30 de julio de 2026
"EL PROCESO QUE CULMINA EN 2030 DEBIERA RESOLVERSE COMO LO QUE ES —UNA DECISIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE EL FUTURO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN— Y NO COMO UNA CONTROVERSIA SOBRE EL PASADO"
DECLARACIÓN PÚBLICA
"Ante las opiniones difundidas en las últimas semanas sobre la concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, Sociedad de Rentas Inmobiliarias estima necesario aportar antecedentes concretos y verificables que contribuyan a un debate informado sobre su gestión y su futuro.
La actual concesión se originó en una licitación pública a la que los oferentes concurrieron libremente, cuyas bases fueron confeccionadas por el Fisco de Chile, representado por la Intendencia Regional, aprobadas por el Ministerio de Hacienda y sometidas al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República, al igual que su posterior adjudicación y suscripción.
El origen y la ejecución de esta concesión constan en actos administrativos públicos; los resultados son medibles y las cifras, conocidas. Hemos ejecutado el contrato —con responsabilidad y rigor— durante casi veinte años: con inversión propia, sin aporte fiscal y asumiendo la totalidad del riesgo operativo y comercial.
El beneficio público se mide contra el punto de partida. Desde el inicio de esta concesión, la superficie arrendada se multiplicó por 2,27, hasta 223 mil m²; las visitas anuales pasaron de 3,5 a 10,1 millones; las ventas de los locales, a $300.000 millones en 2025, casi cuatro veces el nivel inicial; y el empleo directo, a 2.775 puestos, 53% ocupados por mujeres, el doble que al comienzo de la concesión. El 70% de la superficie incorporada se concentra en el último quinquenio: el crecimiento no se detuvo, se aceleró. La Zona Franca de Punta Arenas es, en los hechos, un instrumento de política pública.
El precio que paga la concesionaria al Fisco de Chile se determina por fórmula: equivale al 28% de los ingresos brutos percibidos, verificados cada año por una auditoría externa independiente, además de los mecanismos de control del propio Fisco; y su destino lo fija la ley: el desarrollo regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El aporte crece porque antes crece la actividad que lo genera: $4.713 millones transferidos en 2025, sobre $43.500 millones acumulados desde 2008. A ese pago se suma la reinversión en el recinto, que el contrato fija en un 6% de los ingresos brutos anuales: es adicional al precio de la concesión, no una parte de él.
El pago del precio es una de las obligaciones del contrato; las hemos cumplido todas. Nuestra contraparte es el Gobierno Regional de Magallanes, ante el cual respondemos por su ejecución íntegra y con el que mantenemos una relación institucional permanente. La supervigilancia de esa ejecución se ejerce a través de la Comisión de Seguimiento que el propio contrato establece, y a esa tarea hemos contribuido por sobre el estándar exigido, aportando voluntariamente informes de ingresos y estados financieros auditados bajo norma IFRS. Nuestros registros han estado siempre a disposición de las instancias llamadas a fiscalizar, y seguirán estándolo. Por eso compartimos el criterio de quienes piden sustento técnico y documental antes de emitir juicios: la evaluación rigurosa es precisamente lo que aportamos.
El recinto ha conocido antes otro modelo de administración. Aquel período concluyó con escasa competencia, oferta acotada, restricciones al mix comercial y un precio de concesión que representaba una fracción del actual. Por eso cambió el modelo. Son hechos de registro público y los magallánicos los conocen bien, aunque no siempre estén presentes en la discusión. Vale considerarlo, porque el debate sobre el futuro gana cuando se ordena en torno a qué necesita Magallanes de su Zona Franca.
Magallanes tiene por delante una decisión mayor. Desde 2018 hemos propuesto la evolución hacia una Zona Franca de Servicios, capaz de incorporar actividades de mayor valor agregado, como ocurre en otros países de América Latina.
El proceso que culmina en 2030 debiera resolverse como lo que es —una decisión de política pública sobre el futuro productivo de la región— y no como una controversia sobre el pasado. Ad portas de cumplir cincuenta años, la Zona Franca de Punta Arenas es parte de la historia económica y social de Magallanes, y su futuro pertenece a la región. La invitación es a dar ese debate con altura de miras: con perspectiva de largo plazo, con antecedentes y fundamentos, y con la ambición que el momento permite. Una Zona Franca más moderna, más diversa y más integrada al desarrollo regional es una tarea que nadie puede emprender por separado, y a ella concurriremos —como ha sido nuestra tradición y compromiso— con evidencia, con propuestas, con disposición institucional y con todo lo que hemos aprendido en estos años.
Orgullosos de aportar a la región y de administrar su Zona Franca."
SOCIEDAD DE RENTAS INMOBILIARIAS LTDA.
Punta Arenas, 29 de julio de 2026
