12 de diciembre de 2023
Este lunes, el Gobierno ingresó una serie de medidas que buscan mitigar el impacto del fallo de la Corte Suprema en las Isapres, que dejó sin efecto el alza de precios en las primas GES realizado en octubre de 2022 y ordenó aplicar los valores fijados en el periodo anterior.
Tras la decisión, las aseguradoras indicaron que aplicarán la rebaja desde este mes, lo que significará una caída del 12% en sus ingresos mensuales, según sus cálculos.
Por esta razón, y con el objetivo de apoyar la situación de las Isapres, el Gobierno sugirió el adelanto del Índice de Costos de Salud (ICSA) en el proyecto de Reajuste del Sector Público.
El índice, que establece el porcentaje máximo en el que pueden aumentar los planes de salud, generalmente se publica en marzo y se hace efectivo en junio de cada año; sin embargo, el Gobierno pretende que entre en vigencia en abril de 2024.
El proyecto señala que “a fin de mitigar los profundos efectos financieros que la decisión tiene en el sistema de salud en su conjunto, se definen reglas especiales solo para el proceso de adecuación de precios base de los planes de salud correspondiente al período 2024”.
Del mismo modo, la iniciativa indica que en este procedimiento “no se considerará el costo de las nuevas prestaciones y la variación de frecuencia de uso de las prestaciones que se realicen en la modalidad de libre elección del Fondo Nacional de Salud (Fonasa)”.
En tanto, también se facultará a la Superintendencia de Salud para determinar el valor que podrán incorporar las aseguradoras a sus precios finales, solo por una vez y de forma extraordinaria.
Esto para “otorgar financiamiento al costo y cobertura de las prestaciones de salud de las cargas menores de dos años de edad”.
Fuente: cnnchile.com
En la Instancia se abordaron los derechos que tiene la ciudadanía en estos procesos, lo que asegura una participación informada de la comunidad en el proceso de calificación ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental, en torno a los proyectos de hidrógeno verde.
En la Instancia se abordaron los derechos que tiene la ciudadanía en estos procesos, lo que asegura una participación informada de la comunidad en el proceso de calificación ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental, en torno a los proyectos de hidrógeno verde.