14 de noviembre de 2018
“NUESTROS ADULTOS Y ADULTAS MAYORES MERECEN UNA ATENCIÓN PREFERENCIAL EN LOS RECINTOS ASISTENCIALES DEL PAÍS”
Que toda mujeres y hombres mayores de 60 años, como también toda persona en situación de discapacidad, deberán tener derecho a ser atendido y atendida preferente y oportunamente en su atención ante cualquier tipo de prestador de acciones de salud, […]
Que toda mujeres y hombres mayores de 60 años, como también toda persona en situación de discapacidad, deberán tener derecho a ser atendido y atendida preferente y oportunamente en su atención ante cualquier tipo de prestador de acciones de salud, sea público o privado con el fin de facilitar su acceso, es lo que busca el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Salud del Senado, durante la jornada del martes.
Para la senadora magallánica Carolina Goic, este proyecto es un acto de justica en favor de nuestras y nuestros adultos mayores que necesitan una atención preferencial que debe reflejarse al momento de su ingreso a un reciento de salud, y tener prioridad en ser derivado a un médico o profesional de salud, a un especialista, a una interconsulta.
“Queremos darles facilidades a nuestras y nuestros adultos mayores en los servicios de salud pública y privada, al momento de solicitud de medicamentos; en la obtención de receta médica; en la obtención de número para retiro de medicamentos en la farmacia; en exámenes o procedimientos médicos más complejos, entre otros”, explicó la senadora Goic.
Concluyó La parlamentaria agregó que la atención preferencial, en nuestro país, depende de la voluntad de las instituciones y de sus políticas internas, y que por lo tanto se requiere de una legislación que obligue a dar atención preferente en determinadas situaciones, pues no existe norma legal ni reglamentaria que establezca obligaciones en esta materia, ni para adultos mayores ni para personas en situación de discapacidad.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
