Esta decisión se fundamenta en las siguientes principales razones:

1.- La Propuesta de Nueva Constitución que se pretende aprobar es más de lo mismo, carece de legitimidad jurídica y democrática desde su origen. La clase política, el poder constituido no respetó lo establecido en el plebiscito de entrada, donde el pueblo votó que quería nueva constitución y con un 79 % dijo que esta debía ser redactada por una Convención Constitucional y no una mixta como terminó siendo en los hechos en el actual proceso constitucional.

2.- Esta propuesta es peor que la actual constitución. Pretende legitimar el estado neoliberal incorporando al texto la subsidariedad (cuestión que ni Pinochet ni Jaime Guzmán se atrevieron a hacer), para seguir favoreciendo la iniciativa privada en todos los ámbitos, relegando al estado a un rol secundario como ha sucedido desde la dictadura.

3.- Es una propuesta conservadora, no es representativa de toda la sociedad y todos los sectores, es la propuesta de la elite, de la derecha política y económica, que han cerrado filas para mantener su poder, sus intereses, sus negocios y seguir abusando como lo han hecho  por décadas. Más que un texto constitucional es el programa de gobierno de Republicanos y toda la derecha. Como dijo el propio JA Kast: permitirá a republicanos “entrar por un camino pavimentado” al gobierno en 2 años más.

3.- El estado social y democrático de derecho en este texto es letra muerta. Este concepto que adquirió legitimidad a partir de las grandes movilizaciones del 2019, se incorpora pero carece de  fuerza y efectividad al no proveerse los medios y los recursos para su implementación.

4.- Esta propuesta es un retroceso en derechos sociales fundamentales. Estos  seguirán siendo el gran negocio privado de los grandes grupos económicos y financieros, los cuales continuarán lucrando y abusando, con la seguridad social y las pensiones, con la salud, al constitucionalizar las AFP y las Isapres. Lo mismo sucede con  la educación privada y con  la vivienda.

Es un retroceso en derechos de los trabajadores. Se coarta y limita el derecho a la negociación colectiva y a la huelga, los cuales solo podrán ser ejercidos por  los trabajadores sindicalizados, que son apenas el 9 % en el país.

5.-  Esta propuesta de la derecha constitucionaliza el negocio de las AFP impuesto en dictadura. Como lo señaló su creador José Piñera: “Los principios esenciales del sistema de capitalización ingresan ahora a la constitución”. Es decir, se mantiene el abuso de un sistema que entrega pensiones miserables y que se creó, para con el ahorro de los trabajadores,  favorecer el desarrollo del mercado de capitales en beneficio de los dueños  de AFP, compañías de seguros y grupos económicos y financieros.

6.- La propuesta de texto no garantiza el derecho a la seguridad social. Solo garantiza “el acceso a prestaciones, las que se otorgarán a través de instituciones públicas y privadas”. Al igual que en la actual constitución, al incorporan el concepto de “privadas” arrebata al estado su responsabilidad y seguirá permitiendo y facilitando el negocio de las AFP. Establece leyes de cuórum calificado para impedir cualquier cambio que se quiera hacer en beneficio de los y las  trabajadores/as.

7.- Finalmente al llamar a votar en contra no significa avalar la actual constitución creada en dictadura. No bajaremos los brazos hasta terminar con ella, con las AFP y conseguir pensiones dignas y un nuevo sistema de seguridad social.

El pueblo deberá recuperar su capacidad organizativa, su unidad y transformar la rabia y el descontento en  movilización social, para en un nuevo tiempo retomar el camino de un verdadero proceso constituyente que haga efectiva la demanda de Asamblea Constituyente y Nueva Constitución, que consagre los derechos sociales, políticos y económicos de toda la sociedad.

Todos y todas a votar EN CONTRA.