1 de octubre de 2023
Desde el Ejecutivo afirmaron que la ocupación será un delito de carácter permanente y ratificaron que se buscará eliminar la autotutela o «legítima defensa privilegiada».
La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el Gobierno ingresará un veto a la ley de usurpaciones con 14 observaciones, pero que se enfocarán en modificaciones a la autotutela o legítima defensa privilegiada, las penas por el delito y los instrumentos para pedir la restitución.
Según Tohá, en primer lugar se hará un veto a la autotutela o legítima defensa privilegiada, donde se busca que se apliquen las reglas generales para la detención ciudadana y la legítima defensa.
“Se hizo esta modificación salvaguardando que en todo momento puedan actuar las policías, va haber posibilidad de acción en cualquier momento de las policías”, explicó Tohá.
Por lo mismo, la ministra recalcó que pese al veto, la usurpación “se mantendrá como un delito permanente y que en todo momento puedan actuar las policías”.
El segundo punto es modificar las penas que tiene la ley aprobada por el Congreso, asegurando la ministra que se busca evitar que situaciones muy diferentes queden con penas similares o iguales.
En este punto, Tohá indicó que quedará a criterio del juez que vea el caso, la pena que dará en caso de usurpaciones pacíficas, mientras que las violentas mantendrán la pena de prisión.
“En caso de usurpaciones pacíficas, donde no hay violencia e intimidación -son casos muy excepcionales, donde no se agrede a ninguna persona, se establece que el juez va a definir si hay pena de cárcel, o hay multa (…) En todos los casos, todo tipo de usurpaciones, va a seguir siendo un delito, ya no va a ser una falta”, comentó.
El tercer punto del veto, serán los instrumentos del dueño para pedir la restitución de su inmueble, donde se agrega una modalidad de restitución anticipada, que permitirá la restitución del bien aunque haya un proceso judicial en contra.
Por Diego Vera
Con información de Daniela Ruiz-Tagle.
BiobioChile
El gremio de la construcción regional manifestó preocupación por los altos requisitos de experiencia exigidos y los retrasos en pagos que afectan especialmente a las empresas constructoras de Magallanes. El Jefe nacional del Registro se comprometió a trabajar en mejoras que consideren las particularidades de la región.
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