GENDARMES ACUSADOS DE CORRUPCIÓN Y HOMICIDIO VAN A JUICIO EN SANTIAGO Y ARICA

Al mismo tiempo en que todo el país ha estado pendiente de la extensa formalización de más de 40 gendarmes acusados de distintos hechos de corrupción, los que fueron aprehendidos en medio de la llamada “Operación Apocalipsis”, otras dos grandes investigaciones por hechos semejantes a ese, ocurridos en la cárcel de La Serena, y por un homicidio cometido al interior de la cárcel de Arica, están a punto de llegar a juicio.

En el caso de Arica, como informó El Mostrador, este año fueron formalizados por homicidio tres funcionarios de la institución carcelaria (el capitán Samuel Gatica Calisto y los suboficiales Luis Jara Vidal y Osvaldo Sandoval Concha), además de un reo (Jordan Mejías Martínez), quien fue el ejecutor material del crimen de otro interno, Cristián Andrés Díaz Valencia, asesinado el 23 de diciembre del año pasado.

Díaz, quien se encontraba internado en la cárcel de Quillota, había pedido expresamente no ser derivado a Arica, en cuya cárcel, dos años antes, había lesionado a un gendarme.

En una audiencia realizada el 24 de octubre de 2024, Díaz dijo textualmente “no me trasladen al penal de Arica para el juicio oral por represalias de Gendarmería, porque la última vez me agredieron, me torturaron”. Pese a que esa denuncia quedó estampada en el auto de apertura, no solo no se inició una investigación al respecto, como correspondía, sino que además nadie le hizo caso y, de ese modo, el reo fue derivado a Arica, “sin oposición de su defensa pública”, consigna la acusación fiscal.

En mensajes que consiguió enviar a su hermana, por medio de la app Messenger, el preso le informó a ella que sería enviado a Arica y le hizo un ruego desesperado: “Porfa Yama alos abogados Delos derecho humano porte allá me vana reventar los pacos porte me pelotiaron por pegarle aún paco” (sic).

Pese a que era un reo común, fue internado en el módulo de alta seguridad, donde se encuentran los presos de grupos como Los Gallegos o El Tren del Coro.

El 22 de diciembre, en un intento desesperado por escapar de allí, Díaz se autoinfirió varias lesiones, pero luego de ser atendido fue devuelto al mismo módulo. Al día siguiente fue agredido en el patio por varios reos, entre ellos, Jordan Mejías, justo en momentos en que las cámaras de seguridad no apuntaban hacia el sector donde lo atacan.

El Ministerio Pública acusó a los tres gendarmes de haber dejado que lo asesinaran, por medio de “la falta de supervisión, la no segregación, a sabiendas de haber sido lesionado días antes, y la no revisión corporal de todos los internos del módulo de alta seguridad”. Irónicamente, el único reo que fue revisado esa mañana fue Díaz.

Los tres gendarmes –a los cuales el Juzgado de Garantía de Arica se negó a dejar en prisión preventiva– están acusados de homicidio simple y en su contra el Ministerio Público está pidiendo una pena de 10 años y un día. En contra de uno de los suboficiales, además, se piden otros tres años por tenencia ilegal de municiones. Respecto del autor material, acusado de homicidio calificado, la pena solicitada es un total de 18 años y un día.

Este lunes se desarrollará la audiencia de preparación de juicio oral y, tras ello, el juicio debería efectuarse durante el primer semestre de 2026.

Cabe indicar que, como informó El Mostrador, el 24 de diciembre recién pasado murió otro interno de la cárcel de Acha (Arica), Matías Torres Dreyer, quien fue golpeado por varios gendarmes, según la versión difundida en redes sociales por la madre del fallecido, quien explicó que luego de que su hijo tuviera una pelea con otro interno, tuvo a su vez una disputa con un gendarme, lo que motivó la intervención de otros custodios (también en el módulo de alta seguridad), lo que finalmente decantó en una fuerte golpiza, producto de la cual resultó con lesiones graves, que obligaron a internarlo en el hospital, donde terminó falleciendo.

El Ministerio Público inició una investigación al respecto, con el fin de identificar a los agresores y formalizarlos.

El caso de La Serena

En tanto, en los primeros días de enero vence el plazo de investigación fijado por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago respecto de la operación “.40”, investigación encabezada también por el Fiscal Regional Occidente, Marcos Pastén, en donde fueron imputadas 22 personas en junio de 2024, la mayoría de ellas gendarmes de dotación de la cárcel de Huachalume, en La Serena, quienes fueron acusados de distintos delitos, que van desde infracción a la Ley de Armas hasta lavado de activos y cohecho, hasta permitir que los reos de ese penal cometieran estafas telefónicas.

De acuerdo con los antecedentes judiciales a los que tuvo acceso El Mostrador, “la organización contaba con: A) una persona a la cabeza de cumplía el rol de líder; B) recaudadores de dinero, proveedores de elementos prohibidos o de prestaciones a los internos; C) internos condenados que cumplían el rol de intermediarios entre la organización y el resto de la población penal; y D) de personas externas al recinto penal que facilitaban los medios para recibir los pagos de dinero en contraprestación de los productos que entregaban internaban la organización o de los servicios de protección que prestaba, disimulando u ocultando el origen ilícito de estas sumas de dinero, es decir receptoras de los pagos”.

A juicio de la Fiscalía, el grupo de gendarmes imputados era dirigido por el excapitán Juan Faúndez Morales, a quien, entre otras cosas, se acusa de haber hecho la vista gorda el 16 de octubre de 2023, cuando tres reos del módulo 42 fueron sorprendidos cometiendo estafas telefónicas, las cuales estaban realizando tranquilamente desde sus celdas, pues los habían dejado permanecer en ellas, mientras a todos los demás los habían obligado a ir al patio.

Cuando los internos fueron descubiertos por un gendarme honesto, este les incautó un cuaderno donde anotaban las ganancias, así como dos celulares, pero en el parte respectivo el capitán no dejó constancia del cuaderno, ni tampoco de a quiénes les habían sido decomisados los aparatos telefónicos.

Al igual que en la “operación Apocalipsis”, en ese caso quedó al desnudo la connivencia entre presos y gendarmes, pues uno de los gendarmes imputados (Diego Igor Ojeda) percibía los cobros que realizaba a nombre de él un interno (Fabián Cáceres Pérez), los que eran depositados a su pareja, Bárbara Pinochet Barra, y a un conocido suyo domiciliado en Puerto Montt, en cuya cuenta RUT las mujeres de los internos le depositaban dineros correspondientes a cobros de los gendarmes a los presos por la venta de teléfonos celulares y encendedores, entre otras especies.

Por cierto, y por escandaloso que parezca que le permitan a los presos tener encendedores, no era lo único. El gendarme Luis Rivas Orellana fue acusado de haber vendido celulares y medicamentos a los presos.

Otro funcionario, el sargento Eliseo Torres Araya, fue acusado de “brindar protección y de otorgar aislamiento a los internos y de dar aviso previo de allanamientos a aquellos internos dispuestos a pagar por tales servicios a la organización”. Su colega Manuel Fritz, en tanto, está imputado por haber permitido –a cambio a un pago– que los imputados permanecieran en las celdas en horarios de patio, así como de ingresar licor al penal, para venderles a los reos.

Además de Cáceres, los fiscales acusaron también al interno Adán Milla Rojas, condenado por homicidio calificado, como mediador entre los requerimientos de los demás reos y los gendarmes, pero también como receptor del dinero que pagaban los primeros, gracias a la cuenta bancaria de su pareja, Vania Muñoz Trujillo.

Esta, junto con Pinochet Barra y otra mujer, Aracely  Delgado Parra, están acusadas como autoras de lavado de activos.

El Mostrador

​