COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL SE REÚNE EN TORNO A LA ENTREVISTA INVESTIGATIVA VIDEOGRABADA

Coordinar el buen funcionamiento de la Ley de Entrevista Investigativa Videograbada de la ley N° 21.057, fue la temática que reunió en sesión extraordinaria, a todos los miembros de la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal de Magallanes, presidida por el Seremi de Justicia y Derechos Humanos Cristóbal, Fernández Jofré.

En la oportunidad, la Jefa de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, Alejandra Guevara Mendoza explicó a los Comisionados, las medidas de seguridad y protección que se han utilizado para las diligencias en Periodo de Pandemia, lo que ha permitido mantenerlas en pos del resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, violentos, entre otras. A la vez, se coordinaron acciones para su correcto funcionamiento durante este año.

Las autoridades que componen la comisión y representan a las importantes instituciones que convergen en esta Ley, en tanto, complementaron aspectos referidos a su implementación: SEREMI de Justicia y DD.HH., Presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Fiscal Regional, Defensora Regional, Jefes de Zona de Carabineros y Policía de Investigaciones y el Presidente del Colegio de Abogados, además del Juez Presidente del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, y el Director Regional de Sename, como invitados permanentes.
Cabe recordar que el 20 de enero de 2018 se publicó la ley 21.057 que regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a menores de edad, siendo su principal objeto prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de delitos sexuales y otros delitos graves, y con ello evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir aquellos con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con personas o instituciones que intervienen en las etapas del proceso penal.

Siendo esta una diligencia de investigación que se debe decretar por el o la Fiscal y debe realizarse por entrevistadores debidamente formados y acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estableciéndose reglas que permitan iniciar un proceso investigativo en el menor tiempo posible, quedando este importante material en un registro digital, con acceso reservado a los intervinientes, policías, peritos y jueces/zas de Familia, siendo su exhibición controlada, con adopción de medidas para evitar su copia y posterior difusión, no reemplazando, sin embargo, la comparecencia de las víctimas o testigos en un juicio oral.