6 de marzo de 2024
ANALIZARON LEY QUE DETERMINA NUEVAS EXIGENCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL
El equipo técnico regional de Gendarmería, profesionales del área de reinserción social y personal de O.R.M.C.P.P. (Oficina de Registro, Movimiento y Control de Población Penal) de las unidades penales de la región recibieron una actualización sobre las últimas modificaciones legales […]
El equipo técnico regional de Gendarmería, profesionales del área de reinserción social y personal de O.R.M.C.P.P. (Oficina de Registro, Movimiento y Control de Población Penal) de las unidades penales de la región recibieron una actualización sobre las últimas modificaciones legales realizadas al proceso de libertad condicional (Ley N°21.627, del 9 de noviembre de 2023). Esto, en un trabajo coordinado con la Defensoría Penal Pública, en el marco de las actividades de la Mesa de Libertad Condicional.
Aquella instancia, coordinada desde la Seremía de Justicia y DD.HH., estuvo a cargo del abogado Rodrigo Lillo Vera, Jefe de la Unidad Regional de Estudios de la Defensoría Penal Pública, junto a Priscila Vásquez Casanova, Defensora Penitenciaria de la Región de Magallanes. Como resultado, se logró un productivo análisis de las últimas reformas en torno al proceso del proceso de libertad condicional, que se remiten a una serie de iniciativas de procesos legislativos anteriores, cuyo objeto era limitar dicho beneficio, para reducir una sensación de impunidad en virtud de su otorgamiento.
Tales propuestas, que fueron agrupadas durante 2023, dieron origen a estas modificaciones. “Algunas de ellas, como lo discutimos con los funcionarios, no modifican demasiado el proceso de libertad condicional, porque son cosas que se estaban haciendo, y la modificación más relevante es la participación de la víctima, pero que no queda tan claro en la ley cómo y hacia dónde opera esta participación”, subrayó Lillo. En la oportunidad, entre otras iniciativas, se abordó una modificación que implica cambios en los tiempos de postulación, todo ello en procura de aunar criterios con miras a su ya próxima ejecución y avanzar en el entendimiento de estas nuevas normas, teniendo como fondo el proceso de reinserción social.
Todo ello, para que el trabajo en coordinación sea más expedito y sin señales confusas, siendo lo más importante “aunar criterios y enfoques hacia dónde estamos, y qué hace que el proceso de reinserción social y el tema carcelario funcione más focalizado hacia una idea, entonces me parece muy importante este tipo de actividades”.
A su vez, Daniela Díaz, Coordinadora Regional del Sistema Cerrado de la dirección regional de Gendarmería, destacó el trabajo coordinado con la Defensoría Penal Pública, a través de una instancia que les permitió recibir una actualización sobre las últimas modificaciones legales realizadas al proceso de libertad condicional y aclarar diversas dudas.
“La idea es poder generar estas instancias de coordinación donde puedan participar las áreas involucradas en los procesos de postulación de libertad condicional, es primera vez que se hace en conjunto con la Defensoría Penal Pública, y ha sido un trabajo bien gratificante, porque nunca habíamos tenido una instancia en que pudiésemos compartir las visiones de cada área”, subrayó.
La Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, valoró esta coordinación dinámica como sector Justicia para abordar las modificaciones en la normativa legal, toda vez que en marzo-abril tendrá lugar el primer proceso de postulación en este nuevo escenario, debiendo las instituciones participantes trabajar de acuerdo a la nueva ley.
Respecto a las modificaciones, se establece que el informe de postulación a libertad condicional que emite Gendarmería debe ser considerado como «antecedente calificado» por la Comisión de Libertad Condicional, debiendo éste informar sobre beneficios intrapenitenciarios, especialmente revocaciones. Establece plazos especiales para volver a postular en casos de personas condenadas a presidio perpetuo y aumenta delitos para los que el tiempo mínimo es de dos tercios de la pena.
En otro orden, las víctimas deberán ser informadas cuando sus victimarios hayan postulado a beneficio penitenciario, y podrán hacer alegaciones ante la Comisión. El juez encargado de la ejecución de pena deberá ser informado del otorgamiento de permisos de salida, y en algunos casos le corresponderá autorizarlos.
El proyecto contempla multas que van desde aproximadamente $33.000 a $210.000 pesos, para los ciudadanos chilenos que no concurran a votar.
El proyecto contempla multas que van desde aproximadamente $33.000 a $210.000 pesos, para los ciudadanos chilenos que no concurran a votar.
