23 de octubre de 2023
PRESIDENTE DE TACOPA, MARCELINO AGUAYO CONCHA, ANALIZA LA LEY Nº 21.616, LEY DE CONVENIOS DE PAGO EN POLAR COMUNICACIONES
Esta mañana, en el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones, conducido por el comunicador José Aguilante, Marcelino Aguayo Concha, Presidente de Tacopa, conversó sobre la reciente Ley Nº 21.616. Esta normativa ofrece una nueva oportunidad para los beneficiarios con […]
Esta mañana, en el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones, conducido por el comunicador José Aguilante, Marcelino Aguayo Concha, Presidente de Tacopa, conversó sobre la reciente Ley Nº 21.616. Esta normativa ofrece una nueva oportunidad para los beneficiarios con deudas pendientes de los préstamos solidarios de los años 2020 y 2021 del sector transporte. Ahora, ya sea que hayan o no suscrito un convenio previamente con la Tesorería General de la República, podrán suscribir nuevos convenios de hasta 36 meses para el pago en cuotas periódicas, mensuales y sucesivas. Estos convenios presentan condiciones más beneficiosas que los convenios generales del Servicio de Tesorerías.
La Ley Nº 21.616, publicada el 18 de octubre de 2023, tiene como objetivo alivianar la deuda asociada a los préstamos solidarios para transportistas contemplados en las leyes Nº 21.256 y Nº 21.323. Esta ley consta de un artículo único que establece que, por un período de seis meses desde su publicación, la Tesorería General de la República podrá otorgar estos nuevos convenios. Además, a la fecha de suscripción del convenio, el Servicio de Tesorerías convertirá la deuda o el saldo remanente de pago de unidades de fomento a pesos. Estos convenios no generarán reajustes, intereses ni multas mientras el deudor cumpla con sus obligaciones.
Puedes ver la entrevista aquí:
Estudio analizó más de 116 mil causas de cobranza entre 2015 y 2025 y concluyó que la mayoría de las personas demandadas enfrentó solo un proceso judicial durante la última década.
Estudio analizó más de 116 mil causas de cobranza entre 2015 y 2025 y concluyó que la mayoría de las personas demandadas enfrentó solo un proceso judicial durante la última década.
