20 de febrero de 2026
COLUMNA DE OPINIÓN | ¿APTO PARA LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD?
Por: Carlos Sánchez del Partido Nacional Libertario Punta Arenas
La elección de José Antonio Kast como presidente marca un hito para Chile, prometiendo mano dura contra la delincuencia y mayor transparencia en el Estado. Sin embargo, la designación de Andrés Jouannet como subsecretario de Seguridad Pública genera interrogantes que no pueden ignorarse. Jouannet, diputado por La Araucanía y líder de Amarillos por Chile, tiene experiencia en la zona sur, pero sus vínculos societarios con figuras investigadas por delitos graves plantean dudas razonables sobre su idoneidad para un cargo clave en la lucha contra el crimen organizado.
Primero, examinemos su trayectoria. Nacido en Temuco en 1967, Jouannet fue militante demócrata cristiano, intendente bajo Bachelet y diputado desde 2022. Su salto al gobierno de Kast, de corte conservador, ya despierta sospechas de oportunismo político. ¿Cómo un exconcertacionista se alinea con un proyecto que critica el progresismo? Esta versatilidad ideológica podría indicar falta de convicciones firmes, esenciales en seguridad pública donde se necesita coherencia para enfrentar amenazas como el narcoterrorismo en el sur.
Pero las dudas van más allá de la política. Jouannet mantiene sociedades con empresarios imputados en causas penales. Por ejemplo, es socio de Bo "Emilio" Yang en Forestal Comercial (2019) y Labs Latin America Business Strategy SpA (2021). Yang está investigado por tráfico de influencias en un caso que involucra a Karol Cariola y posibles nexos con el Partido Comunista. ¿Es prudente que un subsecretario de seguridad tenga lazos con alguien vinculado a redes de influencia extranjera, especialmente chinas, en un contexto de crecientes preocupaciones geopolíticas?
Aún más preocupante es su empresa Impresiones Quizapú Limitada (2015), compartida con Alberto Hadad Abuhadba y Sebastián Salazar Bastidas. Hadad fue formalizado en 2019 por financiamiento irregular de campañas políticas, ligado al gremio de tragamonedas (Fiden). Salazar, por su parte, representa Pagadoor, una firma acusada de facilitar transacciones para apuestas online ilegales. Recientemente, el Cuarto Juzgado de Garantía declaró admisible una querella contra Salazar por asociación criminal y lavado de activos, presentada por Polla Chilena de Beneficencia. La acción imputa a nueve personas la creación de una red para procesar pagos ilícitos y remitir fondos al extranjero.
Estos nexos con el mundo de las tragamonedas y apuestas clandestinas —sectores propensos al lavado de dinero y crimen organizado— son incompatibles con un rol en seguridad. ¿Cómo liderará políticas contra el delito si sus socios están bajo escrutinio por actividades similares? Además, Fast Check reveló que Jouannet omitió estas sociedades en sus declaraciones de intereses y patrimonio desde 2021, violando normas de transparencia. Esto no solo genera sospechas de ocultamiento, sino que erosiona la credibilidad del nuevo gobierno antes de asumir.
Kast ha defendido a Jouannet, citando su experiencia y desestimando las críticas como "maniobras extemporáneas". Pero el presidente electo prometió probidad absoluta. Mantener esta designación podría abrir flancos a la oposición y distraer de prioridades como el control de fronteras y la macrozona sur. Jouannet responde citando a Churchill: "A las personas hay que analizarlas por sus acciones". Precisamente por eso, sus acciones pasadas —sociedades no declaradas y vínculos controvertidos— invitan a la cautela.
En redes, usuarios como @pdhernandezf y @CarlosAmpuero cuestionan si esto pasó por un chequeo riguroso, advirtiendo que genera "ruido y desgaste". Otros, como @Wbrokering, critican su "transfuguismo" ideológico. Desde Punta Arenas, donde la seguridad es vital ante el aislamiento, urge que el gobierno priorice perfiles intachables.
¿Debe Jouannet asumir? Las dudas son razonables y merecen respuestas claras. Kast ganó con un mandato de orden; ignorar estos flancos podría costar caro. Mejor rectificar ahora que lamentar después.
La mujer de 36 años fue detenida en 2019 en el aeropuerto de Punta Arenas y quedó con prohibición de ingreso a Chile por 25 años.
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