La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) recibió la noticia de un nuevo rechazo del Concejo Municipal a las enmiendas relativas a las “zonas inundables” del Plan Regulador Comunal (PRC) de Punta Arenas con gran sorpresa. La asociación gremial expresa su preocupación por la extensa espera que este retraso significa para múltiples proyectos de edificación, tanto públicos como privados, y también para proyectos de infraestructura de alto impacto social para la capital magallánica.
Desde diciembre de 2019, con el informe de Contraloría General de la República, que más de 400 hectáreas de Punta Arenas fueron interpretadas como “zonas inundables”, paralizando los permisos de edificación y obras varias. Luego, a pesar de que la Municipalidad realizó un largo proceso para modificar el PRC, incluyendo instancias de participación ciudadana y recepción de comentarios varios, el Concejo Municipal decidió no aprobar el texto de la Ordenanza que permitiría construir en terrenos con las mitigaciones pertinentes.
“Esta situación mantiene, desde fines de 2019, a importantes obras paralizadas y pone en riesgo la entrega de numerosas viviendas sociales tan anheladas por la comunidad. A pesar de las gestiones realizadas desde enero de este año por la Municipalidad, aún no hay mayores avances en esta enmienda que, según se dijo en un inicio, iba a ser muy rápida, debido a la gravedad del asunto. El cronograma de trabajo contemplaba que en agosto de este año se presentara la enmienda a Contraloría y se resuelva así este problema, pero vemos cada vez más lejano ese momento”, recordó Carlos Braun, presidente de la CChC Punta Arenas.
Este escenario ha paralizado la ejecución de proyectos emblemáticos de Punta Arenas, como por ejemplo el Terminal de Buses, las nuevas instalaciones del Inia y el futuro cuartel de la PDI, entre otros. Esta indefinida encrucijada también afecta a viviendas sociales, dado que la construcción de casi novecientas soluciones habitacionales de inversión pública está detenida actualmente, y además mantiene en incertidumbre que realmente se puedan edificar casi siete mil viviendas sociales para los próximos años, perjudicando a pobladores que están a la espera de la anhelada casa propia.
“Este problema del Plan Regulador es tan grave que incluso corre riesgo el reciente Convenio de Programación que estableció el Minvu con el gobierno regional para edificar más de 6.700 viviendas sociales en Magallanes. La mayor parte de estas soluciones habitacionales no se podrán llevar a cabo si no se aclara vía esta enmienda al PRC que es factible construir en los terrenos en cuestión con las mitigaciones correspondientes”, apunta Braun.
Adicionalmente, con este problema del PRC de Punta Arenas en casi 1.400 predios de la ciudad (zonas como Villa Las Nieves, Terrazas del Estrecho y Bahía Catalina, entre otros) no se pueden realizar ampliaciones, regularizaciones ni emprender nuevas obras, provocando un daño irreparable a numerosas familias que han visto truncada la opción de hacer crecer sus viviendas y/o regularizarlas.
“Este conflicto ha demostrado que nuestro Plan Regulador Comunal requiere de un cambio profundo que surja de un diálogo y trabajo fructífero entre los distintos actores involucrados. Es imperativo que este documento se adapte y esté en concordancia con la actual realidad de Punta Arenas y que a su vez converja en armonía con los requerimientos de la población. Este instrumento de planificación es clave para la legitimidad de las estrategias de desarrollo y las acciones sobre las ciudades y comunas que se realicen, pero es urgente actuar para clarificar las Políticas Públicas de inversión de los Ministerios respectivos”, asevera el presidente de la CChC regional.
Cabe destacar que en forma paralela el Minvu Magallanes está trabajando una actualización general del Plan Regulador Comunal de Punta Arenas. La CChC Punta Arenas se ha reunido en varias ocasiones con el seremi de Vivienda y Urbanismo y valoró la realización de la cartografía de la ciudad con alta tecnología, pero en la actualidad el proceso se encuentra detenido: aún no se ha aprobado la asignación presupuestaria de $180 millones para continuar con las enmiendas.