Comisión Asesora contra la Desinformación, tras tres meses de análisis de experiencias internacionales y consultas con especialistas, entregó este martes su segundo y último informe, titulado “Recomendaciones para contrarrestar la desinformación en Chile”.

En este destaca 72 propuestas para abordar la complejidad de este fenómeno en el entorno digital, con la importancia de mantener un espacio cívico abierto, con la base a principios comunes como transparencia, colaboración de toda la sociedad, prevención, base en la evidencia, entre otros con el fin de fortalecer la democracia.

Para la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, “el informe es un valioso insumo que tiene información atingente para diferentes actores: gobierno, Congreso, sociedad civil, universidades, entre otros. Esto es importante, porque como todo problema complejo, la desinformación requiere de múltiples actores para ser combatida. Todos estamos influidos y somos perjudicados por la desinformación, por lo que el informe nos habla a todos, como sociedad».

Secciones

El informe se divide en seis secciones que aborda distintos ámbitos de la desinformación: el debate multilateral, los espacios de la desinformación, los espacios estatales, la educación, el fortalecimiento de los medios y la investigación.

• Desinformación: El debate multilateral y la participación de Chile.  Analiza el contexto internacional y los principios que orientan la lucha contra la desinformación, y recomienda que Chile adopte y promueva estos principios, así como que participe activamente en los foros y acuerdos multilaterales sobre el tema.
• Espacios de la desinformación.  Analiza la desinformación que circula en las plataformas digitales de redes sociales, y cómo afecta a diversos ámbitos como el género, la política y la democracia. Recomienda medidas de regulación, transparencia, protección de datos y derechos humanos para enfrentar este fenómeno.
• Desinformación y espacios estatales. Aborda los desafíos que la desinformación plantea para los procesos electorales, la ciberseguridad, la gestión de crisis y desastres, y la salud pública. Recomienda acciones de colaboración, prevención, educación y verificación para contrarrestar la información falsa y proteger la integridad democrática y la salud pública.
• Desinformación y educación a través de la alfabetización mediática, informacional y digital. Destaca la importancia de la alfabetización mediática, informacional y digital como una herramienta para desarrollar el pensamiento crítico y la ciudadanía digital. Recomienda políticas públicas, formación docente, investigaciones y programas de educación continua para fomentar esta alfabetización en todos los niveles educativos y sociales.
• Fortalecimiento de los medios como una herramienta contra la desinformación.  Reconoce el rol de los medios de comunicación como actores clave para informar y educar a la ciudadanía. Recomienda medidas de autorregulación, apoyo estatal y ética en el uso de la inteligencia artificial para fortalecer la calidad, la diversidad y la independencia de los medios en la era digital.
• Investigación sobre desinformación. Esta sección resalta la necesidad de impulsar la investigación científica y académica sobre la desinformación, sus causas, consecuencias y soluciones. Recomienda financiamiento, estudios interdisciplinarios, acceso a datos y resguardo de la comunidad de investigación.

Procesos electorales

Dentro de las recomendaciones sobre procesos electorales incluyen: incorporar a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios una mención expresa a la regulación de la publicidad en plataformas de redes sociales digitales, además de entregar facultades al Servel para denunciar campañas de desinformación contratadas por actores no registrados. Además, sugiere que las plataformas digitales de redes sociales supervisen el avisaje político que transmitan.

«Se recomienda entregar facultades al Servicio Electoral de Chile (Servel) para fiscalizar de forma proactiva y denunciar aquella campaña de desinformación de carácter electoral que no sea contratada por un actor válidamente registrado en una elección o plebiscito», se lee en el texto como una medida para asegurar la integridad de los procesos.

Fuente: eldesconcierto.cl