6 de febrero de 2019
A PRISIÓN PREVENTIVA: CHOCÓ EN ESTADO DE EBRIEDAD Y DEJÓ PARAPLÉJICO A SU ACOMPAÑANTE
El Magallánico.- Esta mañana (6 de febrero), en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la Fiscalía formalizó investigación en contra de P.J.F.O., de 26 años, por los delitos de manejo en estado de ebriedad provocando lesiones graves gravísimas y […]
El Magallánico.- Esta mañana (6 de febrero), en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la Fiscalía formalizó investigación en contra de P.J.F.O., de 26 años, por los delitos de manejo en estado de ebriedad provocando lesiones graves gravísimas y leves, con la agravante de no contar con licencia de conductor. Esto, luego que protagonizara un violento choque en la avenida España de Punta Arenas, hecho en que su acompañante resultó con lesiones que le provocaron una paraplejia.
De acuerdo a los antecedentes reunidos, luego que el fin de semana se ampliara la detención del imputado, la fiscal Wendoline Acuña formuló cargos en contra del conductor, afirmando durante la audiencia que el detenido conducía con 1.66 gramos de alcohol por litro de sangre en su sistema, lo que detonó el choque que dejó gravemente herido a su acompañante, A.A.O.V., de 31 años, persona que resultó con dos fracturas vertebrales que lo dejaron parapléjico, según el informe evacuado por el Hospital Clínico.
Cabe recordar que el hecho se registró cerca de las 3:30 horas, cuando el imputado guiaba un vehículo Nissan Xtrail, con el cual, al llegar a calle Fagnano, realizó una maniobra de adelantamiento, colisionando un vehículo, cuya conductora resultó con lesiones leves. Sin embargo, ese primer impacto provocó que el imputado perdiera el control de su móvil, proyectándose sobre el bandejón central de la avenida, hasta chocar contra un árbol, justamente, con el costado del copiloto, donde viajaba la víctima.
Aludió la fiscal Acuña la aplicación de la Ley Emilia, estimando que, de ser condenada esta persona, debería imponérsele al menos un año de prisión efectiva por la gravedad de las lesiones provocadas; pese a que no registra antecedentes penales anteriores.
Pese a la oposición del defensor José Miguel Navarrete, el juez Pablo Miño acogió la solicitud de encierro hecha por el Ministerio Público, y accedió a decretar la prisión preventiva, fijando además un plazo de 90 días para el cierre de investigación.
Autoridades abordaron criterios de postulación, nuevos proyectos habitacionales y apoyo a familias que buscan acceder a subsidios.
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