalarse en el territorio como los desafíos institucionales, económicos y sociales que deben resolverse para que esta actividad genere beneficios concretos para la región.

García Castillo sostuvo que el hidrógeno verde continúa representando una oportunidad para Chile y especialmente para Magallanes, aunque advirtió que todavía existen interrogantes respecto de la magnitud que alcanzará la industria, su escala de desarrollo y los plazos para su consolidación.

“Yo creo que el hidrógeno siempre va a ser una oportunidad y afortunadamente Magallanes tomó esta este desafío desde temprano se nota que hay interés, que hay algunos proyectos evaluándose y algunos incipientes también desarrollándose”, señaló.

En esa línea, planteó que el desafío no consiste únicamente en atraer inversiones privadas, sino también en preparar las condiciones institucionales y materiales para que los proyectos puedan desarrollarse y generar un impacto positivo en la economía regional.

Hidrógeno verde: una oportunidad estratégica que requiere planificación del Estado

Durante la conversación, García Castillo comparó el escenario actual de la transición energética con el proceso histórico que significó el desarrollo de la industria de los hidrocarburos en Magallanes, particularmente a partir del descubrimiento de petróleo y la posterior creación de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Si bien reconoció que existen diferencias importantes entre ambos procesos, debido a la internacionalización de los mercados, la participación de empresas privadas y las nuevas condiciones económicas, sostuvo que ambos comparten un elemento central: su relevancia estratégica para el país.

“Y es que este es un tema estratégico, o sea, aunque el Estado a lo mejor no haga las inversiones y no haga el desarrollo. Sería importante que cree las condiciones y también es importante que tenga algún cierto control. O posicionamiento, digamos, para que el país se beneficie en su conjunto respecto a estas inversiones”, afirmó.

El presidente del FESIT recordó que el desarrollo petrolero tuvo efectos que trascendieron la actividad productiva, impulsando también el crecimiento de otras áreas, como la educación, la salud y el empleo en la región.

A su juicio, el desarrollo del hidrógeno verde podría generar dinámicas similares, en la medida en que se traduzca en una mayor demanda de servicios, infraestructura y profesionales, junto con un aumento de la población asociado a la instalación y operación de los proyectos.

En ese contexto, planteó que el Estado debe asumir un papel relevante en la generación de condiciones habilitantes, incluso cuando la inversión y la ejecución de los proyectos recaigan principalmente en actores privados.

Leyes de excepción tributaria y potencial de la Zona Franca

Otro de los temas abordados fue el marco de incentivos tributarios con que cuenta Magallanes y su eventual utilización para favorecer el desarrollo de nuevas industrias energéticas.

García Castillo se refirió a las discusiones surgidas en torno a modificaciones tributarias y propuestas vinculadas a las leyes de excepción, señalando que la región dispone de herramientas que pueden resultar atractivas para las empresas, aunque considera necesario analizar su aplicación de acuerdo con las características de cada actividad económica.

En su evaluación, los instrumentos existentes no necesariamente responden de la misma manera a todos los sectores, por lo que las eventuales modificaciones deben estudiarse considerando las oportunidades y particularidades de Magallanes.

“Pero yo creo que los el sistema tributario iría como está y la batería de normas de ley especial que Magallanes tiene. Para algunas cosas sirven para otras son insuficientes y por supuesto que no están diseñadas para otro tipo de actividades, pero yo creo que hay que hacerlo inteligentemente porque los beneficios que Magallanes tienen no se tienen en ninguna otra parte de Chile y tampoco hay otras partes del mundo que tengan incentivos de tal magnitud”, sostuvo.

En particular, destacó el potencial de la Zona Franca como instrumento para facilitar operaciones relacionadas con la importación de equipos, maquinaria y otros elementos requeridos por las industrias energéticas.

El dirigente explicó que la Zona Franca no debe entenderse únicamente como el recinto físico ubicado en el sector norte de Punta Arenas, sino también como un régimen que contempla posibilidades de operación para determinadas actividades industriales fuera de ese espacio.

“Claro, yo creo que se ha o sea, se se tiene a ese un desconocimiento y se piensa que la Zona Franca es solamente el recinto. Este recinto es 52 hectáreas que está en el lado norte de la ciudad, pero la verdad que la Zona Franca es mucho más que eso”, manifestó.

En ese sentido, planteó que las características de los proyectos de hidrógeno verde, especialmente sus dimensiones y requerimientos técnicos, hacen necesario considerar alternativas que permitan aprovechar los beneficios del régimen de Zona Franca sin limitar su desarrollo a las instalaciones tradicionales.

Para García Castillo, una mejor comprensión de estas herramientas podría contribuir a fortalecer el atractivo de Magallanes para las inversiones vinculadas a la transición energética.

Formación de capital humano y retención de profesionales en Magallanes

La preparación de trabajadores y profesionales para responder a las necesidades de la nueva industria fue otro de los puntos analizados durante la entrevista.

García Castillo consideró que la región está a tiempo de preparar su oferta educativa para los requerimientos que surgirán a medida que avancen los proyectos, mediante la actualización de las mallas curriculares y el fortalecimiento de las carreras técnicas y profesionales relacionadas con el sector energético.

“Sí, bueno, se requiere, evidentemente eso es algo que se estudió, que se analizó y claro, hay que ir preparando la malla curricular de algunas carreras técnicas y carreras profesionales”, indicó.

El dirigente agregó que, según su evaluación, ya existen avances en la preparación de especialidades vinculadas al hidrógeno verde y que el desafío consiste en continuar ese trabajo en paralelo con la materialización de las inversiones.

“No, no creo que este matrasado, yo creo que estamos muy a tiempo y creo que en ese aspecto sí se toman las providencias adecuadas”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento de la industria también podría implicar la llegada de trabajadores especializados desde otras regiones, lo que obliga a preparar a Magallanes para responder a una eventual expansión de su población.

Este escenario, sostuvo, requiere anticipar las necesidades de servicios y condiciones de vida que acompañarán el desarrollo industrial, evitando que la planificación se concentre exclusivamente en la instalación de los proyectos productivos.

Descentralización: el Gobierno Regional debe tener mayor participación

Uno de los planteamientos centrales de García Castillo fue la necesidad de fortalecer el papel del Gobierno Regional en las decisiones relacionadas con el desarrollo productivo y la asignación de recursos destinados a impulsar nuevas industrias.

El presidente del FESIT señaló que, aunque Magallanes logró posicionarse como un territorio con potencial para el hidrógeno verde, varias decisiones vinculadas a los instrumentos de fomento continúan dependiendo del nivel central.

En ese contexto, cuestionó el funcionamiento de los Comités Regionales de Desarrollo Productivo, al considerar que su implementación no necesariamente representa una transferencia efectiva de atribuciones a las regiones.

“Si se hubiese querido hacer descentralización y por lo tanto, pasarle decisión y atribución a las regiones varios de sus programas Corfo no hubiesen caído en estos comités, donde el Gobierno Regional es un invitado más, pero no es quien decide”, sostuvo.

García Castillo distinguió entre descentralizar y desconcentrar las decisiones, argumentando que el primer concepto implica entregar atribuciones reales a los territorios, mientras que el segundo mantiene una parte importante de las decisiones bajo las estructuras centrales.

“Entonces yo creo que ahí está la disputa de si vamos a descentralizar o desconcentrar y lo que se decidió es desconcertar, no descentralizar lo que para mí es un error”, afirmó.

A su juicio, las políticas de desarrollo productivo deben considerar las características, necesidades y oportunidades de cada territorio, permitiendo que las autoridades regionales participen de manera más determinante en la definición de prioridades.

También sostuvo que el posicionamiento de Magallanes como una zona atractiva para la industria del hidrógeno verde fue resultado de gestiones y esfuerzos desarrollados desde la propia región, por lo que considera necesario mantener esa participación durante las etapas siguientes.

En esa línea, planteó que las decisiones sobre programas, recursos e instrumentos de inversión deben incorporar la experiencia territorial para evitar que las oportunidades regionales queden supeditadas exclusivamente a criterios definidos en Santiago.

Reconfiguración de programas y recursos: proyectos de largo plazo

La entrevista también abordó los cambios en el escenario internacional del hidrógeno verde, incluyendo la continuidad de los hidrocarburos en los mercados energéticos y las modificaciones en las prioridades de inversión y financiamiento.

Frente a este contexto, García Castillo sostuvo que la planificación debe considerar que los proyectos de hidrógeno verde requieren largos períodos de desarrollo, estudios técnicos, evaluación ambiental y una serie de condiciones antes de alcanzar su etapa de operación.

En ese sentido, recordó que las expectativas iniciales respecto de la cantidad de iniciativas que podrían instalarse en Magallanes fueron evolucionando a medida que avanzaron los estudios y se definieron los proyectos con posibilidades concretas de desarrollo.

“Bueno, o sea, primero considera que estos son proyectos de largo desarrollo, entonces había que hacer estudios primero para la sortear el sistema de evaluación ambiental, eso se logró”, señaló.

El dirigente también destacó la trayectoria de HIF Global, a la que se refirió durante la entrevista como HIF, en el impulso inicial de la industria en la región, junto con otros proyectos que han avanzado en su desarrollo.

Respecto de los beneficios que podría generar esta actividad, sostuvo que deben evaluarse considerando no solo los ingresos tributarios, sino también las inversiones en infraestructura, el empleo, el movimiento de carga y la llegada de nuevos habitantes.

“Yo creo que cuando se habla de de de cómo se llama del aporte o el desarrollo o cuánto queda en la región, bueno en la región va a crear infraestructura. Van a caer inversiones. Crear una carga de mayor tránsito de mayor cantidad de habitantes de mayor empleo”, manifestó.

Asimismo, señaló que las empresas pueden contribuir mediante iniciativas de responsabilidad social y el desarrollo de infraestructura asociada a sus operaciones, aunque advirtió que no corresponde trasladar exclusivamente al sector privado todas las responsabilidades relacionadas con las necesidades de Magallanes.

“¿Cómo va a ser el caso portuario ya entonces? ¿Si me preguntan yo, yo creo que sí, que va a haber una contribución, reparte esta empresa la la A lo mejor la expectativa? Es que quieren más cosas, pero bueno, los negocios son de una manera más dinámica y claro, hay un aporte que la empresa hace, pero no se le puede pedir todo el esfuerzo solamente a la empresa. También hay una parte que el Estado tiene que cumplir”, afirmó.

Infraestructura habilitante: una condición para la soberanía y el desarrollo territorial

La necesidad de concretar inversiones en infraestructura pública fue uno de los planteamientos más enfáticos de la conversación, especialmente en relación con proyectos portuarios, instalaciones estratégicas y obras que permitan fortalecer la conectividad de Magallanes.

García Castillo sostuvo que las inversiones deben analizarse desde una perspectiva que incorpore no solo su rentabilidad económica inmediata, sino también sus efectos sobre la soberanía, la geopolítica, la presencia de población y la capacidad de Chile para desarrollar actividades estratégicas en el extremo austral.

En su análisis, uno de los problemas que enfrentan las regiones escasamente pobladas es la aplicación de metodologías de evaluación de proyectos que privilegian la relación entre costos y beneficios cuantificables, lo que puede dificultar la justificación de obras cuya relevancia territorial supera sus resultados económicos inmediatos.

“Sí, eso es vital, porque la manera de hacer soberanía evidentemente con población y para que exista población tiene que haber actividad económica y para que exista actividad económica tiene que haber infraestructura, entonces todo eso va de la mano y por supuesto que el primer paso es la infraestructura porque la tiene que hacer el Estado en no todas, pero gran parte de ellas sí”, planteó.

El contador auditor se refirió al Sistema Nacional de Inversiones y a los mecanismos utilizados para evaluar los proyectos públicos, destacando la importancia de incorporar criterios que permitan considerar las particularidades de las zonas extremas.

En ese contexto, mencionó el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas como una herramienta que utiliza criterios de costo-eficiencia y que, a su juicio, permite abordar iniciativas que no siempre pueden justificarse mediante evaluaciones tradicionales de costo-beneficio.

García Castillo sostuvo que factores como la soberanía, la posición geográfica de Magallanes y su vinculación con la Antártica deben formar parte de las consideraciones al momento de decidir qué obras públicas se desarrollan.

En relación con las discusiones sobre infraestructura portuaria, una dársena y el Centro Antártico Internacional, planteó que estas iniciativas deben analizarse considerando su contribución estratégica para el país, más allá de las evaluaciones económicas convencionales.

La preocupación, según expuso, es que las oportunidades que se presentan para Magallanes no se traduzcan únicamente en anuncios o visitas de autoridades, sino que se materialicen en inversiones concretas que permitan mejorar las condiciones para el desarrollo productivo y territorial.

Magallanes ante una oportunidad que requiere decisiones concretas

Al concluir la entrevista en Aquí Hidrógeno Verde, Christian García Castillo reiteró que el desarrollo de esta industria representa una oportunidad relevante para Magallanes, pero advirtió que su consolidación dependerá de la capacidad de coordinar las inversiones privadas con una política pública que responda a las necesidades del territorio.

Sus planteamientos apuntaron a la necesidad de avanzar simultáneamente en formación de capital humano, infraestructura habilitante, aprovechamiento de los incentivos tributarios, fortalecimiento de la Zona Franca y mayor participación regional en las decisiones de fomento productivo.

El dirigente sostuvo que el desafío es preparar a Magallanes para que los proyectos energéticos puedan generar beneficios duraderos, fortaleciendo su economía, su infraestructura y su presencia estratégica en el extremo austral.

La conversación puso especial énfasis en que el desarrollo del hidrógeno verde no debe analizarse únicamente desde la perspectiva de la inversión industrial, sino también desde sus implicancias para el desarrollo territorial, la descentralización y la soberanía nacional.

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