24 de marzo de 2019
COMITÉ DE ADJUDICACIÓN REGIONAL EVALUÓ OFERTAS TÉCNICAS DE EMPRESAS INTERESADAS EN PRESTAR DEFENSA PENAL GENERAL EN MAGALLANES
En el auditorio de la Defensoría regional de Magallanes se efectuó la primera sesión del Comité de Adjudicación Regional (CAR), con la finalidad de resolver el 24° proceso de licitación de defensa penal general. El proceso licitatorio contempla la selección […]
En el auditorio de la Defensoría regional de Magallanes se efectuó la primera sesión del Comité de Adjudicación Regional (CAR), con la finalidad de resolver el 24° proceso de licitación de defensa penal general. El proceso licitatorio contempla la selección de 4 abogados por un plazo de tres años para la zona de Punta Arenas.
El Comité de Adjudicación regional es un órgano autónomo que contempla la ley de la Defensoría Penal Pública y lo integran la Defensora regional, Gustava Aguilar; un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el caso de Magallanes corresponde a la funcionaria de la Seremi de Justicia Tatiana Naduam; un representante del Defensor Nacional, el Director Administrativo Regional de la Defensoría, Claudio Miranda; un académico de la Región, del área de la economía, que en el caso de Magallanes es la vicerrectora de Administración y Finanzas de la Universidad de Magallanes Elizabeth Jéldres y un juez con competencia penal, el Juez del Tribunal Oral en Lo Penal Guillermo Cádiz.
El Director Administrativo regional Claudio Miranda, señaló que en esta sesión se constituyó el comité y se procedió a la evaluación de las ofertas técnicas.
“En primera instancia se revisan las garantías de seriedad de las ofertas, se declara su admisibilidad o no y, si corresponde, se revisan los antecedentes administrativos de los oferentes, los criterios de evaluación por adhesión y, finalmente, los criterios de evaluación que otorgan puntajes, todo conforme lo establecen las bases administrativas y técnicas que rigen el llamado a licitación N° 24 de defensa penal. Terminada la sesión se verifica si los oferentes cumplen o no con las condiciones mínimas establecidas en las bases para pasar a la siguiente etapa de evaluación económica, la que según calendarización del proceso se inicia el 27 de marzo”, explicó el directivo de la defensoría.
Cabe señalar que la Defensoría Penal Pública presta un servicio de defensa penal mixto, esto es con abogados que tienen la calidad de funcionarios públicos de la Defensoría y con prestadores privados quienes son seleccionados a través de un sistema de licitación pública.
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