Entre los desafíos que se ha propuesto el Gobierno del Presidente Boric en materia de reinserción social, resalta el fortalecimiento del Programa +R, política pública basada en la colaboración público-privada, y que a nivel regional es liderada por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, a través de una instancia técnica a cargo de llevar un levantamiento de necesidades y elaborar un plan de trabajo con pertinencia local. Esta coordinación es conocida como la Mesa Técnica +R, la cual sesionó esta semana en la Dirección Regional de Gendarmería.

Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, destacó avances en un trabajo interinstitucional, con el objetivo de potenciar alianzas público-privadas para favorecer la empleabilidad y apuntar a la autogestión, contribuyendo en todo momento al mejoramiento de los procesos de capacitación, supervisión y acompañamiento técnico: “Los desafíos durante 2024 se centran en sensibilizar al mundo privado en la importancia de dar oportunidades para la colocación laboral de personas que, teniendo una buena intervención en las unidades penales, un buen comportamiento y capacitaciones adecuadas, puedan al cumplir sus sanciones y salir en libertad, desarrollarse plenamente en el ámbito laboral y disminuir la posibilidad de reincidir en la comisión de un delito”.

Agregó que esto también es un aporte para la comunidad, porque finalmente tener procesos de reinserción exitosos en las cárceles implica mayor seguridad para la comunidad al término de las condenas, “y trabajar eso es un aspecto prioritario de la Agenda Pro Seguridad de nuestro gobierno y también del Gabinete en la región”. Tal intervención presentaría incluso una ventaja comparativa a nivel regional considerando la sobrepoblación carcelaria de otras regiones, aspecto que moviliza al gobierno a impulsar la ley -hoy en marcha- que permite la ampliación, reparación y reconstrucción de recintos penitenciarios, para brindar mejores condiciones en ese sentido.

Rolando Salas Ponce, Coordinador Regional de Capacitación de Gendarmería, valoró como sello de este gobierno el acercar la oferta pública de los servicios y ponerla a disposición de la población penal de los distintos sistemas (abierto, cerrado y pospenitenciario), de manera de poder beneficiarlos directamente, cosa que antes no ocurría.

Resaltó un incremento en capacitación a través de cursos +R y TSP (Transferencia al Sector Público), ambos financiados por SENCE, además de aquellos con fondos directos de Gendarmería, “por tanto, tenemos a todas las unidades penales con cursos de capacitación”. Aun cuando son con cupos limitados (10 personas por curso), destacó que en este periodo se ha tratado de disminuir la brecha de género que existe, asignando siempre cupos para las mujeres, para que adquieran herramientas y destrezas que pueden utilizar en el medio libre, “entonces vamos bien en ese sentido”.

Como aliado estratégico, figura el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), que financia cursos de capacitación para el autoemprendimiento y otros que tienen que ver con trabajo dependiente. Doris Manquián Cuminao, Directora Regional (S) del Sence Magallanes, subrayó que trabajan con distintas líneas de capacitación y diversas instituciones en todo lo vinculado a materias de intermediación laboral.

Entre ellas, realzó su vínculo con Gendarmería, institución con la que han tenido avances en este trabajo mancomunado, “de aportar precisamente en el área formativa, pero con pertinencia, al ser cursos en áreas específicas. En este caso, técnicas en soldadura, cursos de revestimiento en superficies con pinturas en obras de construcciones menores y también en panificación”.

En términos de transferencia de recursos y ejecución de cursos, dicho aporte representa -entre 2023 y parte del año 2024- una inversión de aproximadamente 75 millones de pesos, que bajo el prisma de una formación oportuna y pertinente en distintas áreas, busca traducirse a través de la intermediación laboral “en un pilar fundamental para que las personas puedan efectivamente insertarse al mundo laboral”.

Aporte necesario

Si bien la labor de la Mesa +R apunta a capacitar e insertar laboralmente a quienes han sido condenados a penas sustitutivas y privativas de libertad, diversos convenios de colaboración permiten también a nivel regional incorporar aspectos de bienestar y salud mental a través del deporte y la recreación.

Héctor Barría Cárdenas, gestor territorial del Instituto Nacional de Deportes (IND), reconoció un avance bastante significativo en el sentido de pasar de ocho eventos deportivos en la región a tener hoy día ocho talleres en forma sistemática, trabajando tres horas a la semana con los internos. Esto, abarcando Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir en paralelo, cada uno con un profesional a cargo.

Aquí subraya que lo más cercano a la reinserción es el grupo de trabajo del Centro de Educación y Trabajo (CET Abierto) del Complejo Penitenciario (C.P.), que realizan actividades en el gimnasio y la piscina fiscal: “es un grupo de usuarios que se han mostrado muy satisfechos y muy contentos en las clases que he podido presenciar todos los días viernes”. Este año la idea es volver a cerrar el año con una Feria Deportiva para la población penal en el C.P.

La Mesa Técnica +R es integrada por la SEREMÍA de Justicia y DD.HH., Desarrollo Social y Familia, FOSIS, Educación, Mindep-IND, Trabajo y Previsión Social, SENCE, Gendarmería de Chile y Servicio Nacional de Menores.

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