15 de mayo de 2017
PRESIDENCIABLES Y UNIÓN FAMILIAR
Señor Director, Según datos del Registro Civil y Poder Judicial, en 2016 se celebraron 64.431 matrimonios y 7.259 AUC, cifras que a decir verdad, son bastante exiguas si se les compara con los 48.608 divorcios inscritos el mismo año y […]
Señor Director,
Según datos del Registro Civil y Poder Judicial, en 2016 se celebraron 64.431 matrimonios y 7.259 AUC, cifras que a decir verdad, son bastante exiguas si se les compara con los 48.608 divorcios inscritos el mismo año y los 120.273 procesos de separación legal iniciados en 2016, incluyendo ceses de convivencia, divorcios, nulidades y separaciones judiciales. En términos estadísticos, esto se traduce en que hoy en Chile , las probabilidades de que las parejas – y las familias que forman- se mantengan unidos hasta que la muerte los separe, son francamente nulas, o casi. Las causas basales de los quiebres matrimoniales son desatendidas, muchas veces por no tener los medios para contratar apoyo especializado y el divorcio sobreviene sin importar la edad : el año pasado, 489 cónyuges entre los 80 y 94 años de edad se divorciaron de sus respectivas parejas. No son los únicos. Entre fines de 2004 y 2016, casi 879 mil chilenos se han divorciado. Son muchos hogares desmembrados, miles de hijos alejados del padre o la madre. Quizás por todo ello en 2016 se registró la cifra más baja de nacimientos en Chile de la última década. Fueron apenas 247 mil bebés, de los cuales 72,7 % nacieron fuera del matrimonio, porcentaje que se sitúa entre los más altos de los últimos 10 años. Estas cifras llaman a la reflexión a las autoridades; revelan cada vez mayor inestabilidad en las familias chilenas. Pregunta para los presidenciables: ¿ Sabe usted si el Estado invierte los mismos recursos en divorciar a las parejas que lo que invierte en apoyar a las familias disfuncionales, procurando que la pareja y sus hijos se mantengan unidos?
Muy cordialmente
Ricardo Viteri Prado
Fundador Separadosdechile.cl
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.
