FORTALECER EL CONTROL PARA CUIDAR LA DESCENTRALIZACIÓN

Durante los últimos meses el escenario político nacional se ha visto sacudido por una serie de situaciones que, con justa razón, encienden las alarmas ciudadanas sobre la probidad y el buen uso del gasto público. El bullado “caso convenios”, que inicialmente pareciera una escandalosa anomalía, rápidamente puso la lupa sobre los procedimientos institucionalizados para la transferencias de recursos, dejando al descubierto debilidades sistémicas que van mucho más allá de un caso aislado y, por el contrario, involucra el funcionamiento del Estado en sus múltiples expresiones: nivel central, gobiernos regionales y comunales, vinculación público-privada, entre otros; que nos obliga a buscar formas de robustecer las regulaciones sin perder autonomía.

Pienso que es importante tener presente que estos cuestionados procedimientos, implementados desde el 2018 en adelante, responden a la necesidad de poder agilizar la ejecución presupuestaria y brindar mayor autonomía a los gobiernos territoriales para atender sus necesidades particulares. Para ello generaron, en la mayoría de las veces, alianzas con instituciones privadas sin fines de lucro que a su vez cumplen un rol fundamental, convirtiéndose en un brazo de extensión del Estado, para llegar donde éste no lo hace.

Del mismo modo, pienso que enfatizar en la importancia de tener mayor autonomía para el gasto público a nivel local se vuelve especialmente relevante en una región como Magallanes, cuyas particularidades geopolíticas nos exigen poder tomar decisiones de manera oportuna y eficaz.

Por esta razón, quienes ocupamos espacios de decisión política, tenemos el deber de leer este momento político como una oportunidad para revisar los procedimientos existentes y dotarlos de mayor transparencia y control, sin que esto implique perder de vista la posibilidad de avanzar en la tan requerida descentralización que, recordemos, ha sido una de las demandas históricas en nuestra región.

Evidentemente el proceso de descentralización implica mayor autonomía y la autonomía exige a su vez mayor responsabilidad. Es justamente ahí donde debemos poner la atención. Lejos de dar espacio a un retroceso en esta materia, la pregunta debe ser cómo hacemos para fortalecer la institucionalidad y los marcos normativos vigentes para poder contar con herramientas que nos permitan tener un mayor control y seguimiento a los procesos de transferencia de recursos.

Junto con lo anterior, es bueno recordar que la descentralización necesita también un componente político, que debería traducirse en la desconcentración del poder, permitiendo la existencia de contrapesos que democraticen las discusiones y la toma de decisiones. En ese sentido, el rol quedan cumplir los Consejos Regionales como ente fiscalizador resulta fundamental y para ello se debe relevar su participación y capacidad de incidencia.

Cuando se pone en cuestionamiento la fe pública, la respuesta siempre debe ser más democracia y mayor descentralización. No al contrario.