13 de enero de 2015
DUEÑA DE ALMACÉN DE SECTOR EL PINGÜINO MOLESTA CON CONSTANTES ROBOS A SU LOCAL COMERCIAL
En el Juzgado de Garantía de nuestra ciudad se llevó a cabo una audiencia en que se condenó a un joven de iniciales J.V. por el delito de amenazas y también por Hurto a pesar que en un principio se […]
En el Juzgado de Garantía de nuestra ciudad se llevó a cabo una audiencia en que se condenó a un joven de iniciales J.V. por el delito de amenazas y también por Hurto a pesar que en un principio se buscaba responsabilidad por Robo con intimidación y de hecho se encontraba en prisión preventiva porque había efectuado los ilícitos en el Almacén Mónica del sector El Pingüino.
En sala penal presidida por el Juez Pablo Miño Barrera se condenó al joven a 100 días de presidio por el delito de amenazas y a 1 día por hurto y se dio por cumplida la sentencia por el tiempo en que estuvo en prisión preventiva. Por el Ministerio Público participó de la audiencia el fiscal Fernando Dobson Soto y por la defensa el penalista Guillermo Ibacache Carrasco.
A pesar de la condena, la dueña del almacén se manifestó molesta porque le pareció insuficiente la sanción a pesar que espera sea una lección para el joven y pueda cambiar su actitud ante la vida.
Además, la comerciante señaló que su establecimiento ha sido blanco de los asaltantes por lo menos en tres oportunidades y que ha tomado una serie de medidas, pero resultan insuficientes y más aún si las personas que cometen estos ilícitos muy luego vuelven a circular libremente por las calles.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
