DIPUTADA JAVIERA MORALES PONE A DISPOSICIÓN APOYO LEGAL A DEUDORES DEL CAE

La iniciativa surge tras la difusión de testimonios de deudores que afirmaron que la Tesorería General de la República (TGR), en conjunto con entidades bancarias, habría retenido el 100% de los recursos disponibles en sus cuentas como parte de los procesos de cobranza asociados al CAE. Algunos afectados señalaron haber perdido la totalidad de sus

sueldos y ahorros, situación que ha generado preocupación y cuestionamientos respecto de los mecanismos de cobro aplicados.

Ante este escenario, la parlamentaria informó que se encuentra colaborando con personas que mantengan deudas del CAE y que requieran apoyo para resolver dudas sobre su situación, conocer las alternativas de regularización disponibles o evaluar eventuales acciones administrativas y legales, incluso la presentación de Recursos de Protección o acciones ante el Tribunal Constitucional.

“Lo que está haciendo este Gobierno al quitarle el sueldo a los deudores del CAE es ilegal e inmoral. El Crédito con Aval del Estado tiene medidas claras sobre cómo debe ser cobrado y no lo están cumpliendo. Nadie se debería quedar sin sueldo por haber estudiado”, señaló la diputada Javiera Morales.

Además, indicó que “queremos acompañar a quienes hoy enfrentan incertidumbre por los procesos de cobranza del CAE. Muchas personas no saben cuáles son sus derechos, qué opciones tienen para regularizar su situación o cómo acceder a información oficial”.

En paralelo, desde el Frente Amplio, oficiaron a la Contraloría General de la República para que investigue la legalidad y proporcionalidad de las medidas de cobro aplicadas por la Tesorería General de la República. El documento plantea dudas respecto de la retención total de fondos en cuentas bancarias sin resguardar recursos mínimos para necesidades esenciales como alimentación, vivienda, salud o transporte, y solicita aclarar si existen mecanismos de protección equivalentes a los que la legislación contempla para remuneraciones e ingresos mínimos.

Asimismo, el oficio cuestiona la utilización del procedimiento ejecutivo tributario para el cobro de obligaciones derivadas del CAE, considerando que se trata de una deuda educacional y no tributaria, materia que actualmente está siendo objeto de revisión judicial.

También solicita verificar si las acciones de embargo y retención se han aplicado efectivamente sólo a deudores con ingresos superiores a los umbrales informados públicamente por la TGR y revisar las condiciones de los convenios de pago ofrecidos, ante denuncias de personas que aseguran que éstos resultan imposibles de cumplir en la práctica.

“Si el Estado está actuando fuera de la ley o vulnerando derechos básicos de las personas, eso debe ser aclarado. Por eso hemos solicitado la intervención de la Contraloría y estamos acompañando a quienes se han visto afectados por estos cobros”, agregó la parlamentaria. Las denuncias se producen en medio de una intensificación de las acciones de
recuperación de deuda por parte de la TGR, que ha informado la ejecución de embargos y otras medidas contempladas en la legislación vigente para los deudores morosos del CAE.

Asimismo, la entidad anunció recientemente nuevas modalidades de regularización y convenios de pago ajustados al nivel de renta de cada contribuyente.

Desde el equipo de la parlamentaria hicieron un llamado a los deudores que tengan consultas o que hayan experimentado situaciones similares a hacerlas llegar mediante este formulario: https://tinyurl.com/bdfbfru5

Por otra parte, pueden acercarse a la oficina parlamentaria ubicada en Mejicana 252, en Punta Arenas, o contactarse al teléfono +56 9 5724 7759. En Puerto Natales pueden acudir a la sede de Blanco Encalada 598 o al número +56 9 9821 6955. También está disponible el correo electrónico [email protected].