El 12 de marzo, la Subsecretaría del Interior comenzó el proceso de licitación -el que tendrá un valor de $ 300 millones- para concretar la salida del país de quienes no mantengan su situación migratoria regularizada, a través de 15 aviones privados y en un periodo de nueve meses. El jefe de la cartera, el subsecretario Juan Francisco Galli, sostuvo que «esto da cuenta de cómo ha cambiado el fenómeno de la migración. No es bueno anticipar fechas, pero esto comenzará a concretarse a fines de abril y se extenderá durante todo el año, con un promedio de dos vuelos mensuales».
Comenzando este 2021, el gobierno inició un fuerte despliegue para acentuar una de sus prioridades para este año: la migración. Por lo mismo, el 9 de febrero se anunció públicamente el llamado “Plan Colchane”, instancia que busca la expulsión masiva de extranjeros que estén de manera irregular en el país y aumentar los controles en los pasos no habilitados en el norte de Chile.
Ese día de febrero, 86 extranjeros salieron del país en distintos vuelos programados por el Ejecutivo. Hubo críticas por la forma -vestían overoles blancos de la PDI- y también por la masividad de las expulsiones. Sin embargo, era solo el inicio de un proceso que continuaría durante todo el 2021.
Por lo mismo, el 12 de marzo de este año, la Subsecretaría del Interior hizo pública una licitación para la contratación de vuelos privados y así concretar la expulsión de extranjeros residentes de manera irregular en el país. Según se informa en la página web de Mercado Público, este proceso terminará el 12 de abril, para lo que se dispusieron $ 300 millones.
“La Subsecretaría del Interior llama a Licitación Pública para contratar servicio de suministro de pasajes, destinados a cubrir las necesidades que puedan surgir del Departamento de Extranjería y Migración de la Subsecretaría del Interior y que no se encuentre cubiertos por el convenio marco vigente”, se lee en la resolución del Ejecutivo, la que, una vez termine el proceso administrativo, deberá quedar para toma de razón en la Contraloría.
Serán 15 los vuelos que el gobierno busca ejecutar y así materializar la salida obligada del país de 1.800 extranjeros, en su gran mayoría, venezolanos. Es más, del total de vuelos pensados para este año, 13 tienen como destino Caracas y los otros dos aterrizarán en Colombia.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó a La Tercera que “esto da cuenta del cambio del fenómeno migratorio en nuestro país, donde se incumplen las medidas dispuestas para ingresan irregularmente. Antes, la mayoría de las personas entraban a Chile provenientes desde países limítrofes, por lo que sus expulsiones se concretaban -y hasta el día de hoy también ocurre- en buses, hacia, por ejemplo, Perú y Bolivia. ¿Qué pasa hoy? Como vienen de Colombia y Venezuela, se necesita contratar este tipo de vuelos para materializar las expulsiones”.
Este proceso de expulsión de 1.800 extranjeros se concretará a lo largo de todo el año, en 9 meses, a partir de fines de abril. “Será aproximadamente en esa fecha, donde buscamos concretar un promedio de dos vuelos mensuales, de aquí hasta que termine el 2021. Esta decisión se tomó en base a lo que hemos venido planificando en materia migratoria, situación que ha ido disminuyendo desde que iniciamos el Plan Colchane”, dijo Galli.
Desde el gobierno, además, explicaron que las expulsiones administrativas son las que se materializarán por vía aérea en vuelos privados. Acá no estarán incluidos los extranjeros que deban salir del país por alguna resolución judicial, dado que en esos casos utilizan vuelos de la Fuerza Aérea (Fach).
Además, es en el contexto de estas expulsiones judiciales que el gobierno es requerido por el Poder Judicial a través recursos de amparo, o de protección, que se interponen para evitar estas salidas. Como, por ejemplo, lo ha hecho durante el último tiempo el Servicio Jesuita Migrante (SJM), críticos de estos procesos impulsados por el Ejecutivo.
La presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes y académica de la Universidad Alberto Hurtado, Macarena Rodríguez, explicó que “estas personas al estar en residencias sanitarias son notificadas de su proceso de expulsión a las 2.00 o 4.00 de la mañana. Las suben a un bus, que sale desde donde están alojados, y luego los llevan al avión que los saca del país. En ese proceso no se están respetando sus derechos y tampoco la legislación internacional, dado que la Corte Suprema, en un último fallo, estableció que, por ejemplo, las personas que llegan desde Venezuela tienen un estatus especial de refugiados. Por lo que al volver a su país de origen se pone en riesgo su seguridad”.
Víctor Rivera La Tercera