14 de abril de 2024
MUNICIPIO BUSCA DEJAR SIN EFECTO RESOLUCIÓN ARBITRARIA DE DIPRES
La administración comunal iniciará acciones judiciales.
La administración comunal iniciará acciones judiciales por medio del Estudio Jurídico Momag, dirigido por el abogado y ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, para suspender este fallo que pretende descontar automáticamente el próximo mes $1.000 millones del Fondo Común Municipal.
Luego de realizar un profundo análisis de la resolución de la Dirección de Presupuestos (Dipres), la cual pretende para el próximo mes descontar $1.000 millones y un poco más de $3.400 millones para este año del Fondo Común Municipal, de manera automática a través de la Tesorería Nacional de la República; la Municipalidad de Punta Arenas por medio de su Asesoría Jurídica, determinó reclamar en contra de este fallo al encontrar vicios de legalidad y arbitrariedad, por medio de la existencia de argumentos de orden constitucional, administrativo y laboral.
Para esto, desde la administración comunal se explicó que para este proceso se requiere de una dedicación exclusiva y altamente especializada, lo cual exige conocimientos integrales en estas ramas del derecho, es por esto que luego de contactar a distintos estudios jurídicos, el Municipio optó por contratar al Estudio Jurídico Momag, dirigido por el abogado y ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza.
"Estamos convencidos de que esta resolución es arbitraria y es por esto que tal como lo informamos en el Concejo Municipal, hemos tomado contacto con distintos estudios jurídicos de Santiago, porque hay que tener en claro que este tema tiene un pie en la capital, por lo tanto, muchas de las acciones judiciales se van a tener que realizar directamente en Santiago", explicó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien añadió que "optamos por contratar al ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, quien va a redactar un informe en derecho que avale nuestra posición, él está convencido tal como nosotros de que esta resolución es arbitraria y, por lo tanto, debe quedar sin efecto".
Sumado a lo anterior, la autoridad local señaló que "en la reunión que tuve con la Dipres, también manifesté que tomaríamos estas acciones, en la vida hay que ser correcto y es por esto que lo informé, pero también se pudo dar cuenta del gran impacto que tiene en nuestra población esta resolución, que trató de dos páginas sin fundamentos, sin dar cuenta de quién envió estos datos, sin aclarar por qué en un mes se descuenta una cifra más alta que en otros, por qué llegamos a estas cifras, y sobre todo, el no entender que la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores y no conozco ninguna que disminuya sus derechos, salvo que el gobierno crea que así es lo correcto".
En esta misma línea, la asesora judicial de la Municipalidad de Punta Arenas, Claudia Casas, afirmó que "después de un análisis que hemos hecho como departamento jurídico, tenemos la convicción de que esta resolución es absolutamente arbitraria y además es ilegal, por lo tanto, carece de varios aspectos y fundamentos, y tiene varias implicancias que van desde el ámbito constitucional, laboral y también del derecho administrativo", sostuvo la funcionaria municipal, quien agregó que "vamos a tomar las acciones legales para suspender y no permitir que se efectúen los cobros que vienen ahora desde mayo hasta diciembre".
De esta manera, las acciones judiciales a seguir por parte de la actual administración comunal, serán representadas por el servicio judicial de Mendoza, el cual cuenta con las credenciales tanto académicas como laborales para afrontar este desafío de a lo menos buscar, en lo inmediato, suspender o dejar sin efecto esta resolución que produce un evidente perjuicio para la Municipalidad de Punta Arenas, para luego de ello, estudiar y emprender otras vías legales que permitan discutir sobre el fondo del asunto.
En cuanto a las primeras acciones, se buscará la suspensión de los efectos de esta resolución, para posteriormente, discutir la procedencia del cálculo que obliga al Municipio a que pague estas asignaciones y los montos que efectivamente le corresponden pagar, cuestiones que en la resolución de la Dipres, lastimosamente, no se aclaran.
El informe mostró los resultados de una encuesta realizada a los vecinos y vecinas del sector: el recinto, de ser habilitado, beneficiaría a al menos 5.556 personas.
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