4 de octubre de 2010
ORGANIZACIONES CIUDADANAS DE MAGALLANES INICIAN DISCUSIÓN EN MIRAS DE UN CABILDO ABIERTO Y DEMOCRÁTICO
En virtud de la negativa que ha expresado el gobierno regional, encabezado por la Intendenta Liliana Kusanovic, de acoger positivamente la realización de un Cabildo Ciudadano de tipo democrático y presencial para abordar las distintas visiones y enfoques del conjunto […]
En virtud de la negativa que ha expresado el gobierno regional, encabezado por la Intendenta Liliana Kusanovic, de acoger positivamente la realización de un Cabildo Ciudadano de tipo democrático y presencial para abordar las distintas visiones y enfoques del conjunto de problemáticas que agobian a la región
Un amplio grupo de organizaciones ciudadanas de la región y profesionales, han acordado constituir, un primer grupo de iniciativa y reflexión, en torno a analizar la viabilidad de realizar un Cabildo que garantice un espacio abierto y plural de participación de la ciudadanía y del pueblo de Magallanes, destinada a recoger, integrar y expresar las demandas y aspiraciones del pueblo de esta región, sobre el desarrollo presente y futuro de esta región austral de Chile.
La próxima reunión se realizará este lunes 4 de octubre, a contar de las 18:00 hrs., en la dependencias del primer piso del Ex Ceia, en la ciudad de Punta Arenas. Por ello se invita a las diversas organizaciones de mujeres, jóvenes, gestores culturales, gremiales, pescadores artesanales, a concurrir a dicho espacio para contribuir con nuestras visiones, nuestras propuestas, a la hora de diseñar la Estrategia Regional de Desarrollo que determinara los destinos y el desarrollo económico, social y cultural de nuestra región para los próximos decenios.
El Serviu de Magallanes ordenó la expropiación del inmueble para la construcción de viviendas y áreas verdes. La comisión de peritos fijó una indemnización de $ 21.030 millones (unos US$ 22,7 millones). Sus dueños exigen más del doble.
El Serviu de Magallanes ordenó la expropiación del inmueble para la construcción de viviendas y áreas verdes. La comisión de peritos fijó una indemnización de $ 21.030 millones (unos US$ 22,7 millones). Sus dueños exigen más del doble.
