Estimado señor director:
Como magallánico, ciudadano común y corriente, e interesado en temas relativos al resguardo y difusión del patrimonio local, me he enterado de la intención de licitación del edificio que alberga la Casa de los Derechos Humanos, ubicada en Av. Colón 630-636 de mi natal Punta Arenas. Como explicitaré, este tema no es menor y tiene muchas aristas.
Como muchos saben (y para los que no saben, explico), durante el Régimen Militar este recinto funcionó como un centro de detención y tortura, habiendo estado hasta ahora en manos de agrupaciones de DD.HH de Punta Arenas y trabajando en conjunto con otras agrupaciones. La licitación cambia el panorama llevando a una apertura hacia la privatización y la posibilidad de que cualquier persona o personas obtengan el control del inmueble.

Ante este panorama, me preocupan dos cosas: en primer lugar, que se esté quitando el derecho de gestionar a las agrupaciones de DD.HH. cuando el «Palacio de la Risa» es un recinto que por experiencia personal relacionada a aquel inmueble (trauma) e historia debiesen tener el derecho a gestionar. Ello con argumentos tales como que se presentó un «proyecto que no lo era», bajo palabras del mismo Alfonso Roux, Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
Más allá de que la gestión haya sido mala o buena – lo cual se basa netamente en sesgos ideológicos, técnicos o percepciones que incluso pueden llegar a ser personales -, aquí se observa lo que a parecer de quien escribe, es una transgresión de derecho. Si bien nací en 1987, no viviendo o no recordando lo que muchos vivieron en aquel período, si me han enseñado y me he dado cuenta que el trauma por el cual deben pasar las víctimas por el resto de su vida no es algo fácil de llevar. A mi modo de ver, quitar el derecho (reitero la necesidad de establecerlo como un «derecho») a gestionar o participar activamente, si así lo quieren, en la gestión de casas y/o museos relacionados a lo que fueron sus propias vivencias (museos o casas de memoria), genera el riesgo de agrandar los traumas de los cuales el Estado de Chile se comprometió a reparar. Es, en otras palabras, quitar el derecho de gestionar los propios recuerdos y vivencias. Lo que hace el Ministerio de Bienes Nacionales podría ser, por tanto, un retroceso en políticas de reparación. Es absolutamente necesario que la gestión de la Casa de los Derechos Humanos de Punta Arenas sea en armonía con las agrupaciones de DD.HH, y lo planteado por el Ministerio de Bienes Nacionales al menos arriesga a que se dé totalmente lo contrario.

Y en segundo lugar, me preocupa la actitud y predisposición de las autoridades en cuanto al sesgo que poseen sobre lo que es una «buena gestión» o «buen plan de gestión» del patrimonio, enfocado directamente a lógicas de mercado y de potenciamiento del turismo desde la empresa privada (lógicas bajo las cuales al parecer lo hecho hasta el momento en la Casa de los Derechos Humanos no era viable). Un ejemplo claro es lo sucedido con Fuerte Bulnes, donde si bien se han mejorado muchos elementos, se ha terminado por convertir en una empresa lucrativa que se aleja de un acceso y determinación democrática del histórico lugar; basta decir que ahora se cobra una entrada y se incentiva la venta de souvenirs. Las políticas patrimoniales actuales en Chile y Magallanes se alejan de la democratización de patrimonios que pertenecen (o debiesen pertenecer) a todos. Con esas políticas patrimoniales, se quitan las posibilidades de generar un modelo basado en componentes de empoderamiento y participación ciudadana, que es justamente lo que se estaba o se estaba intentando realizar en la Casa de los Derechos Humanos, y que son necesarias tan para la construcción de una sociedad democrática.

Señor director, al parecer las políticas de licitación están enfocadas a la privatización y a la generación de rentabilidad respecto de un bien. La necesidad social de formar y formarnos como ciudadanos capaces de hacernos cargo de nuestra sociedad y comunidades se ve amenazada con las licitaciones con tendencias tecnocratizadoras de un patrimonio manejado por un «grupo de expertos» que responden a objetivos lucrativos – entre otros particulares – que impiden la inserción de las comunidades en la gestión y el acceso más allá de las lógicas del consumo; hoy, señor director más que ciudadanos somos consumidores al parecer. Y a mi juicio, señor director, este panorama es aún más grave si hablamos de lo que podríamos plantear como una «licitación de los derechos humanos» y sus lugares significativos, como la Casa de los Derechos Humanos, por razones dichas anteriormente.

Muchas gracias por leer, espero respuestas, aportes y debate. Es absolutamente necesario, ya que nadie es portador de la verdad absoluta, sino que podemos construirla colectivamente.
Un saludo afectuoso.

Nicolás Gómez