CADEM: DESAPROBACIÓN DE KAST ESCALA AL 63% Y ALCANZA SU NIVEL MÁS ALTO DESDE MARZO

La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó cuatro puntos porcentuales respecto del sondeo publicado a mitad de semana y llegó al 32%, su registro más bajo desde que asumió en marzo de este año, según la última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la primera semana de octubre.

En paralelo, la desaprobación de su gestión aumentó seis puntos, hasta el 63%, su nivel más alto en el período consignado.

El sondeo también abordó la percepción ciudadana sobre la cadena nacional del Mandatario del miércoles 30 de septiembre, en la que presentó el proyecto de Presupuesto 2027. Un 67% de los encuestados afirmó haberla visto o haberse informado sobre ella, 37 puntos más que en la última cadena realizada en redes sociales.

Entre quienes tuvieron conocimiento de la intervención presidencial, un 49% la evaluó mal o muy mal, mientras que un 31% entregó una valoración positiva y un 20% la calificó como regular.

Consultados por las medidas anunciadas en materia presupuestaria, un 26% consideró más importante destinar 9,5 US$ billones a crecimiento, empleo y reconstrucción. En segundo lugar se ubicó el aumento de 4,7% de los recursos para salud y la reducción de las listas de espera, con un 16%.

Al preguntar por las prioridades personales, un 42% mencionó la generación de empleo y el crecimiento económico. Bastante más atrás quedaron la seguridad, con un 16%, y el mantenimiento de los beneficios sociales, con un 14%.

En relación con la revisión de las ayudas estatales, un 63% estimó que se justifica comprobar que quienes reciben beneficios sociales cumplan con los requisitos correspondientes. Un 31% manifestó una opinión contraria.

Asimismo, un 57% estuvo de acuerdo con la afirmación del Presidente Kast de que “nunca gastar lo que no se tiene”, frente a un 36% que expresó su desacuerdo.

La encuesta también consultó por los factores que explican el desempeño económico del país. Un 71% atribuyó la falta de crecimiento a razones políticas y económicas propias de Chile, mientras que un 26% la vinculó con las condiciones de la economía internacional.

Respecto de los principales obstáculos para impulsar la actividad, un 24% apuntó a un Estado demasiado grande y a un sistema político ineficiente. La desigualdad fue mencionada por un 23%, seguida por la delincuencia y el crimen organizado, con un 21%.

En cuanto a la responsabilidad por el bajo crecimiento de la economía chilena, un 46% responsabilizó al gobierno actual, mientras que un 27% atribuyó esa situación a las administraciones anteriores.

Las expectativas para el próximo año se encuentran divididas: un 34% cree que el crecimiento disminuirá, un 33% espera que aumente y un 31% considera que se mantendrá sin cambios.

La evaluación general de la economía también muestra una percepción desfavorable. Un 84% estima que la situación económica del país está estancada o en retroceso, frente a un 15% que considera que está progresando.

En el ámbito laboral, un 91% calificó la situación del empleo como mala o muy mala, mientras que un 8% la evaluó positivamente.

La medición registró además una evaluación mayoritariamente negativa sobre la dirección del país. Un 61% considera que Chile avanza por un mal camino, mientras que un 35% estima que lo hace por uno bueno.

En cuanto a las expectativas sobre el futuro, un 60% se declaró pesimista y un 37% manifestó una perspectiva optimista.

La encuesta también abordó la reciente marcha de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) por la Alameda. Un 52% expresó su acuerdo con la manifestación, mientras que un 41% manifestó su rechazo.

Por otra parte, un 74% se mostró en desacuerdo con la afirmación de que la violencia en las calles es legítima y justificable.

Metro encabeza el listado de confianza en instituciones e industrias, con un 80%, seguido por las universidades, con un 74%, y el sistema de Red Movilidad, con un 69%.

En el extremo opuesto se ubican las autopistas y concesionarias, con un 26% de confianza, las isapres, con un 30%, y las administradoras de fondos de pensiones (AFP), con un 35%.