15 de abril de 2019
EXTRACCIÓN DE TIERRA DE HOJAS: DESDE 541 DÍAS A 5 AÑOS DE PRESIDIO SE EXPONEN QUIENES COMETAN ESTE DELITO
En condiciones de ser visto por la Sala, está el proyecto que modifica la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hojas, que cursa su segundo trámite […]
En condiciones de ser visto por la Sala, está el proyecto que modifica la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hojas, que cursa su segundo trámite en el Senado.
Esto luego que los integrantes de la Comisión de Agricultura aprobaran la idea de legislar en la última sesión. Los legisladores escucharon previamente, la opinión del Ejecutivo en cuanto a la norma y a los profesores asociados de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, Sergio Donoso y Juan Pablo Fuentes.
Básicamente la problemática a la que responde esta iniciativa dice relación con la necesidad de terminar con la extracción de tierra de hoja en el país, dado los efectos que genera en el escurrimiento de aguas lluvias, cauces naturales y defensas fluviales.
Se entiende por ésta, aquel material vegetal que proviene principalmente de los bosques y es recolectado desde la capa superior del suelo, formado por hojarasca. Este producto es altamente valorado por viveros y por la jardinería en general, puesto que agiliza y mejora el desarrollo de diversos tipos de árboles, arbustos y plantas en general.
La propuesta consigna que cada año se extraen en Chile aproximadamente 60 mil metros cúbicos de tierra de hoja, por lo propone que este hurto sea castigado con penas que van desde los 541 días a 5 años de presidio y multas que oscilan entre 5 y 30 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), además del comiso de lo extraído.
Desde un punto de vista legislativo, la norma ya había sido respaldada en general en noviembre pasado por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Ahora al ser aprobada por la Comisión de Agricultura, los congresistas deberán analizar los informes emitidos por ambas instancias en una próxima sesión ordinaria.
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