PRESIDENTE DE FESIT CHRISTIAN GARCIA CASTILLO AFIRMA QUE EL PRINCIPAL DESAFÍO PARA 2030 SERÁ DEFINIR INVERSIONES Y CONDICIONES DE LA NUEVA CONCESIÓN DE ZONA FRANCA

El presidente de la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios de Chile, Cristian García Castillo, sostuvo que el principal desafío que enfrentará la Zona Franca de Punta Arenas no corresponde al término de la ley que regula el régimen franco, sino al vencimiento del contrato de concesión previsto para el año 2030, proceso que deberá definir las nuevas condiciones de administración, inversión y desarrollo del recinto.

Durante una entrevista concedida la mañana de este lunes al programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, García realizó un extenso análisis sobre el funcionamiento del sistema franco, su origen jurídico, su impacto en la economía regional y las oportunidades que ofrece para el desarrollo productivo de Magallanes.

El especialista comenzó aclarando una de las principales confusiones que, a su juicio, existe en el debate público.

"Lo que está a la vuelta de la esquina en realidad es el contrato de concesión porque hay que separar uno es la legislación de Zona Franca (...) y, por otro lado, está el contrato de concesión y el contrato de concesión es lo que vence el año 2030."

Explicó que la responsabilidad de conducir ese proceso recaerá en el Gobierno Regional de Magallanes, al ser la autoridad concedente del recinto franco.

"La concesión de la Zona Franca de Punta Arenas está en manos del gobernador regional. (...) Lo que a ellos les toca definir, por lo tanto, es cuáles van a ser las nuevas bases de licitación y las nuevas condiciones para el nuevo contrato que empezaría el año 2030."

El espíritu original de la Zona Franca

Uno de los aspectos centrales de la conversación fue el origen del régimen franco y el debate respecto de cuál fue su propósito inicial.

Según García, el Decreto Ley que creó la Zona Franca durante 1975 no establece como finalidad abaratar el costo de vida de los habitantes de Magallanes, sino potenciar el comercio exterior y la actividad económica.

"Cuando uno lee esos elementos (...) no aparece lo que se ha señalado muchas veces aquí, el abaratamiento del costo de la vida en Magallanes. Eso no aparece. Lo que aparece es fortalecer el comercio exterior, aprovechar ventajas del intercambio de conocimiento, cuestiones que tienen que ver más bien con el comercio y con la economía, pero no particularmente con abaratar los costos de vida de los habitantes de Magallanes."

Añadió que, debido a que la legislación fue dictada durante el régimen militar mediante decretos leyes, no existe una discusión parlamentaria que permita reconstruir otro espíritu legislativo.

Incorporar los servicios, uno de los desafíos pendientes

Consultado sobre las mejoras que podrían introducirse al régimen franco, García señaló que uno de los cambios más relevantes sería permitir que las empresas de servicios puedan acceder a las franquicias tributarias.

Recordó que esta recomendación ya fue planteada en estudios internacionales.

"El Banco Mundial hizo el último informe del año 2018 y una de las recomendaciones que señala es que la legislación de Zona Franca debiese permitir el trabajo de los servicios con el régimen de franquicia. Hoy día se pueden instalar servicios dentro del recinto franco, sí, pero no con la franquicia."

No obstante, precisó que una modificación de esa naturaleza requiere una reforma legal impulsada por el Presidente de la República, por tratarse de materias tributarias.

Un modelo de descentralización

Durante la entrevista, García destacó que la administración de la Zona Franca constituye un ejemplo único de descentralización en Chile, al estar bajo la tutela del Gobierno Regional.

"La Zona Franca está en manos del gobernador regional. Es la única concesión de servicio público que está en manos de un Gobierno regional."

Y agregó:

"Es el mejor modelo de descentralización y es un ejemplo claro de que se pueden descentralizar otras cosas (...) porque tiene atisbo de manejo de concesiones de servicio público, de manejo de leyes de excepción y además de coordinación de servicios públicos."

Competencia más que regulación de precios

Respecto a una de las discusiones más frecuentes sobre la Zona Franca, García sostuvo que el régimen no fue creado para fijar precios, aunque sí genera un efecto competitivo que beneficia a los consumidores.

"Los precios de los productos en la Zona Franca y en todo Chile por libre mercado los fija la competencia. Si hay más competencia de precio, hay más competencia; si hay menos competencia, hay menos competencia de precio. Lo que la Zona Franca trae es cada vez más competencia."

En ese sentido, enfatizó:

"Es un regulador de precio porque es parte de la competencia, es parte de la mayor oferta que existe. Insisto, a mayor oferta los precios bajan."

Sin embargo, reiteró que ese no fue el objetivo que inspiró la creación del sistema.

"Yo insisto, ese no es el espíritu de la Zona Franca, porque la ley que creó la Zona Franca (...) era el fomento del comercio exterior, era el fomento de cierta actividad económica, pero en ningún caso se menciona el abaratamiento del costo de la vida de los habitantes de Magallanes."

Ventajas para nuevas inversiones

El presidente de la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios también destacó que las franquicias permiten facilitar inversiones de sectores estratégicos como el hidrógeno verde, la salmonicultura o la logística.

Explicó que la posibilidad de importar bienes sin pagar inmediatamente IVA ni aranceles reduce significativamente los costos financieros de las empresas.

"La Zona Franca entrega una ventaja competitiva para decirle a la empresa: 'Mire, usted se va a ahorrar ese costo financiero y por lo tanto puede adelantar inversiones sin ningún problema'."

Añadió que muchas industrias utilizan la franquicia sin necesidad de instalarse físicamente dentro del recinto franco, aprovechando la denominada zona de extensión.

La nueva concesión deberá definir inversiones

De cara al proceso licitatorio que comenzará antes de 2030, García sostuvo que uno de los elementos más relevantes será determinar el nivel de inversiones que deberá asumir el futuro concesionario.

"Yo creo que la pregunta fundamental va a estar en las inversiones que se le van a exigir a la concesionaria nueva y en función de ese monto de inversiones, claro, eso va a significar también quizá reducir o aumentar el precio de concesión."

Entre las necesidades detectadas mencionó infraestructura para fortalecer nuevas actividades económicas.

"Una de las falencias que tenemos son bodegas de frío. Si queremos hacer negocios con salmonicultura (...) a lo mejor lo que estaría faltando son bodegas de frío."

Asimismo, recordó que el Gobierno Regional adquirió nuevos terrenos que eventualmente podrían incorporarse al recinto franco, situación que también podría modificar las futuras bases de licitación.

"El Gobierno regional compró una cantidad de hectáreas. Hay que ver cuándo esas hectáreas van a ser adscritas o incorporadas al recinto franco o no. Es indudablemente que puede alterar las bases de licitación porque es distinto concesionar un recinto de 52 hectáreas a uno de 63."

Finalmente, García planteó que la modernización del sistema también debe considerar mayores estándares de transparencia, coordinación entre los organismos públicos y mecanismos para prevenir delitos económicos.

"Yo ahí veo una oportunidad también para hacer un fuerte combate al lavado de activos (...) Yo creo que ahí se puede hacer algo interesante para que exista más control, regulación, donde comande el Gobierno regional, pero los demás servicios públicos están involucrados."

​