A un año de su implementación, el programa Crianza Austral, ejecutado por REPRODIS, la Red de Protección en Derechos e Inclusión Social –en colaboración con la carrera de Terapia Ocupacional UMag y financiado por SENADIS–, cierra su primer ciclo anual con resultados transformadores en la Región de Magallanes.
En un territorio marcado por el aislamiento geográfico, la desigualdad de acceso y la escasa articulación intersectorial, el programa logró desarrollar un proyecto de intervención comunitaria poniendo al centro la justicia ocupacional, la accesibilidad universal y los derechos humanos, sin perder de vista la transferencia de herramientas de apoyo y contención psico-emocional.
Articulando una red de cuidados
Al igual que en la crianza, la necesidad de sostener prácticas y encuentros en un espacio seguro, forjó la determinación en el equipo de dar curso a la formulación del proyecto. Tras años conociendo de cerca la realidad local –caracterizada por escasa articulación intersectorial y una fuerte discriminación estructural–, el diagnóstico de las terapeutas ocupacionales Melissa Hichins y Daniela Mandiola, responsables técnicas de Crianza Austral y académicas de la UMag, fue apuntar a la intervención grupal.
Así se gestó un programa de 11 meses de duración, cuyo objetivo –como indica la línea concursable del Servicio Nacional de la Discapacidad– es la del «Tránsito a la vida independiente en modalidad colectiva». Entre los hitos de este ciclo, destaca la consolidación de un grupo de apoyo parental con participación sostenida, el acompañamiento legal en procesos judiciales de las usuarias y la vinculación efectiva con actores comunitarios y estatales. Todo lo anterior, enfrentado desde una metodología participativa, centrada en la persona y con un enfoque ético del cuidado, respaldado por un equipo conformado por 7 profesionales del área ocupacional, psicológica, jurídica y comunicacional.
Cada mes, las usuarias permanentes del programa –casos previos y nuevos de las intervenciones de la carrera de TO– se dieron cita en las distintas sedes de la Universidad de Magallanes, habilitadas para el encuentro y la creación de dinámicas de diálogo, práctica y transferencia de conocimientos en torno a sus derechos como personas cuidadoras con discapacidad. Incluso, cada jornada contó con el apoyo de estudiantes en práctica profesional al cuidado e intervención de los hijos e hijas de las usuarias, de modo que estas pudieran concentrar sus energías y atención en los diversos contenidos pensados para ellas.
Resultados e impactos: orgullosamente sobre las expectativas
Uno de los casos emblemáticos del año fue el acompañamiento a una mujer con discapacidad psicosocial involucrada en un proceso judicial por su maternidad. Gracias al trabajo del equipo, se logró tensionar las prácticas capacitistas del sistema judicial, promoviendo un trato con enfoque interseccional, junto con el reconocimiento pleno de sus derechos como madre. Otro de los casos significativos para las profesionales incluyó a una usuaria en situación de calle, cuyo proceso de intervención permitió su acceso a salud, justicia y acompañamiento continuo, pese a las condiciones preexistentes de alta vulnerabilidad, marcando un precedente de éxito sobre la base de la confianza y el compromiso de las partes con sus familias.
Para un programa con un perfil de participantes diverso en términos de edad, género, situación legal y espectro de vulnerabilidades, las técnicas y dinámicas empleadas forman parte de lo que, en un futuro, podría consolidarse en la creación de un manual metodológico de libre acceso para organizaciones afines, impulsando así la necesidad de reforzar la capacitación del sistema judicial y sanitario en cuanto al trato de personas cuidadoras con discapacidad.
Parte de las jornadas prácticas del programa Crianza Austral, fueron dedicadas al desarrollo de actividades de rol, donde las usuarias pudieron experimentar en primera persona la forma adecuada de ser atendidas según la normativa actual, por ejemplo, en el caso de una Audiencia de Familia. Una forma de aprender y compartir estrategias de manera lúdica, potenciado con la entrega de materiales accesibles de consulta y, lo más importante: enmarcadas en una red de soporte sensible, de asistencia genuina y apostando por la dignidad de cada participante.
Hacia la creación de protocolos para la justicia parental inclusiva
Más allá de los potentes resultados, el programa deja instalada una pregunta de urgencia pública: ¿qué apoyos requiere el ejercicio pleno de la maternidad o paternidad en personas con discapacidad? Las profesionales tras el proyecto concuerdan en una realidad lamentable: las resistencias institucionales frente a la necesidad de incorporar protocolos inclusivos en salud y justicia; dos ejes clave para el progreso en materia de accesos a una experiencia de parentalidad igualitaria.
La necesidad de continuidad y la falta de financiamiento entran una vez más en pugna. No obstante, el equipo manifiesta optimismo ante una posibilidad de proyección, basada en los logros de esta breve puesta en marcha. Unos de los sueños de Crianza Austral y REPRODIS –organización que continúa forjando espacios dirigidos a este importante segmento de la población y los aprendizajes de este año de ejecución– es construir un Observatorio Regional de Justicia Parental Inclusiva de la mano de la Universidad de Magallanes. “Este surge de la necesidad de contar instancia permanente de investigación-acción y articulación intersectorial, cuyo objetivo central sería generar evidencia y proponer mejoras al sistema de protección y justicia para familias donde uno o ambos cuidadores tienen discapacidad”, señala Hichins, coordinadora general.
Asimismo, la evaluación positiva de la institucionalidad da luces respecto de la posibilidad de dar continuidad a programas territoriales basados en la colaboración intersectorial. Bernarda Cares, directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, confirma la necesidad de seguir trabajando por la inclusión, autonomía y respeto “para que este grupo pueda ejercer de forma consciente y responsable el ejercicio de una maternidad y parentalidad activa. Entendemos que este trabajo colaborativo entre Estado y sociedad civil es el camino adecuado para generar nuevas iniciativas que resulten coherentes e idóneas y generen valor público en la ciudadanía”.
La continuidad del trabajo dependerá de la sostenibilidad de recursos y del compromiso público para la instalación de más y nuevas medidas inclusivas en las diferentes dimensiones del desarrollo social a nivel país, que fortalezcan las iniciativas particulares de acompañamiento a escala local, que queda demostrado ser el campo de acción realista y más efectivo para nuestra realidad nacional.
