Auditorías obligatorias por parte de la Contraloría General de la República para los municipios y gobiernos regionales fueron las propuestas de expertos y autoridades para aumentar los estándares de probidad en los diferentes niveles del Estado.

En la línea de aumentar la probidad en los distintos niveles del Estado fueron las declaraciones de Transparencia Internacional y la Asociación Chilena de Municipalidades.

Los dichos de los representantes de estos gremios van en la línea de las propuestas hechas por gobiernos anteriores en esta materia y que buscan establecer mayores estándares de probidad en las diferentes reparticiones del Estado.

Cabe recordar que siguen las investigaciones por el Caso Fundaciones, que mantienen a 32 fundaciones y 11 regiones en la mira de la Fiscalía tras el anuncio de Contraloría que avistó que 29 de los 34 convenios analizados no cumplían con los estándares legales, los cuales fueron declarados ilegales por el ente contralor y que involucran una suma total de $13 mil millones de recursos públicos.

En adición, la acotación de los criterios de fiscalización a las instituciones públicas, establecidos en junio de 2022 por el Consejo de Auditoría de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, levantó dudas de cómo aumentar la probidad en el Estado.

Consultado al respecto, el abogado y miembro de Transparencia Internacional, Alberto Precht, sostuvo que ya existen propuestas para aumentar la probidad impulsadas por distintas administraciones desde 1994.

¿Cuáles serían estas propuestas? La Comisión Nacional de Ética Pública sobre la Probidad Pública y la Prevención de la Corrupción, creada en el Gobierno de el exmandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle, propone que los principios de probidad y transparencia estén plasmados en la constitución, como un primer paso para establecer una política nacional de ética pública.

En cuanto al aumento de la probidad en los municipios y Gobiernos Regionales, el Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, creado en el 2015 por la expresidenta, Michelle Bachelet, establece una serie de propuestas, como asegurar la existencia de una Unidad de Control en todos los municipios; establecer auditorías obligatorias por parte de la Contraloría General de la República de las compras, adquisiciones y licitaciones que sobrepasen cierto umbral.

A ello, se suma facultar a la Fiscalía Nacional Económica para la revisión de licitaciones, además de mejorar la regulación de mecanismos de transferencias y fiscalización de los gastos, incluyendo a aquellos organismos creados por los municipios.

En esta misma línea fueron las declaraciones de la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, quien también cree que se deberían establecer auditorías de los municipios con la Contraloría General de la República.

Recordemos que el ente fiscalizador confirmó que las actuales autoridades del gobierno del Presidente de la República, Gabriel Boric, no han realizado un curso básico de administración pública y probidad, esto en medio del escándalo por el Caso Fundaciones.

Fuente: biobiochile.cl