“Frente a cualquier infracción a la normativa, desde la Subsecretaría pondremos en conocimiento de esto a la Superintendencia de Educación Superior (SES) para que evalúe la situación”.

La advertencia en el correo electrónico que llegó a las universidades pertenecientes al Sistema de Acceso era clara: las instituciones que, como ocurría otros años, esta vez decidieran elaborar rankings de colegios, informes, estudios con los puntajes generales o divulgar externamente los resultados de la reciente Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), ahora serían informadas a la SES. Esto, de inmediato, generó ruido en buena parte de las universidades, que habitualmente difundían sus propios estudios al respecto.

Desde la Subsecretaría de Educación Superior esta vez se encargaron una y otra vez de poner en carpeta esta situación. “Los archivos enviados se entregan exclusivamente para que las instituciones puedan realizar sus procesos de admisión y matrícula, además de realizar análisis respecto a sus procesos internos. Está prohibida la utilización de esta información para otros fines, incluyendo: contactar directamente a inscritos y/o postulantes que no hayan manifestado su intención de ser contactados por la respectiva institución; publicar estudios o informes que den cuenta sobre el proceso de admisión u otros estudios que no correspondan a los resultados de su propia institución”, se leía, por ejemplo, en el Protocolo de Transferencia de Datos, proceso de Admisión 2024, que le llegó a las casas de estudio hace un tiempo.

Asimismo, en el correo electrónico del 29 de diciembre que desde la Subsecretaría enviaron a los representantes de universidades y diversos actores del ministerio, se señalaba que “tanto la información de puntajes como la de distinciones que se compartirá con las universidades debe utilizarse únicamente para efectos de resguardar el desarrollo del proceso de admisión” y que “dado el propósito bajo el cual es capturada y compartida esta información con las universidades, sumado a que en éstas se contemplan datos personales y sensibles de los postulantes, los cuales están protegidos por la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, no corresponde su divulgación con organismos externos al Sistema de Acceso, ni generar informes públicos acerca de resultados totales o parciales del proceso, o manipulación de cualquier tipo con fines distintos al desarrollo del proceso de admisión”.

“Como Subsecretaría de Educación Superior creemos fundamental establecer como buena práctica en el Sistema de Acceso, el manejo prolijo y confidencial de estos datos. En virtud de lo señalado anteriormente, le pedimos su colaboración en el resguardo de esta buena práctica en sus labores de admisión para el proceso en curso y posteriores”, agregaban, para luego dar paso a la advertencia sobre poner en conocimiento de la SES cualquier infracción.

Otro correo, llegado junto a la minuta -reservada- de entrega de resultados durante esta jornada, pedía a los rectores “utilizar este documento para análisis internos en sus instituciones, evitando difundirlo de manera masiva a prensa u otros medios de comunicación. Ponemos en copia también a las y los delegados de sus respectivas instituciones para que estén al tanto de esta información”.

Así fue como las universidades comenzaron a advertir ya hace algunos días de forma el uso de los resultados PAES, los que, por cierto, les llegan por anticipado para preparar el sistema de admisión.

¿Anti rankings?

Desde la Subsecretaría de Educación Superior reseñan que se encuentran en la obligación de cumplir la normativa vigente que establece que los procesos e instrumentos de acceso que utilicen las instituciones de educación superior deberán ajustarse a lo dispuesto en la ley N° 19.628 que establece normas sobre protección de la vida privada, además de cumplir con la autorización específica de uso de datos que acepta cada estudiante al momento de inscribir la PAES.

“Las universidades que adscriben al Sistema de Acceso conocen estas disposiciones legales en las que se establece que deben utilizar la información que obtengan como consecuencia de su participación en el Sistema solo para los procesos directamente relacionados con la admisión universitaria”, reseñan, agregando que los datos entregados por el Mineduc a las universidades son un insumo para el proceso de admisión “y no se encuentran anonimizados, como sí se utiliza para investigaciones académicas, por lo que su uso para fines distintos efectivamente atenta contra la protección de los datos personales y de la vida privada”.

Además, señalan entender la relevancia que tiene para el país el realizar estudios en base a los resultados de la PAES, pero que esto se hace en abril “bajo estrictos procedimientos de anonimización, que permiten el uso de la información para diversos fines sin comprometer la privacidad de las y los postulantes”.

Y si bien la resolución exenta N° 5250, publicada durante el primer año del Presidente Boric en noviembre de 2022, reza sobre esto, lo cierto es que a las casas de estudio les molestó el tono en que la Subsecretaría las conminó a evitar lo que el año pasado sí hicieron y que, añaden, tampoco provocó reprimendas. Desde algunas universidades reseñan que esto tiene un componente ideológico fuerte, a sabiendas, dicen, de que al Mineduc de este gobierno no le gustan, por ejemplo, los rankings de colegios. “Les debe haber molestado que en 2023 sí salieran algunos listados”, aseveran, además de considerar esto una práctica restrictiva, así como que los datos que les llegaban no contemplaban información de individuos, lo que restringe los análisis.

Con todo, Consuelo Iturrieta, subdirectora de Políticas Públicas de Educación 2020 señala que no se debe confundir la PAES con el Simce, pues la primera no mide estrictamente calidad educativa. “Los resultados de la PAES están cruzados por otros aspectos más allá de lo que hace la escuela, como por ejemplo el estudio intensivo que hacen ciertos estudiantes de manera autónoma, la preparación a la que pueden acceder algunos estudiantes por medio de preuniversitarios, y otros factores”. En ese sentido, agrega, “si bien es tentador hacer rankings de qué establecimientos obtuvieron los mejores resultados en la prueba, es técnicamente incorrecto y engañoso, y además va en contra de la idea de instaurar prácticas de colaboración en el sistema educativo, por sobre la competencia. Si se quiere medir la calidad educativa, es imprescindible remitirse a la prueba que fue diseñada para eso, es decir, el Simce”.

Fuente: latercera.com