20 de julio de 2023
CONSEJERO ALEJANDRO RIQUELME INFORMA SOBRE RENDICIONES DE ASIGNACIONES DIRECTAS
El mes pasado el Tribunal del Consejo para la Transparencia, acogió totalmente el amparo C9333-22, presentado por el Consejero Regional Alejandro Riquelme, quien había solicitado en agosto del año 2022 la documentación de los últimos 24 meses de las Asignaciones […]
El mes pasado el Tribunal del Consejo para la Transparencia, acogió totalmente el amparo C9333-22, presentado por el Consejero Regional Alejandro Riquelme, quien había solicitado en agosto del año 2022 la documentación de los últimos 24 meses de las Asignaciones Directas entregadas por el Gobernador Jorge Flies y la ex Intendenta Jeniffer Rojas.
Así, después de un año de tramitación el Tribunal del Consejo de la Transparencia: acogió Totalmente el Amparo presentado por denegación de acceso a información del Consejero Riquelme y notificó el pasado 22 de junio al Gobernador Regional Jorge Flies, la entrega de toda la documentación solicitada por el Consejero Riquelme y le dio un plazo de 5 días hábiles para su entrega una vez ejecutoriada la sentencia. Dicho plazo fatal, se cumplió la semana pasada el día 17 de julio, sin embargo: el Gobernador Regional no transparentó dicha información, ni entregó los antecedentes al Consejero.
Por ello el día de ayer (miércoles 19) debido al incumplimiento del fallo por parte del Gobernador Flies, fue denunciado nuevamente por el Consejero Riquelme ante el Consejo de la Transparencia, esta vez debido al incumplimiento de la sentencia y solicitando se apliquen al Gobernador las sanciones contempladas en el artículo 46 de Ley de Transparencia, por no entrega oportuna de la información decretada que ha sido ordenada por resolución a firme.
Las sanciones que podría enfrentar el Gobernador de persistir en la no entrega de la información de las asignaciones directas a Fundaciones y otras organizaciones, va desde un 20% de su sueldo hasta la suspensión de su cargo. Así el fallo señala el fallo del amparo C9333-22 que se cita: «…Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días.»
El Consejero Regional Alejandro Riquelme señaló: «El Gobernador Regional se ha negado reiterada y sistemáticamente transparentar la información de las Asignaciones Directas entregadas a muchas Fundaciones, a pesar de fallos que lo obligan a hacerlo. Es más, envió un oficio en febrero de este año donde se invitaba a revisarlas, sin embargo, eso tampoco lo cumplió pues sus subalternos directos no dieron acceso a revisar la documentación o entregar copia de la misma.»
Además, recalcó: «a pesar de todos estos antecedentes y de la investigación de Contraloría Regional que dio cuentas de múltiples irregularidades el año pasado, como: improcedencia de entrega de asignaciones directas, rendiciones atrasadas y pendientes, firmas electrónicas inexistentes y ausencia de documentación, entre otras faltas gravísimas; el Fiscal Regional no ha iniciado ninguna investigación de oficio, a pesar que en otras 9 Regiones con menos antecedentes, ya se iniciaron adelantando el mismo Fiscal Nacional, que los hechos revestirían las características de delitos.
Lo único que falta es que: se pierdan o roben la documentación, como le ocurrió al Ministro Jackson.»
La medida, implementada mediante un convenio entre el SAG y Aduanas, incorpora el uso compartido del escáner de rayos X para fortalecer la detección de ilícitos en vuelos nacionales y aumentar la protección de las fronteras regionales.
La medida, implementada mediante un convenio entre el SAG y Aduanas, incorpora el uso compartido del escáner de rayos X para fortalecer la detección de ilícitos en vuelos nacionales y aumentar la protección de las fronteras regionales.
