6 de julio de 2023
El escándalo que nuevamente protagoniza el gobierno del presidente Boric, ha abierto un inmenso flanco por eventuales actos de corrupción no solo en Antofagasta, Biobío y el Maule, sino también en Magallanes. Por esta razón, el diputado Christian Matheson presentó un nuevo oficio para que la Contraloría, se aboque con urgencia a investigar posibles actos de corrupción, malversación de fondos públicos y conflictos de interés en convenios firmados con fundaciones, ONG y otro tipo de contrataciones.
El oficio especifica que se investiguen los convenios realizados entre las gobernaciones, Serviu, Seremi de Vivienda y también municipios, con Fundaciones y ONG, porque lo que se ha visto es que fundaciones con giros o propósitos diferentes al de soluciones de asentamientos precarios se han adjudicado de forma directa millonarios contratos, sin tener la experiencia para llevar a cabo lo solicitado.
«Es realmente escandaloso lo que ha ocurrido en el Ministerio de Vivienda, no sólo porque después de casi un año y medio de gobierno, recién comienzan a ejecutar proyectos habitacionales propios, es decir, no arrastrados del gobierno anterior, sino que ahora se envuelven en hechos sin precedentes que perjudican directamente a los que menos tienen y los magallánicos no estamos exentos de esta grave situación», explicó el parlamentario Matheson.
«Es por eso, que nuevamente recurro a la Contraloría General de la República para que investigue con urgencia, no sólo los contratos del Serviu con fundaciones, sino también de estas organizaciones con la gobernación, seremi y municipios de la región. Ya hemos identificado cierto modus operandi por parte de organismos del gobierno, que contratan en forma directa y a dedo fundaciones, que de un día para otro con el simple cambio de giro se convierten en expertas en la intervención de asentamientos precarios, y se le asignan millonarios montos sin tener la experiencia para prestar los servicios contratados. Y no solo eso, sino también en estas fundaciones existen personas cercanas a funcionarios de gobierno».
«Esto no puede seguir ocurriendo. El Frente Amplio se ha empeñado en decirnos que son los paladines de la justicia de la superioridad moral y de hacer las cosas bien, de forma correcta y eso hoy queda absolutamente desvirtuado y desechado», agregó el legislador.
«Debo agregar además que los dichos del ministro Montes, referente a tratar de endosar responsabilidades al gobierno anterior, falseando información, lo deja en una muy mala posición de credibilidad. Uno de los ministros que se pensaba daba un poco más de seriedad y peso a la coalición que nos gobierna, hoy falta a la verdad para evadir responsabilidades y tratar de esconder hechos que podrían constituir delito».
«Y ayer, después de sembrar la duda, sale a desmentir así mismo, manifestando que los convenios o contratos cuestionados no provienen del gobierno anterior, sino que son responsabilidad de este gobierno. Me parece que a varios personeros y ministros del actual Gobierno, se le cumplió su tiempo», finalizó Matheson.
En el marco de la indagación se pesquisan dos transferencias a la cuestionada ONG. Una en 2022 por $ 23.690.000 y la otra en 2021 por $ 28.795.000.
En el marco de la indagación se pesquisan dos transferencias a la cuestionada ONG. Una en 2022 por $ 23.690.000 y la otra en 2021 por $ 28.795.000.