Con la finalidad de impulsar el proceso participativo para el diseño del Plan Nacional de Búsqueda, instrumento de política pública que avanza en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico militar en Chile, esta semana tuvo lugar en Magallanes el primer encuentro participativo de esta instancia coordinada directamente desde la Subsecretaría de Derechos Humanos.

El salón de reuniones de la SEREMÍA de Salud albergó esta reunión, que estuvo encabezada por Marcelo Orellana, Sandra Piñeiro y Lorena Peralta, profesionales del nivel central de la mencionada repartición, junto a la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, con la presencia de representantes de distintas agrupaciones históricas de Derechos Humanos, en pos de organizar en forma eficiente todos los esfuerzos desplegados para dar con el paradero de detenidas y detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, cuyos cuerpos no han sido encontrados.

Entre quienes participaron de esta cita, Marco Barticevic Sapunar, expresó que es realmente importante que desde la Subsecretaría de DD.HH. del Ministerio de Justicia se impulse esta actividad, “y de la forma participativa que se está haciendo, que es escuchar la opinión de diferentes agrupaciones de Derechos Humanos a lo largo del país, y donde existen situaciones realmente diversas”. Incluso destacó el hecho que a quienes vinieron de Santiago se les diera a conocer un par de nombres de víctimas a nivel regional, los cuales no tenían consideradas en su base de datos.

Esto, junto con plantear la necesidad de extender este proceso al periodo previo a septiembre de 1973, y también para incorporar violaciones a los DD.HH. posteriores al término de la dictadura, como también lo expuso Manuel Aguilante, de la Agrupación Beneficiarios del Programa de Reparación Integral de Salud y Derechos Humanos (PRAIS): “creemos que el Estado debe hacerse responsable de todos los violentados por el Estado en todos los tiempos, y cuando hay una manifestación pública, cuando son golpeados los manifestantes debe hacerse responsable de sus lesiones, la atención médica, al igual que con nuestros pueblos originarios”. Remarcó los casos aquí en Magallanes, antes del Golpe de Estado de 1973, de un periodista que permaneció detenido por las Fuerzas Armadas y de un trabajador asesinado vilmente en un allanamiento de la Lanera Austral.

Ante la necesidad después de 50 años de esclarecer situaciones como la búsqueda de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, instó a que se amplíe más allá a situaciones como la sustracción de niños en dictadura, lo cual “no es una situación menor”. Asimismo, mencionó que la desaparición forzada también es un tema en democracia, en el cual la sociedad ha adquirido el hábito de hacer desaparecer personas, por lo que ante cualquier sospecha destacó la importancia de informar todo antecedente y que el Estado se haga parte de todas aquellas causas.

La Seremi Michelle Peutat valoró este proceso de escucha activa, colaborativa y colectiva, que busca integrar una mirada regional en este proceso, motivado por la construcción de un futuro basado en memoria, justicia, reparación y la convicción firme de no repetición, integrando en su diseño e implementación la mirada de familiares de las víctimas, sus agrupaciones, expertos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Agregó que en su posterior etapa, el diseño del Plan se presentará y dialogará con las diversas entidades del Estado involucradas en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, a través de una mesa interinstitucional, para de ahí proceder a una sistematización de recomendaciones y redacción del Plan, cuyo documento definitivo será sometido a aprobación al Comité Interministerial de Derechos Humanos, y de ahí será formalizado en un acto público para su implementación.

De acuerdo a cifras proporcionadas por la Subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, detalló que existen 1.159 personas detenidas desaparecidas quienes aún son buscadas de un total de 1.469, en virtud de información actualizada que ha entregado el Servicio Médico Legal.