26 de julio de 2018
El SERNAC oficiará a los emisores de tarjetas para conocer todos los antecedentes relacionados con la filtración masiva de datos de clientes de tarjetas de crédito ocurrida el día de ayer, producto de un hackeo realizado por una banda de cibercriminales.
A través de un oficio, el Servicio exigirá a las entidades bancarias y no bancarias involucradas, información respecto del volumen de posibles consumidores afectados, la cantidad de tarjetas vigentes involucradas, los mecanismos utilizados para informar a los usuarios y renovar las tarjetas bloqueadas, la cantidad de reclamos recibidos y problemas que han presentado los usuarios, las medidas de acción implementadas para mitigar los efectos, entre otros antecedentes.
La información recopilada también se cruzará con los reclamos y los datos que puedan tener las agencias de protección al consumidor internacionales, con el fin de indagar el verdadero origen de la filtración.
El Director Nacional del SERNAC, Lucas Del Villar, explicó que toda empresa que opere con tarjetas de crédito, tienen la obligación de resguardar los datos personales de sus clientes, incluyendo su información histórica.
“Si bien todavía las causas no están claras, las empresas deben responder si se produjo algún perjuicio al consumidor por un mal resguardo de los datos personales. Estamos hablando de una infracción grave, que afecta la confianza en el mercado por lo que es indispensable que las empresas que reciben estos medios de pago inviertan en mecanismos de seguridad”, enfatizó la autoridad.
Agrega que para el SERNAC “es importante velar porque el patrimonio de los consumidores no se vea afectado por eventuales fraudes, y en caso que ello ocurra, las empresas respondan, existan o no seguros involucrados”.
La autoridad llamó a las empresas a revisar especialmente los casos que puedan afectar a consumidores que están en el extranjero y hayan sufrido el bloqueo de sus tarjetas para que puedan emitir un nuevo plástico y contar con las soluciones oportunamente.
El SERNAC está trabajando en coordinación con la SBIF, y una vez que obtenga los antecedentes del caso, tomará todas las medidas que le entrega la Ley para ir en defensa de los derechos de los consumidores.
La recién asumida administración municipal de Puerto Natales se encuentra enfrentando una crisis financiera de proporciones alarmantes.
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