CONCEJAL DALIVOR ETEROVIC PIDE QUE EL DESALOJO DE VILLA LAS ETNIAS SE REALICE DE MANERA DIGNA Y SIN VIOLENCIA

Las condiciones en que se desarrollará el eventual desalojo de Villa Las Etnias, las dificultades presupuestarias que enfrenta Punta Arenas y la preocupación por la inversión pública en Magallanes fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el concejal de la comuna, Dalivor Eterovic Díaz, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la entrevista, la autoridad comunal planteó la necesidad de compatibilizar el cumplimiento de las decisiones sobre recuperación de terrenos con medidas que permitan a las familias afectadas acceder a alternativas habitacionales. Asimismo, advirtió sobre las consecuencias que podrían tener para las finanzas municipales los compromisos económicos relacionados con las negociaciones colectivas de los asistentes de la educación y cuestionó la posibilidad de que la región enfrente restricciones presupuestarias en los próximos años.

Villa Las Etnias: diálogo y alternativas habitacionales ante el desalojo

Uno de los principales asuntos de la conversación fue la situación de las familias que permanecen en la toma de Villa Las Etnias, luego de que se informara que el plazo para abandonar el terreno se extendería hasta el 9 de noviembre de 2026, según lo señalado durante el diálogo radial sobre las fechas del proceso.

Eterovic sostuvo que, junto con abordar la recuperación del terreno, resulta fundamental garantizar que las personas afectadas conozcan las alternativas disponibles y puedan enfrentar el proceso en condiciones dignas. En ese sentido, destacó las gestiones realizadas para facilitar el diálogo entre los habitantes, las autoridades y los organismos involucrados.

“La verdad es que ha sido un proceso que hasta aquí, digamos, nos tiene de alguna manera satisfechos porque se ha ido entendiendo finalmente el sentido de lo que plantean los pobladores de Villa, porque dentro de todo este proceso hay siempre una queja de fondo, que es que hay poca comunicación precisamente con los afectados”, señaló.

El concejal explicó que parte de su labor ha consistido en actuar como puente entre las familias y las instituciones, destacando la disposición al diálogo que, según indicó, ha observado en la Delegación Presidencial Regional.

También recordó que los habitantes de Villa Las Etnias llevan cerca de 11 años en el asentamiento y que, durante ese período, se habrían realizado catastros y entregado apoyos estatales, además de orientaciones para organizarse y avanzar hacia una postulación a viviendas.

De acuerdo con Eterovic, la principal inquietud de las familias no sería desconocer la necesidad de abandonar el terreno, sino contar con condiciones que les permitan hacerlo sin perder todo lo construido durante años.

“Pero nunca llegó ese momento en que los enrolaran y en que finalmente iniciaran el proceso para postular a la vivienda. Ellos siempre manifestaron, no queremos saltarnos la cita, queremos ingresar a la fila”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el objetivo debe ser facilitar una salida ordenada, que permita recuperar materiales de construcción y evitar que las familias queden sin alternativas habitacionales una vez concretado el desalojo.

“En definitiva, lo que buscamos con todas estas gestiones es que haya un proceso adecuado, que las personas puedan ir reubicándose dignamente en otros lugares, que puedan desarmar, como digo, sus viviendas como corresponde también y salvar lo máximo posible. Y de esa manera, entonces cerrar este triste capítulo”, manifestó.

El concejal agregó que es necesario coordinar el trabajo con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), de manera que las personas que cumplan con los requisitos puedan conocer los procedimientos para postular a una solución habitacional.

“Lo que necesitan es saber cómo hacerlo. Que no se le cierren las puertas por el hecho de estar en una toma, por el hecho de estar en Villa Las Etnias, porque entonces agravamos el problema”, advirtió.

Derechos humanos y acompañamiento durante el proceso

En relación con las gestiones para abordar el desalojo, Eterovic destacó la participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y las conversaciones sostenidas con representantes de la Iglesia, señalando que estas instancias han contribuido a promover el diálogo y entregar mayor tranquilidad a las familias.

El concejal explicó que en una reunión realizada en la sede de Villa Las Etnias participaron representantes del INDH y habitantes del asentamiento, con el propósito de revisar las condiciones en que debería desarrollarse el procedimiento.

A su juicio, la intervención de las instituciones resulta relevante para resguardar a los grupos que requieren especial atención, entre ellos niños y adultos mayores.

“Y a velar finalmente porque todo se genere con los estándares de Derechos Humanos que corresponden, que nuestro país y que en los tratados internacionales nos hemos comprometido”, expresó al referirse al papel del organismo.

Eterovic cuestionó, además, que este tipo de procesos se aborden principalmente desde las amenazas o la fuerza, señalando que el desafío consiste en buscar una salida que considere tanto la recuperación de los terrenos como la situación social de las personas involucradas.

“Creemos que no es el camino. Efectivamente lo han hecho en otras partes del país, pero también hemos dicho en Magallanes las cosas no se hacen de esa manera, hay instituciones que deben funcionar”, afirmó.

Prevención de nuevas tomas y política habitacional

Más allá de la situación inmediata de Villa Las Etnias, el concejal planteó que los procesos de desalojo deben ir acompañados de políticas públicas que permitan prevenir la aparición de nuevos asentamientos irregulares.

Como ejemplo, mencionó lo ocurrido en la toma Lautaro, donde —según indicó— gran parte del terreno fue desalojado mediante un proceso paulatino que contempló alternativas como subsidios de arriendo, postulaciones a viviendas y viviendas tuteladas para personas mayores.

Sin embargo, advirtió que algunos de los terrenos involucrados en ese caso se encuentran actualmente en malas condiciones y podrían volver a ser ocupados si no se adoptan medidas adicionales.

“Entonces, ¿qué sentido tienen los desalojos y solucionar estos problemas si no se toman, además, las medidas que tienen que tomar los propietarios del terreno?”, cuestionó.

Para Eterovic, la solución de fondo pasa por mejorar el acceso a la vivienda social y mantener una política habitacional que responda a las necesidades de la población. En ese contexto, valoró el Plan de Emergencia Habitacional impulsado durante la administración anterior, aunque manifestó preocupación por el escenario de inversión para los próximos años.

“El gobierno anterior estableció un Plan Nacional de Emergencia Habitacional y nosotros creemos que ese es el camino”, sostuvo.

El concejal advirtió que, si bien considera que la presión por vivienda ha disminuido en Magallanes, no existe garantía de que no vuelvan a producirse tomas si se restringe la construcción de viviendas sociales o se dificulta el acceso a soluciones habitacionales.

“Pero si tú quieres poner mano dura en esta materia también tienes que dar alternativas para que se produzcan los procesos de postulación como corresponde y haya accesibilidad a la vivienda”, señaló.

En esa línea, planteó que las respuestas deben contemplar distintas opciones, como el acceso a una vivienda propia, subsidios de arriendo y programas de viviendas tuteladas, en lugar de concentrarse exclusivamente en medidas de desalojo.

Presupuesto municipal: preocupación por los recursos del Fondo Común Municipal

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el escenario financiero que enfrenta la Municipalidad de Punta Arenas, especialmente ante los compromisos económicos que podrían derivarse de las negociaciones colectivas realizadas con los asistentes de la educación antes del traspaso del sistema educativo al Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

Eterovic sostuvo que un pronunciamiento de la Contraloría General de la República había generado preocupación respecto de quién debe asumir el pago de estos compromisos, señalando que los recursos tendrían que salir de las arcas municipales y no del nuevo servicio educativo.

Según lo expuesto por el concejal, se trataría de obligaciones que alcanzarían miles de millones de pesos y cuyo pago tendría consecuencias para el presupuesto comunal.

“Entonces estamos hablando de miles de millones de pesos que a estas alturas ya va quedando claro el municipio va a tener que pagar el municipio de Punta Arenas y eso significa que desde el Fondo Común Municipal se van a descontar esos recursos para entregárselos a los trabajadores”, afirmó.

La autoridad distinguió entre el derecho de los trabajadores a recibir los beneficios obtenidos mediante una negociación colectiva y las decisiones administrativas que comprometieron esos recursos.

En ese sentido, cuestionó la forma en que se desarrollaron las negociaciones y sostuvo que, a su juicio, se debió evaluar con mayor cautela la capacidad financiera para asumir los compromisos.

“Pero en este caso el tejo pasado fue asumido por completo por el alcalde Radonich”, manifestó.

Eterovic indicó que, de acuerdo con las cifras que mencionó durante la entrevista, los descuentos estimados para este año superarían los $3.000 millones, monto que consideró significativo para el funcionamiento municipal.

“Entonces son cuestiones graves y si a esto se suma que vamos a tener impacto producto de la disminución del pago de las contribuciones a los más ricos de este país, la cosa se pone fea”, advirtió.

El concejal señaló que la discusión presupuestaria de noviembre permitirá conocer con mayor claridad los recursos disponibles para el municipio y para otros sectores de la región, como salud, educación, vivienda y obras públicas.

Salud municipal e infraestructura: preocupación por el crecimiento de la demanda

En materia de salud, Eterovic manifestó inquietud por la posibilidad de que Magallanes enfrente restricciones en la inversión destinada a infraestructura sanitaria, considerando el crecimiento de la población y el aumento de la demanda por atención pública.

El concejal indicó que cada vez más personas recurren al sistema público, ya sea por cambios desde el sector privado o porque ingresan directamente a la red estatal, lo que genera una mayor presión sobre los consultorios y el hospital.

A su juicio, la región necesita mantener el desarrollo de su infraestructura sanitaria para responder a estas necesidades, en lugar de entrar en una etapa de estancamiento.

“Por lo tanto, la demanda aumenta en nuestros consultorios, en el propio hospital”, expresó.

Eterovic sostuvo que las inversiones realizadas anteriormente en hospitales y centros de salud no deberían convertirse en un argumento para reducir nuevos proyectos en Magallanes. Por el contrario, consideró que la expansión de la red debe continuar para acompañar el crecimiento de la población.

“Y parece que eso hay que pagarlo ahora, digamos, y no vamos a seguir creciendo y no vamos a seguir mejorando en la calidad, finalmente, de la infraestructura de salud para la región, lo cual nos parece gravísimo”, afirmó.

El concejal vinculó esta preocupación con las definiciones presupuestarias que se conocerán durante las próximas semanas y con la necesidad de garantizar recursos suficientes para la atención primaria y los proyectos de infraestructura sanitaria.

Ejecución presupuestaria y defensa de la inversión pública en Magallanes

Durante la entrevista, Eterovic también se refirió a los planteamientos sobre una mayor eficiencia en la ejecución de los recursos públicos y a la posibilidad de establecer mecanismos que permitan anticipar la disponibilidad de fondos durante el año.

Si bien manifestó estar de acuerdo con que el gasto público se ejecute correctamente y dentro de los plazos establecidos, sostuvo que las particularidades geográficas y climáticas de Magallanes deben ser consideradas al momento de evaluar el avance de los proyectos.

Entre los factores que mencionó se encuentran las dificultades para desarrollar obras públicas durante el invierno, el tamaño del mercado regional de empresas constructoras y la capacidad de los equipos técnicos para llevar adelante las iniciativas.

“Pero eso también tiene que ver con las realidades regionales y entendemos que Magallanes no es precisamente una de las regiones que ni que menos gasta ni que gasta fuera de tiempo”, afirmó.

El concejal agregó que los retrasos pueden producirse por circunstancias como la falta de empresas interesadas en participar en determinadas licitaciones, lo que puede extender los procesos sin que necesariamente exista una mala utilización de los recursos.

Desde esa perspectiva, cuestionó que las dificultades administrativas o los tiempos de ejecución se utilicen como argumento para reducir los presupuestos regionales.

“Magallanes no necesita excusas para quitarle recursos, recortar presupuestos. Magallanes necesita cada vez más recursos”, enfatizó.

Eterovic vinculó esta posición con la necesidad de fortalecer la soberanía, mejorar la calidad de vida y promover el crecimiento de la población, objetivos que, a su juicio, requieren una inversión pública sostenida.

Asimismo, destacó la importancia de mantener instrumentos especiales de desarrollo para las zonas extremas y expresó preocupación por lo que considera un debilitamiento de estas políticas.

“Porque cuando tú le quitas el financiamiento a la ley, matas la ley, entonces es grave y es complejo”, sostuvo.

Preocupación por la actividad económica regional y las perspectivas para 2027

El concejal manifestó que las decisiones presupuestarias tendrán efectos que van más allá de las instituciones públicas, ya que la inversión estatal también incide en la actividad económica regional, el empleo y la ejecución de proyectos.

Durante la conversación, mencionó cifras que, según indicó, reflejarían una caída de las ventas de supermercados y un período prolongado de contracción económica en Magallanes.

“Hoy día se plantea que Magallanes lleva 12, 14 meses en recesión. Por las cifras oficiales, no nos estamos inventando nada, entonces eso es grave y si a eso tú le restringes la inversión pública terminas de completar un círculo vicioso que va a traer consecuencias para los habitantes”, expresó.

En ese contexto, advirtió que 2027 podría ser un año complejo para la región si se combinan una menor actividad económica y restricciones a la inversión pública.

Sus planteamientos se suman al debate sobre el presupuesto del próximo año y a las preocupaciones manifestadas por distintas autoridades regionales respecto del financiamiento de proyectos, la continuidad de los convenios de programación y las necesidades de infraestructura de Magallanes.

Cobro de estacionamientos: reajuste previsto para 2027

En el último tramo de la entrevista, Eterovic abordó la discusión sobre el cobro de estacionamientos en Punta Arenas y el incremento previsto para 2027.

El concejal explicó que el reajuste forma parte de las condiciones establecidas en la licitación original del servicio, por lo que la decisión del Concejo Municipal estuvo relacionada con dar continuidad a lo estipulado en el contrato.

“Es parte de un proceso porque la licitación original lo contempla, o sea, lo que hemos hecho ha sido dar curso a lo que establecía la licitación”, señaló.

Según explicó, el aumento correspondería a un cobro de cinco pesos adicionales por minuto, conforme a las condiciones pactadas con la empresa adjudicataria.

“Estamos hablando de cinco pesos por minuto, digamos. Y estaba pactado así con la empresa que se adjudicó el contrato”, indicó.

El concejal sostuvo que, al estar contemplado en las condiciones de la concesión, el municipio debía considerar lo establecido en el contrato al momento de abordar el reajuste.

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