15 de marzo de 2023
AUTORIDAD MARÍTIMA DESPLEGÓ OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN EN ÁREA DE RÍO VERDE
En el marco de despliegues operativos de fiscalización programados, durante la jornada del 13 de marzo, una Patrulla de Policía Marítima de la Capitanía de Puerto y el binomio canino de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, se trasladaron en […]
En el marco de despliegues operativos de fiscalización programados, durante la jornada del 13 de marzo, una Patrulla de Policía Marítima de la Capitanía de Puerto y el binomio canino de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, se trasladaron en apoyo hasta la Alcaldía de Mar de Río Verde.
En la ocasión, el personal realizó fiscalización y control a la barcaza “Bahía Azul”, en el punto de conexión con isla Riesco, contando con la colaboración de usuarios marítimos y personal de la nave.
Posteriormente, el despliegue se trasladó hasta Puerto Nuevo, en donde se realizaron diversas tareas de control y fiscalización, recorriendo parte de las dependencias de operadores y naves atracadas en el sector.
El operativo estuvo al mando del Subjefe de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, Teniente Primero Litoral Ramón Villablanca, quién comentó que “el despliegue se realizó con el fin de fiscalizar, esto en el marco de los patrullajes preventivos programados por la Autoridad Marítima, tanto en las rampas de conectividad y en la creciente industria salmonera en Puerto Nuevo”, señalando que “de esta manera la Autoridad Marítima se mantiene desplegada en las zonas de difícil acceso de la Región de Magallanes”.
La Autoridad Marítima realiza diferentes despliegues de fiscalización, coordinando esfuerzos de servidores navales especialistas en el resguardo de la seguridad y protección de los usuarios en el ámbito marítimo y el medio ambiente marino.
El Serviu de Magallanes ordenó la expropiación del inmueble para la construcción de viviendas y áreas verdes. La comisión de peritos fijó una indemnización de $ 21.030 millones (unos US$ 22,7 millones). Sus dueños exigen más del doble.
El Serviu de Magallanes ordenó la expropiación del inmueble para la construcción de viviendas y áreas verdes. La comisión de peritos fijó una indemnización de $ 21.030 millones (unos US$ 22,7 millones). Sus dueños exigen más del doble.
