18 de septiembre de 2023
Advirtiendo sobre la autotutela y la criminalización de la población más empobrecida del país, 53 organizaciones, en su mayoría de Defensores de Derechos Humanos, enviaron una carta para que Gabriel Boric aplique un veto presidencial a la ley de usurpaciones, también conocida como anti tomas.
53 organizaciones solicitaron el veto presidencial respecto a la ley de usurpaciones, a través de una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, acusando “un grave retroceso en el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos de las personas que habitan este país”.
Las entidades -en su mayoría defensoras de los Derechos Humanos- consignaron los efectos negativos que podría traer la promulgación de esta ley, tales como: Aplicar el ejercicio de la autotutela por parte de propietarios de inmuebles; la criminalización de sectores más empobrecidos de este país; la criminalización de las reivindicaciones de tierras por parte de pueblos originarios, entre otros.
En el oficialismo apoyaron esta solicitud, afirmando que este proyecto de ley criminaliza la pobreza y significa un retroceso en el Estado de Derecho. Así lo señaló el diputado comunista, Luis Cuello; y el senador del Partido por la Democracia, Jaime Quintana.
La oposición considera que debe promulgarse la ley, con el fin de que los chilenos “puedan vivir tranquilos”, argumentó el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum; y el parlamentario de Evópoli, Jorge Guzmán.
Recientemente, el Senado despachó el proyecto que sanciona ocupaciones ilegales, a lo que el Gobierno, como respuesta, adelantó que vetará la iniciativa porque “transgrede principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico que prohíbe la violencia entre particulares para resolver los conflictos jurídicos”.
Biobiochile
Este miércoles.
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