27 de diciembre de 2025
FISCALÍA PIDE SIETE AÑOS DE CÁRCEL PARA KARINA OLIVA POR FRAUDE AL SERVEL EN CAMPAÑA A GOBERNADORA
Fiscalía Metropolitana Sur.
La Fiscalía Metropolitana Sur formalizó una acusación contra la exmilitante de Comunes por fraude de subvenciones reiterado, tras detectar rendiciones infladas, facturas falsas e informes plagiados durante su campaña a gobernadora de la Región Metropolitana en 2021.
La Fiscalía Metropolitana Sur decidió ir hasta el final. A más de cuatro años de iniciada la investigación, el Ministerio Público presentó una acusación demoledora contra Karina Oliva, exfigura del Frente Amplio y expresidenta del partido Comunes, por un esquema que —según el libelo— mezcló rendiciones infladas, trabajos inexistentes, informes plagiados y facturas falsas para obtener devoluciones indebidas del Servel durante la campaña a gobernadora de la Región Metropolitana en 2021.
El escrito, de 197 páginas y consignado este viernes por Meganoticias, pide siete años de cárcel para Oliva por el delito de fraude de subvenciones en carácter reiterado, el mismo ilícito por el que también se acusa a otros integrantes de su comando, del partido Comunes y de la Fundación Chile Movilizado, entidad clave en la emisión de documentos tributarios ideológicamente falsos. La Fiscalía sostiene que todo operó de manera coordinada y con pleno conocimiento de los montos que podían solicitar tras conocer los resultados electorales.
Según la acusación del fiscal regional subrogante Alex Cortés, solo en la primera vuelta la campaña de Oliva solicitó $163 millones en devoluciones por boletas y facturas falsas, incluyendo informes plagiados atribuidos a Chile Movilizado. De ese total, $103,8 millones fueron autorizados y pagados directamente a la cuenta de la candidata. A eso se suman $60 millones por supuestos estudios de la empresa Criteria Research, también cuestionados por la Fiscalía.
En la segunda vuelta, el mecanismo se repitió. La acusación detalla boletas por $54 millones objetadas y rechazadas por el Servel, además de otras facturas por cerca de $100 millones que habrían sido infladas tras conocerse la votación final. Entre los gastos más llamativos aparece el llamado “Evento y cierre de campaña y Desayuno Feminista”, rendido por $50 millones, mediante una factura que —según el Servicio de Impuestos Internos— nunca fue emitida.
La Fiscalía sostiene que los recursos devueltos por el Servel fueron luego transferidos a la fundación ligada a Comunes y retirados desde esas cuentas por David Castillo y Martín Miranda, quien, pese a su doble rol, seguía siendo administrador electoral de la campaña. Miranda, además, enfrenta cargos adicionales por infracciones a la ley de gasto electoral.
El listado de imputados es extenso: Martín Miranda (administrador electoral), Jorge Ramírez (expareja de Oliva y expresidente de Comunes), Camila Ríos (secretaria ejecutiva del partido), Jean Flores, José Robredo, Juan Pablo Sanhueza, David Castillo, Marcelo Riffo y Luis Romero, entre otros. Para Oliva, Miranda, Ramírez y Ríos, la Fiscalía pide siete años de presidio; para otros imputados, penas de cinco y tres años, según su participación.
La acusación también incluye un capítulo por una campaña interna de Comunes, donde se habría replicado la fórmula, generando un perjuicio fiscal adicional de $86 millones, e incluso se rindieron servicios de Ibero Americana Radio Chile que —según el Ministerio Público— nunca fueron pagados.
El caso llega ahora a su fase decisiva. La audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el 27 de enero a las 9:00 horas, de manera presencial. Para ese proceso, la Fiscalía anunció un despliegue mayor: 106 testigos, siete peritos, 1.270 documentos y más de 260 pruebas adicionales. Entre quienes podrían declarar figuran Irací Hassler, por su participación en el desayuno feminista, y las diputadas del Frente Amplio Claudia Mix y Camila Rojas, citadas para dar cuenta del funcionamiento interno de Comunes y la candidatura de Oliva.
El Mostrador
Por instrucción de la Fiscalía de Punta Arenas, personal especializado realizó peritajes en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el deceso.
Por instrucción de la Fiscalía de Punta Arenas, personal especializado realizó peritajes en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el deceso.
