La iniciativa -que está siendo estudiada por la Comisión de Mujer y Equidad de Género- recibió una treintena de indicaciones y avanza, además, en el ámbito de la salud ginecológica y sexual.

“Estamos estudiando las indicaciones que fortalecen el proyecto de ley”, señalaron la senadora Claudia Pascual y el senador Gustavo Sanhueza, presidente e integrante de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, respectivamente.

Esto, en el marco del estudio en particular del proyecto que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica y que también es conocido como “Ley Adriana”, por uno de los casos que motivó su creación.

La instancia parlamentaria se ha dado a la tarea de escuchar, analizar y perfeccionar el proyecto de ley, el que -tras una serie de audiencias- fue respaldado en general por la instancia especializada. Revise nota relacionada.

Con todo, se está avanzando para erradicar la violencia gineco-obstétrica; además de regular, garantizar y promover los derechos de la mujer o persona gestante, de la persona recién nacida y acompañante significativo. En la misma línea, se busca garantizar estos derechos en torno a la salud ginecológica, sexual y reproductiva.

La senadora Claudia Pascual explicó que se han abordado temas como “el objeto de la ley, los principios en los cuales tienen que orientarse las atenciones de las mujeres en el plano de la salud sexual y reproductiva, en su más amplio espectro, y vamos llegando a las definiciones de violencia gineco-obstétrica, los hechos constitutivos de violencia”.

“Al regreso legislativo -prosiguió- someteremos a votación los otros títulos, vinculados a la vulneración de derechos; capacitación, formación en estas materias. En general, las indicaciones respetan lo más posible la idea matriz de la moción parlamentaria y lo que han buscado es mejorar su redacción para mejor comprensión o para subsanar alguna situación que pudiera generar dudas en la aplicación de la ley”.

Sin embargo, reconoció que se viene un importante debate en torno a la “penalización”, cuestión que ya en el debate en general, tras las audiencias, había quedado en evidencia. “Sobre la penalización del agravante que implica la violencia gineco-obstétrica, va a haber una discusión muy grande, que es independiente de la posición de las senadoras y senadores”, precisó.

En una línea similar, el senador Gustavo Sanhueza destacó el avance y recalcó que éste debe hacerse de la mejor manera, “con empatía” y dignidad de la madre, cuidando aspectos tan sensibles como “la gestación, el preparto, el acompañamiento y la salud de la madre”; lo que se ha reflejado en las indicaciones presentadas por el legislador.

Una de ellas es la que presentó en conjunto con la senadora Paulina Núñez, sobre el marco interpretativo y de aplicación de la ley, proponiendo que se hará en conformidad con los Tratados Internaciones ratificados y vigentes en Chile y, se tendrá especial consideración para ello, el enfoque de derechos humanos. Además, proponen que “Los derechos y deberes contemplados en esta ley serán aplicables a todos los establecimientos de salud públicos o privados, a toda institución en que se preste atención ginecobstétrica, incluyendo aquellos organismos públicos o privados que tengan niñas y mujeres bajo su custodia y/o tutela, y a todo prestador individual”.

“En particular, estas disposiciones serán aplicables al personal de salud que cumpla una función administrativa, asistencial y/o educativa en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. En todo lo no regulado por esta ley, se aplicará supletoriamente la ley N°20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, prosigue.

La instancia retomará las votaciones durante la semana del 5 de marzo. Cabe recordar que, una vez despachado en particular por la Comisión de Mujer y Equidad de Género, el texto será analizado, además, por la Comisión de Salud.