MEGARREFORMA QUEDA PARA AGOSTO: INTERIOR, SEGPRES Y LA CÁMARA FRENAN EL TRANCO A QUIROZ

Reuniones frenéticas de última hora se dieron esta mañana en el Congreso a horas de la votación de la Sala de la Cámara por el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

Mientras que por el comité de la UDI pasaron varios jefes de bancada del oficialismo para coordinar estrategias y contar votos, los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; y del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado (UDI), aprovecharon de sostener conversaciones.

Por ejemplo, Alvarado se juntó con el independiente René Alinco y legisladores de la DC; mientras que Quiroz concurrió hasta la oficina del comité PDG para tratar de persuadir a algunos de sus diputados.

Aunque había algunos temas aprobados por el Senado -que no fueron plenamente del gusto del Ejecutivo y en especial de Quiroz-, la instrucción a sus parlamentarios era tratar de aprobar todo para evitar una comisión mixta, que se conformaría en por cinco diputados y cinco senadores, con el fin de despejar nudos finales del texto.

La idea era no seguir alargando la tramitación de la emblemática iniciativa, más aún, considerando que podría ser conflictiva la composición de esta instancia mixta, dado el perfil de algunos de sus eventuales integrantes, como la senadora Daniella Cicardini (PS) y los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Jorge Brito (Frente Amplio).

No obstante, un artículo sobre compensación de fondos municipales, que sufrirían una merma por la rebaja de contribuciones, fue rechazado y quedó en manos de esta comisión, cuya composición tampoco quedó resuelta, pues la propuesta que hizo el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), fue rechazada por la mayoría de la Sala. Recién mañana habrá un nuevo intento para llegar a un acuerdo de su integración.

Con ese revés, el plan del titular de Hacienda para lograr despachar a ley la megarreforma en julio, ya no se podrá cumplir, ya que, además, hay cuatro puntos que podrían ser vetados por el Presidente José Antonio Kast, en uso de sus atribuciones constitucionales.

Las normas cuestionadas, que la oposición logró aprobar gracias a descolgados del oficialismo, son: 1) el derecho al olvido financiero por deudas; 2) las garantías para el pago a 30 días paras las pymes; 3) la prohibición de cortar de servicios básicos, por no pago, en zonas siniestradas en Valparaíso, Ñuble y El Biobío; 4) y el impedimento de cobros de intereses sobre intereses (anatocismo).

Consciente de que ello prolongará el trámite, Quiroz había pedido a La Moneda ingresar los vetos presidenciales en forma inmediata, una vez que sea comunicado al gobierno el despacho del megaproyecto por parte del Congreso.

El problema es que el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, ya notificó a los comités de la corporación que él enviará esa notificación 24 horas después de ser aprobado por la Sala. Como ya no se despachó a ley, ello quedó pospuesto.

Dada la presión de Quiroz -quien ha sido el principal promotor para sacar esta iniciativa en un breve plazo con el fin de atenuar la incertidumbre económica-, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se comprometió a ingresar aquellos vetos (observaciones, según el concepto formal de la Constitución) a la brevedad cuando corresponda.

Sin embargo, independiente de ese ingreso, la mesa de la Cámara, que preside Alessandri (UDI), ya tomó la decisión, con la recomendación del mismo Landeros y la venia de la mayoría de las bancadas, de no comenzar a debatir aquellas observaciones hasta inicios de agosto.

Con el percance del artículo rechazado y la comisión mixta que aún está en vilo, a Quiroz ya no le queda más que esperar.

La razón es que después del miércoles ya no hay más sesiones ordinarias esta semana y la próxima semana está calendarizada para el trabajo distrital (territorial).

La única forma de obligar a sesionar a la Cámara sería que el Presidente Kast invoque nuevamente la Carta Fundamental para citar en forma extraordinaria al Congreso.

No obstante, la recomendación política del ministerio de la Segpres, que encabeza José García Ruminot (RN), es no irritar más los ánimos del Congreso, dado que varios parlamentarios también están preocupados de la emergencia climática que afecta a la Zona Central y el Norte Chico.

El ministro del Interior y la mesa del Senado compartieron la misma posición, según las versiones que transmiten algunos legisladores. La opinión de la Cámara Alta también pesa, en ese sentido, ya que los vetos también tienen que ser llevados a la sala de esa corporación.

Fuente: latercera.com