7 de julio de 2016
ASOCIACIÓN DE GENDARMES POR PENSIÓN MILLONARIA: GENTE SE ORGANIZÓ PARA ABUSAR DEL SISTEMA
La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop) y a la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) recurrieron este miércoles ante la Corte de Apelaciones de Santiago para evitar que se declare ilegal una pensión superior a las 60 UF. Esto, […]
La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop) y a la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) recurrieron este miércoles ante la Corte de Apelaciones de Santiago para evitar que se declare ilegal una pensión superior a las 60 UF. Esto, tras la polémica por el monto de jubilación de la esposa del diputado Osvaldo Andrade, Myriam Olate, quien recibiría $5.200.000.
En conversación con Podría Ser Peor, Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, indicó que recurrirán el viernes a la Corte en favor a sus asociados quienes están sometidos a las precariedades de la cárcel.
Aquí no estamos porque se mantengan el status quo de estas pensiones abultadas, estamos apostados a que se mantenga cierto espíritu rector que tenía la norma original que escribía Dipreca en los 90 que dice relación con los que trabajan en cárceles, aseveró.
Y agregó que creemos que el contralor debió haber objetado esas pensiones y no hacer un dictamen general que nos afecta en menor medida, pero que nos afecta, dijo.
Sobre la jubilación percibida por Olate, González dijo que me extraña que una persona con 21 años de servicio llegara a esa pensión, dijo.
Añadió que en su caso que lleva 21 años de servicio al tener título profesional, jubilaría hoy con $1.780.000, tres veces menos que la cónyuge del diputado.
No hay ninguna equiparidad entre ambas funciones. Evidentemente la responsabilidad puede ser distinta, pero esta ley nació específicamente para el personal de trato directo con la población penal que trabaja en cárceles, aseveró.
Sentimos que es bastante injusto ( ) sentimos que estamos siendo menoscabados justamente porque hubo gente que se organizó para abusar del sistema, precisó.
Finalmente, explicó que bajo su apreciación las altas esferas de la institución piensan que estas pensiones son como un derecho. Todavía no toman conciencia de que hubo una mala ejecución ( ) algunos creen que es un derecho que les quieren quitar y no toman conciencia del mismo daño que ellos provocaron, manifestó.
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La iniciativa es el resultado del trabajo del Consejo Regional de Capacitación, y considera el financiamiento de $124.562.970, entre el Gobierno Regional y el Central, lo que permitirán abrir 75 cupos en total para acceder a las diferentes licencias.
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