La iniciativa «encierra el riesgo de involucramiento y compromiso (de los magistrados) con agendas de gobierno», advirtió el máximo tribunal.

Sin perjuicio de ello, «no es posible desconocer que, de un tiempo a esta parte, los órganos colegisladores han venido incorporando al Poder Judicial al perímetro de las labores de gobierno y de generación de políticas públicas», añadió.

Un duro oficio emitió el Pleno de la Corte Suprema para el proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

La iniciativa, que fue ingresada al Congreso en septiembre de 2021 por el Gobierno de Sebastián Piñera, se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

El oficio del máximo tribunal se da luego de que el presidente de la comisión, José Miguel Insulza (PS), solicitara que se refiriera al Artículo Nº 2 del proyecto.

Así, la Suprema entregó un «informe desfavorable» al Senado, al sostener que el texto establece en su redacción que el Poder Judicial forma parte del «sistema de seguridad pública», el que debe ser desarrollado por el futuro ministerio, quien se encargaría de desarrollar la política preventiva y de la seguridad pública.

Aquello, advirtió el documento, «encierra el riesgo de involucramiento y compromiso del Poder Judicial con agendas de gobierno, en materias que son parte del conocimiento ordinario de los tribunales de justicia en el ejercicio de la función propiamente jurisdiccional, lo que puede redundar en un debilitamiento de su independencia».

«De prosperar —agregó—, debe asumirse esta nueva responsabilidad del Poder Judicial con cautela, y con conciencia de los riesgos reputacionales que encierra para éste la posibilidad de que la agenda de turno del Ejecutivo en materia de seguridad pública y orden público fracase».

CRÍTICAS DEL PODER JUDICIAL AL ROL QUE EL EJECUTIVO Y EL LEGISLATIVO LE DAN HAN DADO
En el oficio, la Suprema también fustigó que «no es posible desconocer que, de un tiempo a esta parte, los órganos colegisladores (N. de R.: los poderes Ejecutivo y Legislativo) han venido incorporando al Poder Judicial al perímetro de las labores de gobierno y de generación de políticas públicas».

El máximo tribunal aseguró que el proyecto del Ministerio de Seguridad es un ejemplo más de aquello y que, si bien viene de buenas razones, esta debe ser analiza por lo que genera.

Finalmente, concluyó que la labor del Poder Judicial «no debe confundirse con la de aquellas autoridades con responsabilidad por políticas públicas, de manera que la participación de la judicatura en cualquier instancia colaborativa no puede en ningún caso implicar un compromiso de la jurisdicción».

En ese sentido, sugirió algunos cambios para involucrar de mejor forma a la justicia en el proyecto, como considerar al Poder Judicial en instancias técnicas en las que podría participar de invitada, aportado información y antecedentes para que los órganos públicos puedan fijas las políticas públicas respecto a la seguridad, orden público y la prevención de los delitos. Para eso cita ejemplos en los cuales ya ocurre esto.