El Senador Pedro Muñoz (PS), Presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, propuso una profunda reforma de la Dirección del Trabajo. La iniciativa persigue dotar a la entidad de una mayor autonomía y recursos financieros, con el objeto de asegurar que cumpla eficazmente su rol en la modernización de las relaciones laborales y la fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente.

El legislador indicó que el accidente ocurrido en la Mina San José ha abierto una enorme inquietud acerca del funcionamiento y eficacia de los organismos fiscalizadores en materia laboral, siendo imprescindible que se aproveche esta situación para adoptar las medidas que permitan optimizar su gestión.

“Situaciones como la que se está viviendo en Atacama demuestra que se requiere que exista un organismo fuerte e independiente de los gobiernos de turno y de todo tipo de presiones, capaz de hacer cumplir la ley y que actué con transparencia y eficacia en la protección de los trabajadores” – sentenció.

La propuesta del senador socialista incluye tres ejes: una nueva estructura directiva de la institución, separándola del Poder Ejecutivo; una mayor asignación de recursos e independencia financiera para cumplir sus objetivos y el mejoramiento de la transparencia y eficacia en sus procedimientos.

Respecto de la autonomía directiva planteó la necesidad de fortalecer la independencia de la Dirección del Trabajo. Para ello propuso desligar al Director del Trabajo del Gobierno de turno, al tiempo de exigir que la autoridad tenga una vasta experiencia y conocimientos en la materia.

Indicó que el Director del Trabajo debería ser nombrado por el Senado de entre una terna de seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública. A dicho cargo podrían postular jueces y secretarios de los tribunales del Trabajo, funcionarios de la Dirección del Trabajo y abogados con una experiencia comprobada en la docencia o el ejercicio libre de la profesión en materia laboral.

El Director Nacional duraría cinco años en su cargo, prorrogables por una vez, lo que quedará sujeto a la decisión del Sistema de Alta Dirección Pública, como también su remoción en cualquier otra oportunidad. Los Directores Regionales, en tanto, serán nombrados por el Director Nacional de una terna seleccionada mediante el Sistema de Alta Dirección Pública. Sólo podrán serán removidos por la autoridad que los designó..

Asimismo, existirá un Consejo de Planificación y Supervigilancia encargado de planificar y orientar las políticas del servicio y controlar su buen funcionamiento. Éste estará conformado por 5 expertos en derecho laboral, nombrados por el Senado a propuesta del Sistema de Alta Dirección Pública. Durarán 5 años en su cargo y se renovarán por parcialidades.

Acerca de la asignación de fondos y la autonomía financiera de la Dirección del Trabajo, Muñoz señaló que otro elemento importante es dotar a la entidad de los recursos suficientes para que cumpla su función. Para ello, manifestó que deberían analizarse, a la brevedad, los requerimientos actuales del servicio para cumplir eficazmente sus funciones y establecer un horizonte breve de tiempo, de dos o tres años, para otorgárselos, a través de las leyes de presupuesto respectivas.

El legislador hizo especial hincapié en la necesidad de fortalecer su planta de personal y en mejorar las remuneraciones de los funcionarios. “Si queremos una fiscalización adecuada necesitamos contar con funcionarios bien remunerados, con alta capacitación y dotados de la infraestructura y equipamiento suficiente” – señaló.

Indicó que otro elemento fundamental es evitar que los recursos con que cuente la Dirección del Trabajo dependan del Gobierno, para lo cual propuso que la ley establezca un incremento mínimo obligatorio de recursos, derivado de factores tales como la inflación, el aumento de la fuerza laboral y los índices de conflictividad e ingreso de causas laborales.

Sobre los procedimientos vinculados al ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, el parlamentario recalcó la necesidad de que ellos se enmarquen en los principios de transparencia, publicidad y eficacia.

“No hay razón alguna para que las fiscalizaciones sean reservadas una vez que ya han sido realizadas” – sostuvo. “La publicidad es un elemento de control muy importante y, por ello, el resultado de sus procedimientos debería estar al alcance de cualquier persona a través de Internet, lo que sería también un potente estímulo para el mejoramiento de los estándares de seguridad y cumplimiento de las normas por parte de las empresas” – agregó. Del mismo modo, abogó por la publicidad de los procesos sancionatorios y del pago de las multas.

Por último, indicó la necesidad de reforzar la eficacia en la gestión, exigiendo que los Directores Nacionales rindan una cuenta anual de las actividades y la marcha del servicio ante las Comisiones de Trabajo de la Cámara de Diputados y el Senado.

El legislador PS culminó haciendo un llamado al Gobierno para convocar a un grupo de expertos que, en un plazo razonable, analice los requerimientos presupuestarios de la Dirección del Trabajo y proponga su incremento, como asimismo, estudie las modificaciones administrativas necesarias para fortalecer su labor. Indicó, además, que hará llegar esta propuesta a la Ministra del Trabajo, Camila Merino.