6 de septiembre de 2025
CIERRE DE LA UPFHI: NEGLIGENCIA ESTATAL Y ABANDONO EN EL EXTREMO SUR
Columna de opinión .
Por Agrupación Sueños de Libertad.
El cierre de la Unidad Psiquiátrica Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPFHI) en Punta Arenas representa un punto de quiebre que va más allá de la administración pública: es una expresión cruda del abandono estatal hacia el sur austral, y una grave vulneración de derechos humanos que aún no tiene solución a la vista.
La situación es, en sus hechos esenciales, inaceptable. Tras meses de deterioro institucional, el conflicto entre la Seremi de Justicia y la Seremi de Salud derivó en un no acuerdo que terminó forzando el cierre del único dispositivo de este tipo en la región y en el país. En vez de mediar, coordinar o buscar una salida razonable, ambas carteras se atrincheraron en sus respectivas posturas, dejando a la población más vulnerable sin atención especializada ni garantías mínimas de cuidado. Lo ocurrido no es una diferencia técnica ni un desacuerdo administrativo. Es una omisión de deberes que afecta directamente la vida de personas y sus familias.
El conflicto no solo es técnico, es profundamente político. Corresponde al Delegado Presidencial, como máxima autoridad del Ejecutivo en la región, intervenir de forma decidida. La descoordinación entre servicios y la falta de conducción clara no son problemas menores cuando afectan la continuidad de una atención de salud mental que es, por definición, de carácter urgente, sensible y multidimensional. El cierre de la UPFHI, además, no fue acompañado de ninguna propuesta robusta, alternativa o siquiera transitoria: simplemente se bajó la cortina.
Este no es un tema técnico que solo incumbe a especialistas. Es un problema político y social de primer orden para Punta Arenas. La existencia de un centro de atención psiquiátrica forense responde a una realidad local. El cierre del centro no elimina esa necesidad: solo la traslada —con peores condiciones, mayor precariedad y más riesgos— a dispositivos que no están preparados para asumirla. Lo que se produce no es solo un vacío asistencial, sino un retroceso civilizatorio: se abandona a personas con derechos a su suerte, como si no importaran.
Más preocupante aún es el precedente que esto sienta. Porque si un conflicto entre seremías puede derivar en el cierre de un centro de salud sin consecuencias, entonces hemos normalizado que la descoordinación del Estado tenga como costo la vulneración de derechos fundamentales. Esto no se trata solo de eficiencia o buena gestión, sino de obligaciones legales y éticas básicas.
La ciudadanía de Punta Arenas tiene razones de sobra para sentirse traicionada. No se trata de una crisis heredada ni de un problema técnico no resuelto: es una negligencia del gobierno actual. La ausencia de liderazgo, la falta de voluntad para arbitrar y la nula respuesta frente a una crisis que afecta a algunos de los habitantes más vulnerables de la ciudad es inexcusable.
Ni las autoridades de justicia ni la salud regional parecen tener hoy voluntad para hacerse cargo de sus deberes institucionales. Lo más grave, sin embargo, es que la Delegación Presidencial, llamada a resolver este tipo de conflictos, ha optado por no intervenir”.
El Estado no puede permitirse esta indiferencia. Y la comunidad local tampoco puede normalizarla. Aquí no hay excusas administrativas ni argumentos técnicos que valgan: el cierre de la UPFHI constituye una vulneración flagrante de derechos humanos. Y lo más alarmante es que las autoridades no tienen, hasta ahora, ninguna propuesta razonable de salida.
El Ministerio de Salud presentó en la región el balance de los primero 90 días de la Alerta Oncológica, destinada a reducir los tiempos de espera de diagnóstico y tratamiento de más de 33 mil atenciones a nivel nacional.
El Ministerio de Salud presentó en la región el balance de los primero 90 días de la Alerta Oncológica, destinada a reducir los tiempos de espera de diagnóstico y tratamiento de más de 33 mil atenciones a nivel nacional.
