CONSEJERO RODOLFO ARECHETA CUESTIONA EJECUCIÓN DE PROYECTOS REGIONALES Y EXIGE CLARIDAD SOBRE EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS

La ejecución de proyectos de infraestructura, la distribución de los recursos públicos, las observaciones a la gestión del Gobierno Regional de Magallanes y el futuro de la concesión de Zona Franca fueron los principales temas abordados esta mañana por el consejero regional Rodolfo Arecheta Baleta, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, la autoridad planteó sus reparos respecto de la diferencia entre aprobar iniciativas y concretar su ejecución, además de cuestionar el cumplimiento de compromisos asumidos con comunidades de la región. También se refirió a la próxima instancia en que el gobernador Jorge Flies deberá responder por distintos asuntos ante el Consejo Regional, así como a las alternativas para modificar el modelo de administración de Zona Franca.

Mejoramiento de calle Capitán Guillermo: Arecheta llama a esperar el inicio de las obras

Uno de los primeros temas analizados fue la aprobación de $16 mil millones para el mejoramiento de calle Capitán Guillermo, iniciativa destinada a responder a las necesidades de los vecinos de Pampa Redonda Bajo y que será financiada mediante el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE).

Arecheta precisó que el proyecto no contempla únicamente el mejoramiento de la calle, sino que también considera obras relacionadas con los servicios sanitarios del sector, una problemática que afecta a las familias del lugar.

El consejero regional valoró la aprobación de los recursos, pero advirtió que todavía es necesario asegurar la priorización y ejecución efectiva de la iniciativa. Asimismo, recordó que Pampa Redonda Alto enfrenta dificultades similares, especialmente durante los períodos de precipitaciones, cuando se producen rebalses de fosas sépticas y escurrimientos hacia sectores más bajos.

“Entonces, es un avance ciertamente, pero lo que decías también es manejarlo con cautela, porque ya se confirmó la ley de presupuesto. A pesar de todas estas visiones catastrofistas que han habido y que finalmente el típico juego del aprovechamiento político, los fondos para el PEDZE vienen más o menos iguales que este año”, señaló.

En esa línea, sostuvo que la aprobación de recursos para distintos proyectos regionales obliga a revisar cuidadosamente las posibilidades reales de financiamiento, considerando tanto las nuevas iniciativas como aquellas que ya se encuentran en ejecución.

El consejero manifestó que el Consejo Regional ha respaldado proyectos que considera importantes para la comunidad, pero insistió en que los anuncios deben traducirse en obras concretas.

“Yo, cuando votamos, le dije: ‘¿Sabe qué? Guardémonos los aplausos para cuando esto se haga’, porque obviamente acá tiene que haber una priorización del gobernador y es muy probable que no se puedan hacer todos estos proyectos con lo que viene del PEDZE, a pesar de que el PEDZE no ha disminuido al menos sustancialmente”, expresó.

Arecheta también destacó la participación de los vecinos y organizaciones de adultos mayores de Pampa Redonda en las gestiones para impulsar mejoras en su calidad de vida, atribuyendo parte de los avances a la presión ejercida por la comunidad.

Presupuesto regional 2027: preocupación por la acumulación de proyectos

La discusión sobre el mejoramiento de calle Capitán Guillermo dio paso a un análisis más amplio de la disponibilidad de recursos para el próximo año y de la cantidad de iniciativas que buscan financiamiento a través del PEDZE.

Durante la entrevista, Arecheta mencionó que, además de los $16 mil millones para Pampa Redonda, el Consejo Regional había aprobado cerca de $8 mil millones para iniciativas relacionadas con la reducción de listas de espera en salud. A ello se suman proyectos de arrastre y otras obras de infraestructura que requieren recursos para continuar o finalizar su ejecución.

El consejero advirtió que la suma de las iniciativas comprometidas podría superar las disponibilidades presupuestarias, por lo que consideró necesario establecer prioridades y transparentar qué proyectos podrán avanzar efectivamente durante 2027.

“Entonces, mesura con estas aprobaciones, porque también tenemos un listado de proyectos que como Consejo transversalmente lo hemos ido solicitando y revisando, y uno ve el listado de proyectos por cada provincia y los que están en ejecución casi ninguno, casi ninguno en todas las provincias”, manifestó.

En su opinión, la discusión no debería centrarse únicamente en las aprobaciones del Consejo Regional, sino también en los plazos de inicio, los recursos disponibles y los compromisos que puedan concretarse durante el próximo año.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía a distinguir entre la aprobación administrativa de una iniciativa y su materialización.

“Yo le hago el llamado a la comunidad a no celebrar cuando se aprueben, porque tenemos un listado de proyectos que no se hacen. Celebrar cuando se empiecen a ejecutar, ese es el momento donde tenemos que descorcharlo de alguna manera”, sostuvo.

Reparos al proyecto de relleno sanitario para Tierra del Fuego

Otro de los puntos abordados fue el proyecto de relleno sanitario para Porvenir y Tierra del Fuego, iniciativa que, según lo expuesto durante la conversación, contempla una inversión cercana a los $30 mil millones.

Arecheta adelantó sus reparos respecto del monto y señaló que esperaba conocer mayores antecedentes antes de definir su posición. Aunque reconoció la necesidad de contar con una solución adecuada para la disposición de residuos, cuestionó el costo estimado y mencionó las dificultades que ha enfrentado el relleno sanitario de Puerto Natales.

“Yo he visto en internet, he visto otros rellenos sanitarios y este que vamos a construir me da la impresión, por lo que he logrado pesquisar, que este va a ser el más caro de Chile, el de Porvenir, para atender”, afirmó.

El consejero aclaró que sus cuestionamientos no apuntan a desconocer la necesidad de resolver el problema de la basura en Tierra del Fuego, sino a examinar la inversión requerida y su justificación.

“Por supuesto que sí. Pero para que te hagas una idea, en Puerto Natales, que tiene algo así como cuatro veces la población, el costo en su momento fue de $5.000 millones. Ya, bueno, ponle tú que todavía no funciona. Llevamos diez años tratando de echar a andar ese relleno sanitario. Ponte tú que ahora cuesta el doble, serían diez”, planteó.

Sus observaciones se enmarcan en el debate sobre la capacidad del presupuesto regional para responder simultáneamente a distintas necesidades de infraestructura, salud y servicios básicos.

Ley de Presupuestos: cuestiona el debate sobre supuestos recortes

Durante la entrevista, el consejero regional también se refirió a las discusiones en torno a la Ley de Presupuestos 2027 y a las advertencias sobre una eventual reducción de recursos para Magallanes.

Arecheta planteó que es necesario diferenciar el presupuesto del Gobierno Regional de los recursos que ejecutan directamente los ministerios y otros organismos del Gobierno central. A su juicio, una disminución en los fondos administrados por el Gobierno Regional no necesariamente significa que la inversión pública total en la región vaya a reducirse en la misma proporción.

En ese contexto, sostuvo que las autoridades sectoriales deben explicar cómo se distribuirán los recursos y cuáles serán las prioridades de cada cartera.

“Lo primero que hay que entender, en términos conceptuales, es que el Gobierno Regional es una de las instituciones que gasta plata, que es distinto a lo que gasta, no sé, por ejemplo, lo que está haciendo el Cuerpo Militar del Trabajo en Vicuña-Yendegaia. No recibe un peso del Gobierno Regional y probablemente se ocupa, si no todo el presupuesto, buena parte de lo que sale esa obra”, explicó.

El consejero cuestionó además que la discusión pública se centre exclusivamente en eventuales recortes al Gobierno Regional sin considerar el comportamiento de las partidas sectoriales y los cambios en las prioridades del presupuesto nacional.

“Entonces, esto es un poco mentiroso el debate y obviamente el gobernador va a tratar de tirar agua para su molino y empezar a decir que este gobierno, que los recortes, y ojo que no hay recortes: el presupuesto aumenta, lo que hay es distinta distribución de los recursos”, afirmó.

Arecheta también formuló críticas a la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional, argumentando que la asignación de mayores recursos debe considerar la capacidad efectiva para utilizarlos y la posibilidad de que otras instituciones puedan desarrollar proyectos en Magallanes.

Sus planteamientos apuntaron a la necesidad de que las autoridades entreguen información detallada sobre la distribución presupuestaria, de modo que la ciudadanía pueda evaluar el impacto real de las decisiones en las inversiones regionales.

Convenios de programación: cuestiona su efectividad y cumplimiento

El consejero regional también expresó sus reparos respecto de los convenios de programación entre el Gobierno Regional y organismos sectoriales, particularmente en áreas como salud, vivienda y obras públicas.

Arecheta señaló que, aunque estos instrumentos permiten establecer una planificación de iniciativas y compromisos de inversión, considera que su efectividad depende de que las instituciones involucradas cumplan efectivamente con lo acordado.

“Cuando no hay acuerdos que son obligatorios, no son acuerdos, pues. Si tú no tienes la obligación, el Servicio de Salud no tiene la obligación de aportar, es una carta de buenas intenciones”, sostuvo.

Desde su perspectiva, el principal indicador debe ser la ejecución concreta de los proyectos y no únicamente el monto global anunciado durante la firma de un convenio.

“Entonces, uno empieza a preguntar cuál es el verdadero sentido de los convenios de programación, cuando en realidad, y esto es muy importante, no tener convenio de programación no significa tener menos obras. Podrían haber más obras fuera. Cada uno de esos proyectos podría entrar, de hecho, individualmente y ser votado, y podrían haber más proyectos sin convenio de programación”, afirmó.

El consejero agregó que las iniciativas pueden tramitarse y evaluarse individualmente, dependiendo de sus características, prioridades y disponibilidad presupuestaria.

Aunque reconoció que los convenios pueden servir como una hoja de ruta y facilitar instancias de coordinación, cuestionó que se presenten como garantías de inversión cuando, a su juicio, no siempre existe una obligación efectiva de cumplir con los compromisos anunciados.

Interpelación al gobernador Jorge Flies: compromisos pendientes e irregularidades en Puerto Edén

Uno de los asuntos de mayor relevancia abordados en la entrevista fue la decisión del Consejo Regional de impulsar una instancia para que el gobernador Jorge Flies responda por compromisos pendientes y observaciones relacionadas con la gestión de proyectos en la región.

Arecheta agradeció el respaldo transversal de los consejeros a esta iniciativa y precisó que la instancia, prevista para el 17 de noviembre, corresponde a una interpelación en el sentido de solicitar explicaciones y rendición de cuentas, aunque no se trata de la misma figura institucional utilizada por el Congreso Nacional.

“Yo creo que eso es bueno decirlo porque, a pesar de las diferencias políticas, este tipo de cosas se aprueban”, señaló.

El consejero explicó que uno de los focos estará puesto en Puerto Edén, localidad donde, según indicó, se habían identificado alrededor de once compromisos asociados al Gobierno Regional que no se habrían materializado de acuerdo con lo esperado.

En ese contexto, destacó el trabajo del consejero Max Salas, quien ha coordinado una mesa dedicada a abordar las necesidades de la comunidad.

“Lo primero que tiene que dar cuenta es qué pasa con esas obras y esos compromisos asumidos con su puño y letra con la comunidad de Puerto Edén”, sostuvo Arecheta.

El segundo ámbito, según explicó, corresponde a observaciones sobre la gestión de contratos y procedimientos administrativos vinculados a iniciativas desarrolladas en esa localidad.

Arecheta mencionó el denominado caso Loaiza, relacionado con contratos para la adquisición de madera destinada a pasarelas y juegos infantiles. Según su exposición, existirían cuestionamientos sobre la participación de un funcionario que habría visado contratos en los que una empresa adjudicataria mantenía vínculos familiares con él, además de observaciones sobre plazos, multas e inhabilidades.

El consejero señaló que, según los antecedentes que dijo conocer, la Contraloría habría instruido medidas administrativas, entre ellas sumarios y un examen de cuentas. También sostuvo que correspondería consultar al Ministerio Público para precisar el estado de eventuales investigaciones penales.

En la entrevista, Arecheta igualmente mencionó el caso Foretic, al que vinculó con cuestionamientos a procedimientos de licitación y antecedentes remitidos a la Fiscalía.

Sus declaraciones constituyen cuestionamientos formulados por el consejero durante la conversación y no equivalen, por sí solas, a una determinación judicial de responsabilidades individuales.

El representante regional insistió en que la instancia del 17 de noviembre debería permitir aclarar los compromisos pendientes y las observaciones sobre la gestión de recursos públicos.

“Esto es información pública dada por la Contraloría, está en los medios de comunicación y la verdad es que todo esto es un escándalo”, manifestó, al defender la pertinencia de discutir estos antecedentes en el ámbito regional.

Además, planteó que el gobernador debe explicar qué medidas adoptará para responder a las observaciones y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.

Zona Franca: críticas al proceso de discusión sobre la futura concesión

La entrevista concluyó con un extenso análisis sobre el futuro de Zona Franca de Punta Arenas, las mesas de trabajo que abordan su modelo de administración y la preparación de las bases para una futura licitación.

Arecheta señaló que actualmente existen instancias de discusión impulsadas tanto desde el Consejo Regional como desde el Gobierno Regional, pero cuestionó la metodología utilizada y la participación de actores que, en su opinión, deberían ser evaluados con especial atención por su relación con el actual sistema de concesión.

El consejero expresó reparos al papel de Rentas Inmobiliarias en el proceso y planteó dudas sobre la independencia con que se estarían desarrollando algunas de las conversaciones.

“Entonces, la verdadera pregunta que deberíamos hacernos nosotros es qué Zona Franca queremos, pero no el tema acá del servicio, porque el tema del VIP es humo, porque requiere un cambio legal que se puede discutir y todo, pero no sé si lo vamos a sacar de aquí a dos años, cuando tiene que estar lista la licitación. Hay que preocuparse primero de lo que tenemos”, afirmó.

En su análisis, una de las principales definiciones consiste en establecer si el futuro concesionario debe cumplir un papel centrado en la administración del recinto o si se mantendrá un modelo en el que una empresa inmobiliaria obtiene ingresos mediante el arrendamiento de espacios comerciales.

Arecheta sostuvo que el modelo actual ha generado cuestionamientos entre los usuarios por el aumento de los costos de arriendo, que, según señaló, terminan repercutiendo en los precios que pagan los consumidores.

“El precio que a ti te suben por arriendo, cualquier comerciante sabe que, tenga una panadería o que tenga un quiosco, va a terminar pasándoselo al consumidor, porque si no tú no lo puedes pagar”, expresó.

En esa línea, sostuvo que uno de los objetivos históricos de Zona Franca ha sido favorecer el comercio y permitir que los habitantes de Magallanes accedan a productos a precios competitivos, finalidad que, a su juicio, debe ser considerada al momento de definir el nuevo sistema de concesión.

“Y la Zona Franca, en parte, además de desarrollar el comercio, era abaratar, que acá dijo el señor García, no sé por qué lo dijo, no leyó bien la ley, es también productos más baratos, y esa finalidad yo creo que se ha perdido. Y lo que se ha hecho ha sido enriquecer a la concesionaria”, manifestó.

El consejero también recordó antecedentes de fiscalización relacionados con compromisos de inversión de la concesionaria y citó un informe de Contraloría de 2015 que, según su interpretación, habría advertido incumplimientos y multas pendientes. Asimismo, cuestionó la forma en que se habrían renegociado algunos compromisos durante la administración regional de ese período.

Estos antecedentes fueron expuestos por Arecheta como parte de sus argumentos para exigir mayor transparencia y rigor en la discusión del futuro contrato.

El consejero también aludió a la situación judicial del empresario ligado al grupo concesionario, precisando durante la conversación que se encontraba procesado, pero no condenado, por una causa relacionada con casinos. Esa referencia corresponde a lo señalado por el entrevistado y no constituye una resolución judicial sobre los asuntos discutidos en la entrevista.

Finalmente, insistió en que la discusión debe centrarse en el modelo que mejor responda a las necesidades de los usuarios, los comerciantes y la comunidad regional, considerando los efectos que los costos de operación tienen sobre los precios finales.

Una discusión centrada en la ejecución y la transparencia

A lo largo de la entrevista en Buenos Días Región, Rodolfo Arecheta Baleta reiteró la necesidad de evaluar los proyectos regionales no solo por los recursos aprobados, sino también por su capacidad de ejecución y por el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades.

Sus planteamientos abarcaron desde las obras sanitarias y viales pendientes hasta la distribución del presupuesto público, los convenios de programación, la fiscalización de la gestión regional y el futuro de Zona Franca.

En ese escenario, la próxima interpelación al gobernador Jorge Flies, programada para el 17 de noviembre según lo señalado por el consejero, se perfila como una instancia para abordar compromisos pendientes y solicitar explicaciones sobre distintos aspectos de la administración regional.

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