Las instituciones nacionales de derechos humanos cumplen un rol esencial en la promoción y la protección de los derechos de todas las personas, y para ello requieren condiciones que les permitan actuar con independencia y eficacia. Los Principios de París y las recomendaciones que el Subcomité de Acreditación de la GANHRI ha formulado a Chile son orientaciones que toda reforma de estas instituciones debe considerar.
El Consejo valora que se impulse una reforma del Instituto y reconoce que su institucionalidad puede perfeccionarse: Toda iniciativa que fortalezca al INDH conforme a los estándares internacionales debe ser considerada. En el contexto de la tramitación del proyecto de ley recientemente ingresado al Congreso Nacional (Mensaje N° 174-374), el Consejo considera que, independientemente de las posiciones que se susciten en torno a sus contenidos específicos, toda reforma de una institución de derechos humanos debería asegurar:
• Autonomía y pluralismo. Mecanismos de designación de sus integrantes que garanticen la independencia respecto de los poderes públicos y la representación pluralista de la sociedad civil. La confianza de las personas en el Instituto depende en gran medida de que su conducción sea y se perciba como independiente de la coyuntura política.
• Presencia suficiente en el territorio. Una presencia institucional que permita que la promoción y la protección de los derechos humanos lleguen a todas las personas, vivan donde vivan. La cercanía territorial contribuye al acceso efectivo a la protección, en especial de quienes se encuentran más lejos de los centros de decisión.
• Protección efectiva. Un mandato amplio y atribuciones adecuadas, incluidas las herramientas que se estimen necesarias para que las personas, y en particular las víctimas de violaciones de derechos humanos puedan acceder a la justicia. Los Principios de París entienden la protección efectiva de los derechos humanos como parte esencial de su promoción.
• Estabilidad y continuidad institucional. Es recomendable que las normas de transición resguarden la estabilidad y la continuidad de la institución, como garantía de su independencia. Ello posibilita que el Instituto actúe, más allá de los cambios que le afecten, manteniendo su capacidad de cumplir el mandato que la ley le asigna.
El Consejo reitera su compromiso con el fortalecimiento del Instituto y con el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y espera que una amplia y responsable discusión de esta reforma contribuya a ese propósito.
Santiago, 02 de noviembre de 2026
