El Senado aprobó este miércoles un proyecto de acuerdo, impulsado por la derecha, que advierte al Presidente Gabriel Boric que la Comisión Asesora contra la Desinformación -dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y que asesorará también a la Secretaría General de Gobierno- es «inconstitucional».

La resolución, firmada por senadores de Chile Vamos, del Partido Republicano y Ximena Rincón y Matías Walker de Demócratas, cuestiona que, al ser la «libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa» un derecho consagrado en la Constitución, la instancia debió ser creada mediante un proyecto de ley que posibilitara el debate en el Congreso Nacional y vía decreto. De esa manera, recurrirá al Tribunal Constitucional.

Fue visada con 18 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones, de los socialistas José Miguel Insulza y Fidel Espinoza y el independiente Karim Bianchi. 

La oposición política ya había acusado anteriormente un presunto intento del Gobierno de «coartar la libertad de expresión» a través de esta comisión, línea de crítica que complementó hoy, en el marco de la votación, la UDI Luz Ebensperger, una de las impulsoras del acuerdo.

«Lo que pedimos es que se retrotraiga respecto de esta comisión, porque uno de sus fundamentos dice fortalecer la democracia, pero creemos que uno de los pilares fundamentales de la democracia es la libertad de expresión. Y no nos parece la existencia de una Comisión contra la Desinformación que va a establecer cuáles son las verdades oficiales«, planteó.

Contrapreguntada sobre las repetidas aclaraciones del Ejecutivo, que ha afirmado que la instancia «no tiene competencia» para coartar la libertad de expresión y «nadie pretende que la tenga», Ebensperger se limitó a decir: «No lo sé, no me queda claro».

La comisión se instaló la semana pasada y en su primera reunión acordó excluir de su análisis el trabajo de los medios de comunicación y acotó el alcance de su trabajo al «estudio y análisis del fenómeno de la desinformación en plataformas digitales».

GOBIERNO CRITICA CONCLUSIONES DE LA DERECHA

«Con todo el respeto que le tengo a la senadora Ebensperger, no hay nada en ese decreto que pueda llevar a esa conclusión, particularmente por las características que tiene, es una comisión asesora presidencial», replicó el ministro de Justicia, Luis Cordero.

«Logro entender el punto de la discrepancia política que hay sobre este debate, y otra cosa distinta es cuando se impugna un instrumento (una comisión asesora) que ha sido sistemáticamente utilizado por distintas administraciones», reprochó.

Resaltó asimismo que «es más transparente tener una comisión de expertos ajenos al Ejecutivo sobre elementos clave de la desinformación, asumiendo que la desinformación es compleja para la democracia«. En ese marco, «entendería que al menos estamos de acuerdo con eso, y si no, entonces tenemos una discrepancia un poco mayor», enfatizó.

El senador comunista Daniel Núñez fue más duro en su crítica a la resolución aprobada: «La palabra ‘asesora’ da su naturaleza: no decide políticas públicas ni conculca ningún derecho. Lo que acá existe es que hay un aval político de la derecha de Chile a las fake news, y eso es lo que les molesta».

NACIONES UNIDAS Y LA OCDE APLAUDEN LA COMISIÓN

Por otra parte, desde Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aplaudieron la creación de la Comisión contra la Desinformación, que deberá emitir dos informes: el primero enfocado en «ordenar el estado del arte» del fenómeno, y el segundo, para formular «orientaciones y recomendaciones» para el desarrollo de políticas públicas.

«Me alegra ver que la alfabetización digital será uno de los temas centrales que analizarán. La información mediática y la alfabetización digital capacitan a las personas y las hacen resistentes a la desinformación y a la información errónea«, valoró la académica bangladesí Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Asimismo, manifestó que le «complace comprobar que esta comisión consultiva reúne no sólo a académicos y expertos, sino también a voces de la sociedad civil».

«Vemos la comisión como una instancia que ayudará a analizar y el fenómeno de la desinformación, entender su naturaleza, magnitud y constante evolución; además de asesorar y formular recomendaciones para empoderar a las personas, sensibilizar a la sociedad, siempre preservando la libertad de expresión y la tolerancia«, destacó Julio Bacio, jefe de División de Integridad del Sector Público de la OCDE.

Fuente: cooperativa.cl