La red científico ciudadana prevé un eventual colapso del sistema y una implementación inadecuada de los procesos de participación ciudadana, para acoger la alta demanda de evaluación de iniciativas energéticas.

Integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Panel Ciudadano sobre Hidrógeno en Magallanes, se reunieron con la Directora Nacional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán Medina, y el Director Regional del servicio, José Luis Riffo Fideli, para plantear las inquietudes que generan las grandes dimensiones de los proyectos energéticos de hidrógeno que se proyectan para Magallanes, y que ya empezaron a ingresar al sistema para la revisión de su impacto ambiental.

«La reunión se enfocó en dos momentos. El primero para reforzar las demandas que fueron realizadas al Gobernador y Servicios Públicos hace más de tres meses, y el segundo, para a abordar los desafíos y preocupaciones respecto de la institucionalidad ambiental y su capacidad de hacer frente a la instalación de la industria del H2″, comentó Gabriela Simonetti Grez, Secretaria Ejecutiva del Panel. «Respecto a las demandas, estas tienen que ver con establecer una  moratoria hasta que no se cumplan tres pasos; Acceso a la información sobre ocupación territorial, y escalas de producción, intervención en el paisaje y ecosistemas, entre otros, para luego evaluar la viabilidad social, ambiental y económica de esta industria en la región, con todos los proyectos contemplados en conjunto. Y por último, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental».

Los y las representantes de la red de organizaciones científicas y ambientales profundizaron en aspectos como la falta de información. «Les hicimos ver la falta de información presentada a la ciudadanía respecto a la ocupación espacial proyectada por la industria, entre otras, en las instancias participativas y en el Plan de Acción de Hidrógeno Verde«, añadió Simonetti. «La carencia en calidad y cantidad de información presentada a la ciudadanía puede significar que se subestimen los riesgos e impactos y, por lo tanto, puede desmotivar la participación».

El Panel también declaró su aprensión por la oleada de proyectos que ingresarán al sistema pues, en evaluaciones que se han hecho sobre riesgo, sus integrantes han sido testigos de que «no hay suficientes personas ni recursos en los servicios públicos para hacerle frente a esto, lo que podría a impactar en la evaluación de proyectos y en la posibilidad que tiene la ciudadanía de participar», comentó la Secretaria.

La ocasión también sirvió para plantear la preocupación por el ingreso fragmentado de los proyectos al sistema, mecanismo que ha servido a otras industrias para eludir la evaluación del impacto total e interconectado de sus negocios, considerando tanto los efectos sinérgicos y acumulativos como la interacción con proyectos de otras empresas. Durán afirmó que el organismo que dirige no es planificador de políticas públicas, pero acogió las inquietudes de participación ciudadana, y reiteró la disposición al diálogo y a la entrega de información pública al Panel.