MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE DESTACA EL PAPEL ESTRATÉGICO DE PUNTA ARENAS COMO PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA

La agenda antártica, la modernización de los procedimientos de evaluación ambiental, la puesta en marcha del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y la respuesta del país frente al cambio climático fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la entrevista, la secretaria de Estado explicó que su visita a la Región de Magallanes contempla una sesión del Comité Operativo de Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico, instancia destinada a revisar proyectos que buscan contribuir al desarrollo de la ciencia, las comunicaciones y las actividades vinculadas al continente blanco.

La ministra también se refirió a las medidas impulsadas por el Gobierno para agilizar los procedimientos administrativos ambientales, las razones para ajustar el calendario de instalación del SBAP y la necesidad de que municipios y gobiernos regionales avancen en acciones concretas de adaptación climática.

Proyectos antárticos: ciencia, comunicaciones e infraestructura

Uno de los principales motivos de la visita de Francisca Toledo a Magallanes fue la realización de una nueva sesión del Comité Operativo de Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico. Según explicó, se trata de la primera reunión de esta instancia durante la administración del presidente José Antonio Kast.

En la sesión se revisarían distintos proyectos que se encuentran en carpeta, entre ellos iniciativas del Instituto Antártico Chileno (INACH), una antena de telecomunicaciones, instalaciones relacionadas con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), un proyecto de la Armada y otro vinculado a Antártica21.

La ministra destacó que estas iniciativas pueden contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales en el continente blanco, especialmente en materia científica, logística y de comunicaciones.

La secretaria de Estado también valoró el trabajo científico desarrollado durante décadas por universidades, fundaciones e instituciones especializadas, destacando la importancia de mantener y ampliar las capacidades de investigación en torno a la Antártica y los océanos.

En ese contexto, sostuvo que Magallanes tiene una posición estratégica por su cercanía geográfica y por la experiencia acumulada en investigación científica y colaboración internacional.

La conversación también abordó el apoyo que las Fuerzas Armadas, particularmente la Armada, pueden entregar a la investigación científica mediante sus capacidades logísticas, embarcaciones e infraestructura. Para Toledo, esta colaboración permite facilitar el trabajo de investigadores y fortalecer la cooperación entre distintos sectores.

La evaluación de los proyectos antárticos constituye, de esta manera, una parte de los esfuerzos por consolidar el papel de Chile en el continente y respaldar las actividades científicas y operativas que se desarrollan desde la Región de Magallanes.

Agilización de los procedimientos ambientales sin rebajar los estándares

Otro de los ejes de la entrevista fue la necesidad de mejorar los tiempos de tramitación de proyectos, una materia especialmente relevante para una región donde convergen iniciativas relacionadas con infraestructura, turismo, energía, logística y actividades productivas.

Consultada sobre cómo compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental, la ministra afirmó que el trabajo del Gobierno se ha centrado en cumplir los plazos establecidos por la normativa, mediante ajustes administrativos y mejoras en la gestión interna.

Toledo sostuvo que la demora en la entrega de resoluciones no solo afecta a quienes buscan desarrollar un proyecto, sino que también puede prolongar la incertidumbre de las comunidades que tienen observaciones o inquietudes respecto de una iniciativa.

Como ejemplo de las medidas implementadas, la secretaria de Estado indicó que se han reducido los tiempos de publicación de las resoluciones de los comités de ministros. Según detalló, anteriormente este proceso podía demorar alrededor de seis meses, mientras que actualmente se busca completarlo en 15 días hábiles.

Además, anunció que el Ministerio se encuentra en la etapa final de elaboración de un proyecto de ley para reformar el Servicio de Evaluación Ambiental, con el propósito de resolver aspectos que, a juicio de la autoridad, generan incertidumbre jurídica.

Entre los puntos mencionados está la posibilidad de reclamar contra una resolución de calificación ambiental y los plazos para presentar esos recursos. La propuesta, explicó, busca establecer un periodo de 30 días para reclamar, manteniendo mecanismos para que terceros puedan formular sus preocupaciones.

La ministra planteó que el objetivo es contar con procedimientos más oportunos y previsibles, sin dejar de evaluar cada iniciativa según sus propios antecedentes y méritos.

SBAP: traspaso de parques nacionales se concretará en marzo de 2027

Durante la conversación, Francisca Toledo también abordó el proceso de instalación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, organismo que asumirá la administración de los parques nacionales y otras áreas protegidas, además de incorporar a los guardaparques que actualmente cumplen funciones en estos territorios.

La ministra explicó que, al asumir la actual administración, se revisaron las condiciones administrativas para efectuar el traspaso, que inicialmente se había previsto para agosto de 2026. Tras esa evaluación, se determinó postergar el proceso hasta marzo de 2027.

La decisión, precisó, responde a la necesidad de garantizar que el nuevo servicio cuente con las capacidades administrativas y operativas necesarias para asumir sus responsabilidades.

Toledo detalló que la administración de los parques requiere disponer de sistemas y equipos capaces de asegurar tareas esenciales, como el pago de remuneraciones, la adquisición de insumos, el abastecimiento de combustible y el mantenimiento de vehículos.

“Todo eso requiere un staff detrás y ese staff no estaba completo, entonces el riesgo era muy alto hacerlo en agosto, porque aquí no hay que olvidar que. Cuando se traspasan uno tiene que asegurarse que al menos que la remuneración se va a seguir pagando, o sea de cosas muy operativas y consideramos que no estaban las condiciones que iba a ser mucho el riesgo y se tomó la decisión de postergar hasta marzo del próximo año este traspaso ya formal”, sostuvo.

La secretaria de Estado recalcó que el ajuste no modifica el plazo máximo establecido por la ley, que contempla marzo de 2027 para completar el proceso. En ese sentido, indicó que la postergación corresponde a una decisión administrativa coordinada entre el SBAP y la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con la directora de CONAF, Aída Baldini, y con el director del nuevo servicio, Tomás Arancibia, para preparar la transición y abordar las inquietudes de los funcionarios.

El proceso representa uno de los desafíos institucionales del Ministerio, debido a la necesidad de transferir responsabilidades, personal y recursos sin interrumpir la administración de las áreas protegidas ni las labores de conservación.

Cambio climático: el desafío de pasar de los planes a la acción

En el último tramo de la entrevista, la ministra se refirió a los eventos meteorológicos extremos registrados en distintas regiones del país y a la necesidad de preparar a las comunidades frente a los riesgos asociados al cambio climático.

En la conversación se mencionó la situación del río de las Minas en Punta Arenas, que recientemente motivó medidas preventivas, junto con otros episodios de inestabilidad climática registrados a nivel nacional.

Toledo sostuvo que el país ha enfrentado eventos relevantes durante gran parte del año y que se observa una mayor frecuencia e intensidad de determinadas situaciones. Si bien se refirió a la influencia del fenómeno de El Niño, indicó que existen estudios que relacionan parte de esa intensificación con los efectos del cambio climático.

La ministra recordó que Chile cuenta con una Ley Marco de Cambio Climático, que establece instrumentos y objetivos para avanzar hacia la carbono neutralidad al año 2050. Sin embargo, recalcó que el cumplimiento de esas metas no depende exclusivamente de su cartera, sino que requiere la participación de distintos ministerios, gobiernos regionales y municipios.

En particular, destacó la importancia de los planes de adaptación comunales y regionales, que deben identificar las vulnerabilidades climáticas de cada territorio y establecer las medidas necesarias para responder a ellas.

La autoridad explicó que estos instrumentos deben traducirse en acciones concretas, como infraestructura más resiliente y obras que permitan reducir los efectos de las amenazas climáticas sobre la población.

“Entonces, cuando hablamos de cambio climático hay una responsabilidad extendida en distintos ministerios, ministerio de medio ambiente como dije, le toca coordinar y dentro de los instrumentos que están en la ley están los planes de adaptación comunales. Y los regionales”, indicó.

En relación con las acciones impulsadas por el Ministerio, Toledo informó que se han enviado oficios a municipios y gobiernos regionales para conocer el estado de avance de estos planes y verificar si las medidas comprometidas se están ejecutando.

La secretaria de Estado enfatizó que el desafío actual consiste en superar la etapa de planificación y avanzar hacia una gestión efectiva, identificando los obstáculos que impiden implementar las medidas y buscando soluciones junto a las instituciones responsables.

Inversiones climáticas y cooperación internacional

Como parte de las acciones vinculadas a la agenda climática, la ministra también se refirió al trabajo del Gobierno para autorizar proyectos asociados al artículo 6 del Acuerdo de París, mecanismo que permite desarrollar iniciativas de cooperación climática y compensación de emisiones bajo determinadas condiciones.

Según indicó durante la entrevista, durante este año se habían autorizado cerca de seis proyectos, que en conjunto representan inversiones superiores a los 600 millones de dólares en Chile.

La autoridad vinculó estas iniciativas con la necesidad de movilizar recursos y acelerar la implementación de medidas que contribuyan a enfrentar el cambio climático.

Asimismo, planteó que la discusión internacional debe centrarse cada vez más en cómo cumplir los compromisos adquiridos y asegurar el financiamiento necesario para llevarlos a la práctica.

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