17 de enero de 2024
«55 DEMOCRACIA VIVA, 28 FRAUDES EN VITACURA, 914 DE KAREN ROJO»: FISCALÍA COMPARA EL CASO BARRIGA
La Fiscalía Oriente realizó una comparación de lo que es el fraude que se le imputa a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, a quien se le pide prisión preventiva. La fiscal de Alta Complejidad, Constanza Encina, señaló que “nos encontramos […]
La Fiscalía Oriente realizó una comparación de lo que es el fraude que se le imputa a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, a quien se le pide prisión preventiva.
La fiscal de Alta Complejidad, Constanza Encina, señaló que “nos encontramos ante uno de los fraudes más cuantiosos que se ha conocido en la historia municipal de nuestro país”.
Esto porque se acusa que la defraudación llega a los casi $31 mil millones. Para ello, dio el siguiente ejemplo.
“Para dimensionar la magnitud, el monto defraudado del caso Democracia Viva corresponde a $391 millones; en el caso del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, $750 millones; en Algarrobo $1.069 millones. Todos fueron considerados un peligro para la sociedad.
El caso fraude de Carabineros, que tiene 31 imputados, el monto total de lo defraudado es de $28.300 millones. Si llevamos esas cifras al fraude que tenemos establecido (en Maipú), podríamos decir que se trata de 55 fraudes de Democracia Viva, 28 fraudes de Vitacura, 20 de Algarrobo y 914 veces lo defraudado por la exalcaldesa Karen Rojo.
Barriga arriesga prisión preventiva, porque se le considera un peligro para la sociedad y por existir riesgo de fuga.
Fuente: biobiochile.cl
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.
